El desproporcionado impacto de la pandemia sobre los pueblos indígenas

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ElEspectador

Indígenas colombianos enviaron un informe al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas para el informe sobre el impacto de la pandemia en los pueblos indígenas de Colombia. Dicen que hoy más que nunca sus culturas están en riesgo de extinción.

Los Kamsá son un pueblo indígena que habita el Valle de Sibundoy, en Putumayo.

El 25 de junio, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), Comunidad de Juristas Akubadaura y Earthrights International, presentaron un informe al Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas para el informe sobre el impacto de la pandemia en los pueblos originarios de Colombia.

El informe, que será presentado a la Asamblea General de la ONU en octubre próximo, llama la atención a visibilizar la situación especialmente vulnerable de las poblaciones indígenas transfronterizas y en zona de frontera, los pueblos indígenas en contexto de ciudad y los riesgos de exterminio asociados al conflicto armado interno que se potencian en el contexto de pandemia.

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“Buscamos focalizar los aspectos neurálgicos del panorama y estaremos en disposición de profundizar cualquier temática que sea de su interés. De acuerdo a la orientación de los Mayores de los pueblos indígenas, no se hace referencia al nombre científico del virus a efectos de no atraer la enfermedad”, dice la introducción del informe.

El informe destaca cómo la situación de vulnerabilidad pre-existente a la pandemia potencializa el incremento desproporcionado de los riesgos para la vida e integridad de los pueblos indígenas en Colombia frente al contagio del virus, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en condiciones previas a la coyuntura la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena y que en ciudades capitales como Leticia, hoy con la segunda prevalencia más alta del país (6,3), el 26,9% de su población tiene sus Necesidades Básicas Insatisfechas, frente a un porcentaje nacional del 14,13%.

El informe también indica que desde el 29 de abril, la ONIC ha solicitado la desagregación de la información presentada públicamente por el Instituto Nacional de Salud – INS en sus reportes epidemiológicos sobre la pandemia, incluyendo la variable étnica (autoidentificación), pero solo se recibió un listado de casos sin precisión sobre los casos de población indígena. A pesar de lo anterior, solo hasta el 13 de mayo el INS emitió su primer reporte sobre la situación del virus en los pueblos indígenas. Según la ONIC, en 338 casos positivos al virus no se establece el pueblo al que pertenecen las personas, lo cual representa el 37% del total de casos confirmados.

La situación de vulnerabilidad preexistente a la pandemia, hace que los riesgos para la vida y la integridad de los pueblos indígenas en Colombia se incrementen desproporcionadamente frente al contagio del virus8. Un ejemplo de esto es que, en condiciones de pre-pandemia, la tasa de mortalidad infantil en la población indígena es 2,79 veces más alta que la presentada en la población no indígena.

También, en las zonas de frontera, los riesgos se incrementan por la diversidad de factores, por ejemplo, el incremento de casos en los países vecinos y sus disímiles políticas de contención del virus.

Para garantizar su pervivencia frente a la pandemia, los Pueblos Indígenas en Colombia a través de sus estructuras propias organizativas, han adoptado decisiones como: aislamiento en el territorio, suspensión de reuniones y otras actividades colectivas, control de la movilidad, cierre de fronteras en sus territorios, control del ingreso y salida de personas a los resguardos, armonización de sitios sagrados, exigencia de respeto y cese al fuego por parte de los actores armados; también se ha orientado sobre el fortalecimiento de huertas y cultivos; el cuidado de la familia, el territorio y la salud.

El trabajo de las Guardias Indígenas ha sido fundamental para lograr el control territorial y social. Según datos de la ONIC, este trabajo lo realizan 61.000 guardias, con condiciones de bioseguridad escasas, a partir de 1.500 puestos de control establecidos a nivel nacional. Aunque desde abril la Ministra del Interior anunció públicamente la entrega de 57 mil kits de bioseguridad para apoyar la labor de las guardias indígenas en el país, a la fecha el Gobierno no ha hecho entrega de estos elementos. Esta situación ha afectado la permanencia de algunas guardias y ha obligado al levantamiento de puntos de control en territorios del Pueblo Zenú, Pueblo Ette Ennaka y Pueblo Pijao, entre otros.

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