Indígenas y activistas celebran suspensión de audiencia virtual sobre glifosato

Google
 La aspersión aérea con glifosato podría generar graves daños no solo al medioambiente, sino a la salud de las personas que se expongan a ese químico, según varios estudios. Foto: archivo/Semana.

Semana

Piden soluciones concertadas y acordes con la realidad de las comunidades y planes con enfoque social y de salud. Temen por aspersión terrestre.

Las aspersiones aéreas con glifosato se quedaron sin aire, por ahora. Un fallo del Tribunal Administrativo de Nariño en segunda instancia a una acción de tutela aterrizó esta iniciativa. La reanudación de este sistema para combatir los cultivos de uso ilícito es poco probable por lo menos este año. 

En la sentencia el tribunal determinó que, si no consulta directamente a las comunidades indígenas y afrodescendientes, el Gobierno no podrá ejecutar su plan de licenciamiento ambiental para retomar las aspersiones áreas.

Publimayo

Ordenó, por tal razón, suspender la audiencia pública virtual que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) había programado, luego de la solicitud que le hiciera la Policía Nacional para dar trámite a la modificación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), “hasta tanto se brinden garantías reales y efectivas de participación para la comunidad en general”, indica el fallo.

La decisión judicial acogió una impugnación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI), en conjunto con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Asociación de Cabildos Indígenas del Municipio de Villagarzón (Putumayo), ACIMVIP, y otras organizaciones sociales, y amplió la decisión proferida por el Juzgado Segundo Administrativo de Pasto, en la sentencia de primera instancia.

El Gobierno nacional había optado por realizar este tipo de audiencias dada la dificultad para efectuarlas de manera presencial por cuenta de las medidas decretadas para prevenir el contagio del coronavirus.

Para tal fin, en este caso, fueron adelantadas tres reuniones informativas previas a la audiencia los días 7, 9 y 11 de mayo, en las que, según la Anla,se atendieron 574 inquietudes de la ciudadanía a través de una línea gratuita nacional.Adicionalmente, se informó que durante las tres jornadas se invirtieron más de 27 horas de transmisión, a través de 76 emisoras de radio en los municipios de las zonas de influencia del PECIG. 

La Anla y la Policía Nacional realizaron tres reuninones informativas previas a la audiencia pública. Foto: Anla. 

Por esas mismas cadenas radiales se emitiría la audiencia pública, así como por las redes sociales y vía streaming en las cuentas de Facebook y YouTube de la Policía Nacional y de la Anla. Además, se contaría con interpretación de lengua de señas. 

No obstante, para el tribunal, los medios usados hasta ahora por la Anla para este procedimiento no satisfacían de manera efectiva el derecho a la participación, a la consulta previa y al debido proceso.

Situación que desde hacía un tiempo la Procuraduría General de la Nación venía evidenciando, por lo que había solicitado, igualmente, suspender temporalmente las audiencias públicas virtuales aduciendo que las condiciones actuales de conectividad en el país, pero en especial en el sector rural, continuaban siendo muy precarias.

Esto se observa con mayor impacto en las zonas donde se pretende volver a asperjar con glifosato, es decir, en los campos de municipios como Calamar, El Retorno, Miraflores (Guaviare), La Macarena, Mapiripán, Puerto Concordia, Vista Hermosa (Meta), El Doncello, Albania, El Paujil, San Vicente del Caguán, Valparaíso (Caquetá), Villagarzón (Putumayo), Barbacoas, Cumbitara, El Tambo (Nariño), Argelia, Mercaderes, Cajibío, Balboa (Nariño), Condoto, Bajo, Medio y Alto Baudó, Novita (Chocó), entre otras poblaciones, donde el acceso a internet y la señal de radio es deficiente, y donde muchos hogares ni siquiera tienen acceso al servicio de energía.

La determinación judicial indica, del mismo modo, que la Anla y la Policía deben rehacer el procedimiento en lo que respecta a la fase 1, es decir, las audiencias informativas y previo a ello, establecer medios alternativos eficaces para la divulgación de los estudios técnicos.

Pequeña victoria

El fallo fue bien recibido por parte de organizaciones indígenas y campesinas, así como por movimientos ambientalistas. Sin embargo, advirtieron que esta era solo una pequeña victoria y que aún restaba mucho para «ganar la guerra». 

“El Estado debe garantizar que todos los posibles afectados por las aspersiones aéreas con glifosato puedan ejercer su derecho de intervención para manifestar las afectaciones que pueden sufrir. Además, buscar las medidas que prevengan sus daños en su salud, en la vida y en las fuentes hídricas”, comentó Jennifer Mojica, coordinadora del equipo jurídico de la CNTI.

La abogada aseguró que, aunque esta era una sentencia que ya estaba en firme y era de obligatorio cumplimiento, “no obstante, por la importancia de este tema, eventualmente la Corte Constitucional, por petición del Gobierno, podía seleccionar esta tutela para su revisión», aseguró Mojica, quien agregó que «nosotros suponemos que así va a hacer porque tenemos medio Estado que se opone a que no retornen las fumigaciones”, apuntó Mojica.

La jurista afirmó que había que estar ahora muy atentos para que en la Corte la discusión se dé con enfoque de derechos humanos y no a partir de los intereses económicos y políticos que hay detrás y que van en contra de los derechos de las comunidades.

El Presidente de Indepaz advirtió sobre un incremento de la aspersión terrestre con glifosato por parte del Gobierno, ante el revés jurídico ocurrido. Foto: Mauricio Orjuela/Ministerio de Defensa.

Camilo González Posso, presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), sostuvo, entre tanto, que era improcedente hacer audiencias virtuales cuando muy poco porcentaje de la población rural tenía acceso a Internet, razón por la cual lo ideal era esperar a la pospandemia.  

Para González este fallo podría beneficiar a las comunidades, siempre y cuando el Gobierno le diera prioridad a la sustitución concertada como quedó establecida en el Acuerdo de Paz con las Farc, a través de planes integrales en los territorios, enfoque social y de salud y “no con de guerra y químicos”.   

Sin embargo, advirtió que desde ya se está anunciando que, ante el revés jurídico ocurrido, se va a comenzar a adelantar la aspersión terrestre con glifosato. “En este caso no se conocen tampoco los planes de manejo sobre esto, lo que quiere decir que el Gobierno está en rayando en la ilegalidad. Está buscando hacerles el quite a las disposiciones legales y quiere darle prioridad a la erradicación forzada, a partir acciones militares desaforadas en medio de la pandemia”, expresó.

Subrayó que el Gobierno debería más bien acoger el pronunciamiento de la Corte y del tribunal.

Las recomendaciones que han dado varias entidades internacionales se basan en una solución más barata, efectiva, y que la gente la quiere.  Hay más de 200.000 campesinos que han firmado documentos diciendo que están listos para generar los planes de sustitución de todo tipo de cultivos ilícitos, pero el Gobierno no hace caso, se deja llevar por la presión internacional, sobre todo de Estados Unidos, para cumplir con la meta de 130.000 hectáreas erradicadas este año”, resaltó González.

Retomar la aspersión aérea con glifosato es la estrategia a la que le apuesta el Gobierno para disminuir los cultivos de uso ilícito. Foto: archivo/ Semana.

Camilo Niño, líder indígena del pueblo Arhuaco y secretario técnico indígena de la CNTI, afirmó, por su parte, que la virtualidad no garantizaba la conectividad porque rompía las formas propias organizativas y autónomas en la toma de decisiones y ejercicio del gobierno propio.

Añadió que la sentencia negaba las peticiones que habían venido planteado varias instituciones del Estado y la ANDI, que consideraban que el proceso de licencia ambiental de las fumigaciones aéreas no requería de consulta previa. “La sentencia les está diciendo que sí es necesaria y exige la participación con garantías en el proceso de licenciamiento ambiental”, remarcó.

Indígenas alzan la voz 

Jairo Guerrero, líder indígena de la comunidad Quillacinga en Nariño, sostuvo que la decisión adoptada por el tribunal era positiva porque entidades como la Anla y el Ministerio del Interior muchas veces adelantaban proyectos sin la consulta previa, el debido proceso y la transparencia en la información que se debería dar.

“Las comunidades indígenas requerimos una consulta previa física, no virtual, porque, de lo contrario, se iría en contra de la misma normatividad que indica que se debe hacer mediante procedimientos apropiados a las comunidades y a través de sustituciones representativas”, expresó.

Señaló que solo el 10 por ciento de la población rural tiene acceso a Internet en Nariño y que las demás comunidades que se encontraban, por ejemplo, más alejadas en los resguardos, no contaban con este servicio, por lo que su participación sería vulnerada. 

Manifestó que en las zonas donde se pretenden realizar las fumigaciones aéreas en ese departamento, son precisamente las que peor condición de conectividad tienen.  

“Quieren que nos adaptemos a unos sistemas que son diferentes a los nuestros, por eso nos parece tan importante este fallo, en el sentido de que, si miramos detalladamente, hay 104 municipios, de 14 departamentos, en donde se van a hacer las fumigaciones, en los que el acceso a Internet es precario. Esta es entonces una luz de esperanza para todos”, aseveró.

La fumigación aérea con glifosato se encuentra prohibida en Colombia desde 2015 por la Corte Constitucional. Foto: archivo/Semana.   

A Gutiérrez no deja de parecerle extraño el hecho de que el Ministerio del interior, a través de su Dirección de Consulta Previa, haya expedido una resolución diciendo que se podía continuar con estos procesos debido a que no existían comunidades afro ni indígenas en el territorio a asperjar, “situación que demuestra una total desvinculación de la realidad. Eso es muy grave”, declaró.

Para él es indispensable conocer bien el proyecto, así como los impactos que generará y las formas en que se podrían llegar compensar y mitigar esas afectaciones, para así poder tener claridad. “Se necesita información transparente y veraz para poder tomar decisiones acertadas”, apuntó.

Explicó que territorios indígenas de pueblos como los Awá y los Pasto han sido colonizados por invasores no solo para cultivar coca, sino plantaciones de palma africana en grandes extensiones.

“Luego del proceso de paz el Gobierno no fue capaz de copar esos espacios que venían ocupando las Farc y ahora aparecieron toda una serie de grupos vinculados al narcotráfico que obligan a los pueblos a dejar tener allí sus cultivos y las autoridades indígenas que en un momento se oponen y dicen que en su tierra quieren adelantar la sustitución de cultivos con otros proyectos productivos, son señaladas e inmediatamente asesinadas. Ya se ha vuelto constante”, recalcó.

Por eso para él no es tan fácil que, a través de una hoja y detrás de un escritorio, se ordene erradicar, «teniendo en cuenta que existen una serie de actores armados que regulan y manejan todo a nivel social en las comunidades, hacen el control y son los que están abanderan los procesos de siembra», mencionó. 

La aspersión aérea con glifosato se adelantaría en 104 municipios, de 14 departamentos del país. Foto: archivo/Semana. 

Desde el año 2017, la Corte Constitucional ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes no reanudar el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG), hasta tanto no se hiciera una evaluación continua del riesgo en un proceso participativo y técnicamente fundado, que contara con garantías reforzadas de participación, donde existiera un diálogo genuino entre las autoridades públicas y las comunidades afectadas, con posibilidades reales de incidir en las decisiones que se adoptaran. 

Por ahora, solo resta esperar qué hará el Gobierno nacional frente a este revés jurídico que pone un freno temporal a las fumigaciones aéreas con glifosato, al igual que las reacciones frente a los impactos medioambientales y a la salud pública que, sin duda, se irán uniendo al debate paulatinamente y se constituirán en más palos en la rueda para esta iniciativa gubernamental. 

Google