Las falsas promesas del Gobierno Nacional para garantizar la seguridad en el Putumayo

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En la foto: Ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, presidiendo consejo de seguridad en Puerto Asís Putumayo/COLPRENSA

Germán Arenas / LBM Colprensa

El pasado 30 de enero en el municipio de Puerto Asís, se cumplió un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo, consejo que se realizó tras la ola de asesinatos que se habían registrado en el primer mes del 2020 que ascendía a 12 entre ellos varios líderes sociales sobre todo de la región de Puerto Guzmán al norte del Putumayo.

Al concluir dicho consejo de seguridad el Ministro de Defensa, Holmes Trujillo, anunció que se intensificarán las acciones contra los Grupos Armados Organizados dedicados al narcotráfico en la región, como ‘La Constru’ y los GAO residuales 1 y 48.

“Para afectar estas estructuras, las Fuerzas Militares diseñarán e implementarán una burbuja de inteligencia para neutralizar los objetivos de alto valor de estas organizaciones narcotraficantes. A este esfuerzo se sumará la Policía, con la creación de una burbuja específica de inteligencia contra ‘La Constru’, puntualizó el Ministro.

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Por otra parte, el jefe de la cartera de Defensa aseguró que el Ejército Nacional avanzará en el desarrollo del proyecto de construcción de una nueva Base de Operaciones en el Alto Putumayo y nuevas inversiones en Mocoa: “Se iniciarán las mesas de trabajo con la Gobernación y las Alcaldías de esta subregión del departamento. Así mismo, el Ejército está comprometido en la pavimentación de 16 calles del municipio de Mocoa, a través de los ingenieros militares”.

Dentro de las conclusiones, el Ministro también se refirió al desminado humanitario en Putumayo: “Se tiene proyectado liberar 120 mil metros cuadrados identificados. Ya se cuenta con 6.000 metros libres de estos artefactos explosivos improvisados”.

Igualmente, se comprometió a que la Policía Nacional brinde asesoría técnica y orientación directa a la Gobernación y a las alcaldías en los proyectos de construcción de las estaciones de Policía en Mocoa, Villa Garzón, San Francisco y San Miguel, así como en los proyectos de cámaras de vigilancia para la región, con apoyo del Ministerio del Interior.

Por último, indicó que se solicitará al Ministerio del Interior instalar de manera prioritaria el Subcomité Nacional de Prevención, Protección y Garantías de No Repetición en el departamento del Putumayo y al ministerio de las TIC que se gestione la cobertura de la instalación de antenas para mejorar el servicio de la telefonía móvil y tener mayor y mejor comunicación con el área rural.

Cuatro meses y 20 días más tarde esas medidas anunciadas por el ministro, siguen sin cumplirse y por el contrario las acciones violentas van en aumento y a la fecha de hoy en el Putumayo se han registrado 81 homicidios  de los cuales 75 se cometieron en el sector rural y 6 el área urbana.

Según las estadísticas de la policía de los 81 asesinatos 72 han sido en hombre y 9 mujeres; 77 colombianos, 3 venezolanos y un ecuatoriano. 75 con arma de fuego, 4 con arma corta punzantes y 2 con arma contundente.

De las investigaciones de los móviles y responsables de estos homicidios el 10 %   se han esclarecido y 14% van con éxito.

Sin embargo de las medidas anunciadas por el jefe de la cartera de Defensa, no se ha cumplido ni un 1% de lo comprometido, lo que genera mucha preocupación entre la comunidad.

Entre los asesinados figuran 6 excombatientes de las Farc de los 201 que han sido asesinados en el país luego de la firma del Acuerdo de Paz.

Líderes Amenazados

Dentro de la lista de personas asesinadas figuran 5 destacados líderes sociales y 15 campesinos que hacían parte de Juntas de Acción Comunales, y de organizaciones sociales campesinas y otros lideraban procesos sociales en el tema de erradicación voluntaria.

Pero igual hay un número alto de líderes sociales amenazados de muerte quienes han tenido que dejar sus tierras y bajo medidas de protección brindadas por el Estado; sin que hasta la fecha se haya determinado con exactitud por parte de la fuerza Pública, quienes son los responsables de esas muertes y amenazas, según las mismas autoridades hay hipótesis de que sean los grupos armados ilegales que operan en el departamento y que mantienen una disputa territorial y sumergidas en el negocio del narcotráfico.

A pesar de la alta presencia de uniformados tanto de ejército, armada y policía que pueden sumar 10 mil efectivos para una población de   283.197 habitantes distribuidos en 13 municipios en un extensión territorial de 24.885 km² los asesinatos continuan e una carrera desenfrenada.

Entre algunos líderes asesinados figuran Gloria Ocampo, Yordan Tovar. Marcos Rivadeneira y Edison Pérez, entre otros, y entre los amenazados los diputados Yule Anzueta, Andrés Cancimance, los defensores de los derechos humanos Wilmer Madroñero y Yuri Quintero entre otros como lo reporta la Red de Derechos Humanos del Putumayo.

Pero estas amenazas se extienden también contra 5 reconocidos periodistas de Mocoa y Puerto Asís. Inclusive hay personal del sector de la salud, educación, políticos. Y hasta un director de un organismo de socorro.

La UNP y sus fallas

Otra de las preocupaciones reinantes entre los amenazados es la falta de garantías en seguridad que la Unidad Nacional de Protección viene brindando a las personas en situación de riesgo o protegidas. Una de las fallas es que se le niegan esquemas de seguridad, los equipos de comunicación implementados como celulares y botones de pánico están sin servicios hace meses y sin dar avisos  a los protegidos ni las razones del porque se suspendió dicho servicio. Varios de los amenazados vienen recibiendo amenazas reiteradas sin que se extremen las medidas y otra situación preocupante es que la Fiscalía General de la Nación, en varios de los casos no ha dado resultados, ni siquiera han informados a las víctimas de cómo avanzan las investigaciones. Casos como el de los periodistas que desde agosto el 2018 viene recibiendo amenazas y a la fecha de hoy no les han informado absolutamente nada.

A pesar de los esfuerzos de la Fuerza Pública en mantener la seguridad ciudadana y de dar resultados, dichos esfuerzos no son suficientes para contrarrestar la “Caravana de la Muerte”, que a la fecha de hoy cobra 81 víctimas una menos que a la fecha del 2019.

Reclutamiento

Otros de los fenómenos que van en aumento es el reclutamiento a menores de edad a las filas de los grupos armados ilegales conocidas también como disidencias de las Farc, frente 1 y 48 lideradas por los alias de Danilo Alvinzú y Andrés Araña, quienes ejerciendo la práctica del reclutamiento forzado mediante amenazas y engaños.

Según la Defensoría del Pueblo y el Gobierno Departamental, estos grupos están incorporando a sus filas jóvenes entre los 13 años de edad en adelante bajo amenas de matar a sus padres o familiares si no ingresan a los grupos y la otra bajo la modalidad de seducción o enamoramiento. Según la Defensoría del Pueblo, las zonas de mayor vulnabiridad en reclutamiento son los sectores rurales de los  municipios de Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Leguizamo y Puerto Asís.

En Puerto Asís, la región del corredor Puerto Vega-Teteye, La Alea, Piñuña Blanco y La Carmelita, registran un alto índice de reclutamiento. En Leguizamo por el sector de Mecaya, y el sector de Arizona en  Puerto Caicedo.

Todas estas informaciones están contempladas dentro de las alertas tempranas que viene emitiendo la Defensoría del Pueblo y que han sido objeto de análisis en los diferentes consejos de seguridad de orden departamental y municipal que se han realizado a lo largo del presente año.

Expertos determina que mientras existan cultivos de matas de coca la violencia seguirá latente en el Putumayo, ya que la coca es la gasolina que mueve el motor de la violencia en este departamento enclavado en la selva al sur de Colombia.-

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