Mientras la Policía y la Anla continúan los trámites que le permitirían al Gobierno hacer fumigaciones aéreas con glifosato, diferentes colectivos sociales e indígenas adelantan campaña para no legitimar los espacios propuestos.
ste jueves se realizará la segunda reunión informativa, previa a la audiencia pública que la Policía Nacional le solicitó realizar a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), para modificar el Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG).
La actividad cobijará los núcleos 3 y 6, es decir, 43 municipios de los departamentos de Nariño, Cauca, Chocó y Valle del Cauca. A las 8:00 de la mañana comenzará el evento que será transmitido por el lapso de tres horas por el Canal 13 (hasta las 11:00 de la mañana), así como vía streaming a través de Facebook y YouTube de la Policía, hasta las 5:00 de la tarde.
De igual manera, se transmitirá por más de 40 emisoras radiales y se desarrollarán dos espacios presenciales en los municipios de El Peñol (Nariño) y Guapí (Cauca) en donde serán instaladas pantallas gigantes con la transmisión streaming y se pondrá a disposición un teléfono móvil para que los participantes se puedan comunicar con la mesa principal.
De esta manera, el Gobierno nacional sigue en curso en su intención de retomar las fumigaciones aéreas con glifosato como estrategia para combatir los cultivos de uso ilícito, luego de que la Anla decidiera levantar la suspensión de la celebración de una audiencia pública virtual que le había ordenado detener en segunda instancia el Tribunal Administrativo de Nariñoel pasado 10 de julio.
La decisión de la Anla se basó en la petición hecha por la Policía Nacional de adelantar la audiencia al contar, al parecer, con todas las condiciones requeridas, tanto en el fallo como por la ley, para garantizar la participación ciudadana.
La autoridad ambiental procedió entonces, «dando plena observancia a lo dispuesto en la providencia judicial de segunda instancia», a convocar, mediante un edicto del 24 de julio, nuevamente a la audiencia pública ambiental para el 1 de septiembre de 2020, a partir de las 8:00 de la mañana.
Previo a esta se llevarían a cabo tres reuniones informativas. El pasado martes 11 de agosto se llevó a cabo la primera en los núcleos 1 y 2, correspondientes a 26 municipios de Guaviare, Meta, Vichada, Putumayo y Caquetá, bajo la misma metodología con la que se realizará hoy la segunda.
Según la Anla, de este primer espacio de diálogo se produjeron 23.458 reproducciones en Facebook, YouTube y Twitter de la Policía y la Anla, mientras que la transmisión en vivo tuvo un promedio 1.146 espectadores a la vez. Además de Canal 13 (cuatro horas), la reunión se emitió en 22 emisoras de Guaviare, Meta, Vichada, Caquetá y Putumayo, por un lapso de siete horas.
Desde la autoridad ambiental también señalaron que se adelantaron cuatro espacios presenciales en La Macarena, Cumaribo, Morelia y Villagarzón, del que aún no hay cifras de asistencia.
La tercera y última reunión se desarrollará el sábado 15 de agosto para los núcleos 4 y 5, es decir, 35 municipios de Antioquia, Santander, Bolívar, Córdoba y Norte de Santander.
Hay inconformismo
La decisión tomada por la Anla de levantar la suspensión de la audiencia pública y dar el aval a la Policía para continuar con el trámite tomó por sorpresa a los diferentes sectores sociales y ambientales que se oponen a la reanudación las aspersiones con este herbicida y que aspiraban a que con el fallo del Tribunal Administrativo de Nariño el proceso se detuviera, por lo menos, hasta el término de la pandemia del coronavirus.
Aseguran que la participación real y efectiva de las comunidades, especialmente las que viven en zonas rurales de los 104 municipios, de 14 departamentos que se verán directamente impactadas por la fumigación, no está garantizada al no contar con acceso a interntet ni señal de radio y televisión.
«Esta sentencia se dio para proteger el derecho a la consulta previa para indígenas y afrodescendientes, así como el derecho a la participación de las poblaciones campesinas y comunidades foco del programa de erradicación mediante aspersión aérea con glifosato. La Anla ha querido sustituir la audiencia ambiental con mecanismos virtuales, desconociendo los problemas de conectividad y extrema vulnerabilidad por la pandemia que impiden a las comunidades una participación masiva, real y efectiva para decidir sobre los asuntos que atañen a sus territorios», indicaron desde Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI).
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) señaló, por su parte, que los únicos cambios sustanciales incorporados al proceso que había suspendido inicialmente un juez de Pasto (primera instancia), consistieron en transmitir la audiencia por televisión por un lapso de solo tres horas y adelantar espacios presenciales en 11 municipios que solo tendrían el aforo del 35 pr ciento de la capacidad total del recinto.
Para esa firma, es inconcebible que la Anlainsista en la realización de la audiencia sin acatar primero las órdenes de las sentencias de tutela, «lo cual constituye desacato».
Por esa razón, no solo le solicitaron a la Anla suspender nuevamente estas jornadas, también hicieron un llamado a las comunidades y las organizaciones sociales a no participar en las reuniones previas. De esta manera, propenden por deslegitimar el proceso.
«No vale la pena legitimar esos espacios que mediante argucias jurídicas desconoce las órdenes del juez y del Tribunal Administrativo de Nariño, tras un fallo de tutela que ordenó la protección de derechos a participación, información, consulta previa y debido proceso», expresó Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos.
Entre tanto, Cajar, con el respaldo de Dejusticia, Elementa y Viso Mutop, optaron por acudir de nuevo al tribunal para requerir que ordene a la Anla el cumplimiento de sus órdenes.
Sin embargo, mientras el Tribunal toma una decisión,el camino hacia la audiencia pública virtual seguirá en tramite.