La nueva reglamentación que vio luz verde en el Senado sancionará a las empresas que se demoran en pagar a sus proveedores.
El Senado de la República aprobó la noche del miércoles en Colombia, en último debate, una ley denominada ‘Pagos a plazos justos’ que obligará a las empresas a pagar facturas a sus proveedores en un plazo no mayor a 60 días.PUBLICIDAD
La reglamentación contempla que si bien el pago de facturas será de 60 días en el primer año de entrada en vigencia, luego tendrán dos años para adaptarse al tope de 45 días. Las entidades del Estado también deberán cumplir con esta norma. El proyecto pasa a conciliación con las dos Cámaras y luego a sanción presidencial.
“Hoy es un día histórico para Colombia, después de casi 2 años de lucha, hemos logrado que se haga justicia con las miles de micro, pequeñas y medianas empresas del país. Con la ley de Pago a Plazos Justos tendrán el flujo de capital adecuado, para que puedan invertir en innovación para su desarrollo, superar los retos que nos impone la crisis económica del Covid-19 y mantener el empleo que generan”, afirmó el autor del proyecto de ley, el representante a la Cámara por Bogotá Mauricio Toro (Alianza Verde). “También nuestras empresas serán más competitivas y productivas, incidiendo incluso en el precio final del consumidor porque si no se tienen que endeudar más con un banco, se podría trasladar el precio al consumidor final reducciones importantes en los precios de bienes y servicios”.
De esta manera Colombia se alinea a países como Chile, España, Australia y Reino Unido que han regulado los plazos de pagos a proveedores, que en casos no aislados, superan más de los 90, 120 o 180 días, lo cual golpea fuertemente los márgenes de rentabilidad y la liquidez de las empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, que en el país representan más del 90% del sector productivo.
Son muchas las mipymes que quiebran alarmantemente por los extensos plazos de pago que las grandes empresas se toman para pagar sus facturas.
El senador Efraín Cepeda (Conservador), que fue ponente, señaló que esta nueva ley “está protegiendo micro, pequeñas y medianas empresas, a las que al 40% les pagan a 90 días y al resto a más de 100 días. Aquí lo que está en juego empresas que generan 40% del PIB, alrededor de 17 millones de empleos, donde están las micro que son las peor tratadas por el sistema financiero”.
“Es de obligatorio cumplimiento ese plazo de 60 días el primer año y 45 días para el resto de la vida, no podrá haber acuerdos entre las partes”, agregó Cepeda.
“Para el sector salud tendremos un período de gracia de tres años y al inicio del tercer año, lograremos tener un plazo justo de 60 días para facturas relacionadas con ese sector”, explicó el senado Richard Aguilar (Cambio Radical).
Este ‘tatequieto’ a los ‘malapaga’ tuvo desde el principio el respaldo de más de 20 gremios, pero otros dos gremios, la Andi y Fenalco, hicieron varias advertencias de oposición.
Desde Fenalco aludieron que se debía reconocer la libre autonomía privada, dando prevalencia a los acuerdos entre las partes, en la relación entre medianas y grandes empresas “y permitir una flexibilidad para que puedan fijar los plazos máximos de pago libremente, de acuerdo con las características de los bienes y servicios que comercializan”.
Desde la Andi señalaron que les preocupa “que el Estado intervenga en los acuerdos entre privados” y que este sea “un incentivo a importaciones consiguiendo proveedores en otros países”.
Precisamente en el debate se concertó la no inclusión dentro del articulado del proyecto el “acuerdo entre privados” que venía promoviendo la Andi, lo que significa que las grandes empresas no podrán imponer periodos de pago diferentes a las que contempla esta ley, eliminando así la posibilidad de que ejerzan su posición dominante sobre las empresas más pequeñas. Las operaciones mercantiles entre grandes empresas quedaron excluidas de la aplicación de la ley.
Con la aprobación del Pago en Plazos Justos, Colombia legisla para proteger el flujo de caja y la liquidez de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que representan más del 96% del tejido empresarial, aportan el 40% del PIB general de la Nación, y generan 8 de cada 10 empleos nuevos.
En la nueva ley quedó contemplado que habrá un reconocimiento para aquellas empresas que paguen sus facturas en plazos menores o iguales a 30 días.
En su libro Financing SME and Entrepeneurs, la OCDE resaltó que la evidencia muestra que el retraso o la falta de pago son perjudiciales para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas que a menudo carecen de capacidades de gestión de flujo efectivo y tienen posibilidades limitadas para encontrar fondos suficientes en otros lugares. “El 28% de las empresas que experimentan retrasos en los pagos, lo consideran como un obstáculo para su crecimiento y se ven incapaces de contratar nuevo personal porque sus clientes no les pagan a tiempo”.