Buenos Aires (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Ituango (Antioquia) y Mesetas (Meta) son las cuatro zonas donde la Jurisdicción Especial para la Paz evaluará si debe emitir una medida cautelar que frene el accionar de los armados que están cercando estos espacios donde la exguerrilla hace tránsito a la vida civil.
De Buenos Aires (Cauca), Puerto Asís (Putumayo), Ituango (Antioquia) y Mesetas (Meta) han salido desplazados en los últimos meses decenas de excombatientes por razones de seguridad. No es para menos, en estos cuatro municipios, ubicados en el sur, norte y oriente de Colombia, han sido asesinados, desde la firma del Acuerdo de Paz, 24 exguerrilleros de las Farc de los 199 que registra e investiga la Fiscalía General de la Nación. De acuerdo con los datos de la entidad, en Buenos Aires se presentó un homicidio, en Ituango, 12; en Mesetas, 3, y en Puerto Asís, 8. Igualmente, en estos municipios los grupos ilegales cada vez se acercan más a las zonas donde las Farc hacen su reincorporación a la vida civil, al punto que en Puerto Asís dos de ellos fueron asesinados a tan solo dos kilómetros del espacio que está a 12 kilómetros de la frontera con Ecuador.
La situación es tan delicada, que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estudia la posibilidad de emitir medidas cautelares para los excombatientes que están en riesgo. El objetivo es recaudar información detallada sobre el panorama del conflicto en estas zonas, donde los exguerrilleros hacen su reincorporación a la vida civil, y escuchar las propuestas de protección colectiva para mitigar esta situación. Las historias de estos cuatro espacios son el reflejo de lo que ha sucedido con los 216 exguerrilleros asesinados, según el partido FARC.
La Elvira (Buenos Aires, Cauca)
En el antiguo espacio de reincorporación, en donde se concentraron 140 exguerrilleros de las Farc, hoy solo se quedaron 43 y sus familias. La razón: las amenazas constantes que rodean al espacio, ubicado en la puerta de entrada a la región del Naya, en el norte del Cauca. El riesgo es tan grave, que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) sacó a sus funcionarios del territorio y ni los escoltas de los exguerrilleros ni la Misión de la ONU pueden entrar a la zona por el peligro de las amenazas, dijo Mario Rodríguez, coordinador del espacio de reincorporación y miembro del proyecto “Café sabor la esperanza” que existe en la zona.
En diciembre de 2019 asesinaron al excombatiente y también socio del proyecto, Manuel Santos Yatacué, mientras caminaba cerca del espacio en Buenos Aires junto con su esposa. Dos días después como una forma de instaurar el terror, dice Rodríguez, el vehículo del difunto fue incinerado frente a la casa de sus familiares. Desde entonces, no hay tranquilidad en la zona porque las amenazas contra los líderes exguerrilleros no cesan y cerca de cien de ellos tuvieron que salir del territorio. En ese mismo municipio, denuncia Rodríguez, entre el 20 y 22 de abril pasado, fueron asesinados los líderes sociales Mario Chilhueso y Hugo de Jesús Giraldo, ambos integrantes del movimiento social Marcha Patriótica.
En cuanto a la Fuerza Pública, ese espacio está custodiado por el Batallón de Operaciones Terrestres Nº 13 y la Unidad Básica de Carabineros. Sin embargo, dice Rodríguez, “es difícil creer que los actores armados se muevan por las vías principales de la región sin que nadie les haga un control”, agrega el exguerrillero. Frente a quiénes podrían ser los responsables de las amenazas, Rodríguez aseguró: “Se trata de un complot entre grupos neoparamilitares y narcotraficantes que mal se hacen llamar disidentes del Acuerdo de Paz, pues nuestro balance a nivel de esta zona arroja que ni siquiera el 5 % de los excombatientes se han ido a engrosar esos grupos”.
Mesetas (Meta)
En Mesetas, en octubre del año pasado, se registró el primer asesinato de un exguerrillero dentro de un espacio de reincorporación. Hombres armados y encapuchados se volaron los anillos de seguridad de la Fuerza Pública, entraron al espacio de reincorporación y mataron al líder de esa zona, Alexánder Parra.
Por este hecho, la Fiscalía anunció esta semana que judicializó a José Alfredo Agudelo Muñoz, conocido como Rambo, quien sería el autor intelectual del asesinato de Parra. Yerminson Noreña, conocido como Irson Córdova, del concejo político de ese espacio, advirtió que aún no hay información contundente que pruebe la hipótesis de la Fiscalía. Varios de sus compañeros acusados llevan siete meses detenidos. Mientras tanto, el pasado 12 de junio asesinaron a Bairon Eliécer Gómez, también dentro del antiguo espacio de reincorporación. En Mesetas dicen no saber quiénes están detrás de estos hechos: “Nosotros no sabemos quiénes están por aquí. La gente dice que hay disidencias, que la segunda Marquetalia, pero quizá también son los enemigos del proceso de paz que se abanderan de esos nombres y que quieren regresarnos al monte”, dijo Córdova. Hace un mes circularon mensajes en grupos de WhastApp en contra de los excombatientes y en los que les pedían que “se alineen” a las disidencias. Córdova, por ejemplo, es uno de los más amenazados y las autoridades están estudiando su caso. Insiste en que su seguridad no está garantizada, porque alrededor de su antiguo ETCR hay fuerza pública y “donde hay armas, hay violencia”. Lo preocupante, señala, es que tampoco actúan rápido: “Cuando ocurrió lo de Parra, por ejemplo, la Policía llegó a las dos horas”.
Ituango (Antioquia)
Después de la dejación de armas, los homicidios contra excombatientes del espacio de reincorporación “Román Ruiz”, de Santa Lucía en Ituango (Antioquia), no se han detenido. Según la Fiscalía, y lo confirma Agustín Rivera, antiguo comandante del frente 18 y quien dejó las armas en ese espacio, en la zona han sido asesinados 12 firmantes del Acuerdo de Paz, algunos en las veredas aledañas, otros en las carreteras cerca del espacio. Los homicidios y las amenazas contra los familiares de los exguerrilleros también continúan. Hace un mes asesinaron a dos jóvenes, de 15 y 17 años, familiares de excombatientes de esa región.
A los celulares de los excombatientes siguen llegando mensajes de texto con amenazas. En Santa Lucía circulan panfletos para presionar su salida del territorio. Los excombatientes no se atreven a decir quiénes pueden ser los responsables de estas agresiones, aunque tienen claro que esa es una zona estratégica para la guerra por estar a un paso del nudo de Paramillo. Las organizaciones sociales de Antioquia y los campesinos de la región aseguran que los responsables son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las disidencias del frente 18 de las Farc. De acuerdo con Rivera, el Batallón de Operaciones Terrestres, que ha custodiado el espacio, retiró a un número importante de sus hombres. Ahora hace presencia el Batallón de Artillería Nº 4, pero no se sienten tan seguros. En todo caso, no lograron negociar el terreno donde hoy está el espacio de reincorporación y tampoco encontraron parcelas cercanas. “Por la seguridad y por la tierra nos toca irnos el próximo 15 de julio a Mutatá, en Urabá”, dijo Rivera. Con este panorama, el pasado 3 de julio la ARN anunció el traslado de 93 personas, además de los proyectos productivos. Se irán a dos predios de cerca de 137 hectáreas de extensión que el Gobierno arrendó con opción de compra en Mutatá.
Puerto Asís (Putumayo)
El martes pasado, luego de cinco días de estar desaparecido, finalmente fue encontrado muerto el exguerrillero James Andrés Montaño Esterilla, de 30 años. Su cuerpo estaba en el sitio conocido como Limoncito, a orillas del río San Miguel, en el Valle del Guamuez. Con él, ya son nueve (ocho registra la Fiscalía) los excombatientes asesinados de este espacio de reincorporación. Juan Carlos Castillo fue el otro excombatiente asesinado el 31 de marzo pasado y, casi tres meses después, también en inmediaciones del cabildo Santa Rosa, de Puerto Asís, fue encontrado sin vida Ángel Alberto Calderón. “Es que este pueblo solo vive de la coca y el petróleo”, dice Gustavo Chambo, coordinador del espacio donde viven 186 excombatientes más sus familiares. Por lo pronto, solicitan con urgencia el traslado que el Gobierno les prometió hacia Puerto Garzón u Orito (Putumayo), pues son municipios lejanos de la frontera con Ecuador, cuyo corredor es el que se disputan los grupos ilegales responsables de varios de los asesinatos de estos firmantes del Acuerdo de Paz.