La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al gobernador de Putumayo, Julio Byron Viveros Chaves (2010 – 2011), por presuntas irregularidades en la celebración de una consultoría dirigida a estructurar y adoptar el procedimiento para la conmutación de la totalidad de las pensiones a cargo del departamento, por valor de $1.200 millones de pesos.
El órgano de control reprochó al exmandatario territorial un presunto desconocimiento del principio de economía y cuestionó la suscripción de la Resolución 1810 del 19 de octubre de 2011, en la que ordenó la apertura del proceso de Concurso de Méritos Abierto con Propuesta Técnica Simplificada No. OJD-CM-002-2011, al parecer, sin contar con un pliego de condiciones definitivo completo, ya que el que sirvió de fundamento para la selección del contratista y la celebración del negocio jurídico 552 de 2011, no establecía los objetivos, metas, alcance de los servicios que requería el departamento, ni el cronograma de ejecución de la consultoría.
Para la Procuraduría Viveros Chaves debería haber verificado que el pliego de condiciones del concurso cumplía con las exigencias legales para garantizar el éxito de la ejecución del proyecto, y que contaba con el anexo de los requerimientos técnicos de los servicios de la consultoría.
El ente de control formuló como segundo cargo el hecho de que con la suscripción del Contrato de Consultoría No. 552, del 18 de noviembre de 2011, habría puesto en riesgo los recursos públicos con los que financiaría el proyecto, dado que la cláusula cuarta reconocía pagos por el 80% del valor total del contrato dentro del primer mes de ejecución, correspondiente a un anticipo del 45% a la firma del acta de inicio y un 35% adicional dentro del mes siguiente, sin que al parecer se exigiera mayor contraprestación.
Además, el saldo restante tampoco se encontraba atado al avance de la consultoría ni al cumplimiento de las obligaciones del consultor, sino exclusivamente al paso del tiempo, comportamiento con el cual, al parecer, Viveros Chaves podría haber desconocido el principio de responsabilidad de la contratación estatal.
La Procuraduría calificó las presuntas faltas del exgobernador como gravísimas a título de culpa gravísima, por presunta violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento y dolo.