La ‘vía de la muerte’ y su truncado proceso por ser una Autopista de Cuarta Generación (4G), está en veremos desde hace cuatro años y el último salvavidas está ad portas de caducar; comprende 456,2 kilómetros entre Huila, Cauca y Putumayo de la ruta nacional 45.
Resta tan solo una semana para que finalice el mes de agosto y aún no se lleva a cabo la cesión del contrato del proyecto vial Autopista 4G Neiva-Santana-Mocoa, que permitiría la reactivación de las obras paralizadas desde hace cuatro años y cuyo avance no supera el 5%.
El proyecto es desarrollado por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que desde enero del presente año ha reiterado que, de lograr un acuerdo, el proceso de cesión debe surtirse antes de finalizar el presente mes. Los mismos anuncios que no se cumplieron también los realizó durante los años 2018 y 2019.
La ANI lo ejecuta a través del Concesionario Aliadas para el Progreso S.A.S desde el 18 de agosto de 2015 cuando se firmó el contrato, el acta de inicio de construcción data del 21 de septiembre de 2016, pero el concesionario nunca cumplió lo allí pactado.
Salvavidas
Luego de años en estudio la mejor salida fue ceder el contrato mediante una oferta vinculante; o en su defecto se deberá continuar con el proceso de caducidad. La segunda opción es en caso de que “los interesados no cumplan con los requisitos habilitantes y/o no se apruebe el Plan Remedial por parte de la entidad”, indicó la ANI.
Desde julio se lleva a cabo la fase 1 “Periodo Inicial” del Plan Remedial del proyecto, este contempla la atención prioritaria a la remoción de derrumbes, bacheo, mantenimiento rutinario mayor y menor, rocería, realización de diseños para la atención de sitios críticos y para el desarrollo de actividades que garanticen la prestación del servicio y transitabilidad por esta zona del país.
Fueron priorizados 44 puntos críticos, ubicados a lo largo del de todo el corredor, y en 13 de estos debían comenzar operaciones de manera inmediata, informó la ANI en los últimos días de mayo.
Durante todo el incumplimiento de Aliadas la principal vía desde y hacia el surcolombiano no recibió ningún tipo de intervención, provocando así perjuicios en la competitividad y desarrollo de los tres departamentos que hacen parte del proyecto; Huila, Cauca y Putumayo.
El registro de varias pérdidas humanas e incalculables repercusiones económicas están grabadas en la memoria de quienes transitan por la ruta 45, la misma vía por la que en abril del 2018 los 12 diputados del Huila se encadenaron en la Plaza de Bolívar pidiendo soluciones.
La fase 2 del Plan comprende la cesión del contrato a la firma china CCA, luego las obras de la 4G podrían reactivarse: este es el proceso que estaba previsto a desarrollarse antes de finalizar agosto.
El Plan, en veremos
Durante estos meses el avance ha sido lento en parte por la coyuntura de la pandemia, sin embargo existen líos jurídicos que aún no se han resuelto y que ponen en peligro la urgida reactivación.
Por eso el representante por el Huila, Julio César Triana, asegura que “en la vida uno puede tener muchas desgracias, una de estas es un mal vecino, otra un mal inquilino, y en lo público una desgracia es un mal contratista y eso fue lo que le correspondió al departamento con el Concesionario de la vía Neiva-Santana-Mocoa”.
“Este departamento, y Caquetá y Putumayo, han visto cómo Aliadas Para el Progreso no solamente se ha burlado de la necesidad de un mantenimiento de nuestra vía, sino que también ha incumplido en todos los compromisos que adquirió”, agregó.
El Representante aseguró que a la fecha solo tres de los 23 puntos críticos que se comprometió a intervenir Aliadas se han ejecutado, la información la conoció directamente desde la ANI mediante un derecho de petición. En 20 puntos solo se han realizado estudios y levantamientos de topografía, agregó.
En esa misma línea, el Secretario de Vías e Infraestructura del Huila, Germán Ortega agregó que según su monitoreo las obras van a destiempo en todas partes. “La semana pasada estuve en el Cauca, yo entrego un reporte semanal, y el martes pasado informé que iba muy lento el proceso también en el Putumayo y peor en el Huila”.
“He estado acosando a la ANI y enviando fotos mostrando el estado real de las intervenciones, porque comenzaron bien el tramo Pitalito- San Agustín, pero en este momento ya no hay nada. La fecha límite para el Plan Remedial es el 31 de agosto, pero va muy lento”. Adicionalmente señaló que tras reunirse con el Ministerio de Vías le indicaron que aún se requiere de una licencia.
Extraoficialmente LA NACIÓN también conoció que la cesión del contrato a la firma CCA se daría en noviembre, lo cual permitiría ampliar el plazo de la inversión de los puntos críticos. Así, las obras de la 4G arrancarían realmente en los primeros meses del año 2021.
En su último pronunciamiento sobre el tema la ANI aseguró que “estamos cumpliendo con los compromisos que adquirimos con las autoridades del Huila y Putumayo. Durante nuestro recorrido e inspección al corredor, encontramos que en algunos lugares hemos avanzado más que en otros, esto debido a las condiciones climáticas”, explicó el Presidente de la ANI, Manuel Gutiérrez.
Mañana lunes o el martes la Gobernación del Huila conocerá desde la ANI qué pasará con la cesión, pero se asegura que ya no será en este mes. La preocupación se hace más latente porque ya inició el segundo periodo de lluvias del año y porque esta conexión vial es clave para lograr una reactivación económica.
¿Qué acciones emprenderán los dirigentes políticos del Huila?
Julio césar Triana, representante a la Cámara
Nuestra solicitud respetuosa al Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura, en lo concerniente a la Ruta 45, consiste en dos elementos centrales: primero, se garantice que la Fase 1 del Plan Remedial que Aliadas para el Progreso S.A.S. tiene en marcha, y pretende atender los puntos críticos del corredor vial, se culmine satisfactoriamente el 30 de agosto y se permita mejorar el tránsito vehicular.
Y como segunda cuestión, consideramos necesario que la ANI avance de manera urgente en viabilizar la Fase 2 del Plan Remedial en el mes de septiembre, la cual tiene como finalidad, dar continuidad a la ejecución del Contrato a través de la cesión del mismo, y así poder reiniciar la Fase de Construcción del proyecto vial.
Jorge Andrés Géchem Artunduaga, diputado
Como diputado y Asamblea Departamental defenderemos siempre los intereses y derechos de los huilenses, por eso le hacemos un llamado respetuoso pero vehemente al Gobierno Nacional para concretar sin más largas la cesión del contrato y el reinicio de las obras pertinentes, como única solución a esta problemática que ya no aguanta ni una excusa más.
Es lamentable que se sigan dando largas a una decisión definitiva para este estratégico proyecto 4G. Es una burla con el Huila y el Surcolombiano lo que ha sucedido con la ruta 45, la cual es esencial para nuestro País.
Esta Asamblea ha estado muy vigilante de este proyecto, hicimos un debate en el mes de febrero puntualmente sobre la Ruta 45, hemos hecho seguimiento y pronunciamientos permanentes sobre la solución definitiva que seguimos esperando y con la cual somos vehementes, con el fin de que entienda el gobierno nacional, que la solución, que es la nueva concesionaria, debe ser inmediata.
Alex Vargas, diputado
Se debe abrir un nuevo debate y es lo relacionado con que no tendría que darle miedo ni a la clase política ni la sociedad del departamento que la ANI les caduque el contrato y que adjudique una nueva firma.
Hago un llamado a la clase dirigencia del Huila, y creo que desde la Asamblea Departamental, tenemos que comenzar a sugerir y a pensar en acciones judiciales que obliguen al Gobierno Nacional a que se le dé inicio a la obra más importante que tiene el surcolombiano como lo es la vía Neiva-Pitalito-Santana- Mocoa, ha de ser seguramente un agente judicial quien deba tomar una decisión exigiéndole a la Agencia Nacional de Infraestructura que termine el contrato o se ceda.
Hay una dilatación jurídica para evitar caducar el contrato y evitar también que pecuniariamente se le abra un hueco gigante al concesionario Aliadas, porque este tendría que devolverle más de $135.000 millones al Estado colombiano por el incumplimiento.