La FLIP rechaza las intimidaciones contra Alejandra Herrera, periodista de RCN Radio en Neiva, quien denunció la violencia sexual contra una menor de edad en Putumayo. La Fundación les solicita a las autoridades que garanticen la seguridad de la reportera e investiguen a los responsables de estas amenazas.
El pasado 7 de julio la reportera publicó a través de su cuenta de Facebook información sobre una menor que habría sido víctima de violencia sexual y posteriormente habría sido asesinada. La denuncia de Herrera aportaba información distinta a la que habían entregado las autoridades, quienes señalaban que la niña se había suicidado dos días antes en Puerto Guzmán, Putumayo.
Luego de publicar la denuncia, la reportera recibió una llamada por parte de un oficial de la Policía Nacional, quien le advirtió con un tono intimidante que era de público conocimiento que la niña no se había suicidado, pero que Herrera debía eliminar la publicación para evitar problemas. Ese mismo día, la mamá de la menor le envió una nota de voz a la periodista en la que la recriminó por la publicación y la amenazó: “si usted estuviera aquí en este momento yo creo que le metería su par de puños para que aprendiera a ser seria”.
La FLIP expresa su preocupación por estos hechos y le solicita a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que inicie la evaluación de riesgo de la periodista con el fin de implementar las medidas de seguridad adecuadas para proteger su vida y su integridad. Adicionalmente, la Fundación le solicita a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables y llevarlos ante la justicia.
Las sanciones judiciales son un precedente importante que contribuye a disuadir la ocurrencia de nuevas violencias contra la prensa. Sobre esto, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho: “para prevenir la violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación es indispensable que el ordenamiento jurídico sancione estas conductas de manera proporcional al daño cometido”.