Por Maria Fernanda Botero Castaño – Fundación Makikuna
Pensar la justicia desde la perspectiva de los derechos reconocidos y vulnerados de la población de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales que es lo que desarrolla la sigla LGBTI, nos lleva a entender el avance que han permitido en el tema los estudios de género, la perspectiva feminista, el pensar las identidades disidentes y los cuerpos no normados desde una perspectiva crítica, cuestionando los privilegios, las imposiciones y los mecanismos de dominación históricamente instalados, como el binarismo sexual, la heteronormatividad y la estructura colonial y patriarcal.
La sistemática violación a los derechos humanos de las personas por su orientación sexual e identidad de género constituye en patrón global que nos debe convocar a actuar frente a la mitigación de todas las formas de violencias basadas en género y a la inclusión e incidencia de todas las estructuras sociales de las personas que integran la población LGBTI. Por eso es necesario pensar la justicia desde la perspectiva de los derechos reconocidos y vulnerados de la población diversa.
CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA JUSTICIA FRENTE A LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN LGBTI
Para la ONU está ampliamente documentado que en todas las regiones del mundo las personas LGBTI son blanco de homicidios, violencia sexual y de género, agresiones físicas, maltrato y tortura, detenciones arbitrarias, acusaciones de conducta inmoral, “desviada” o “antinatural”, y de limitación, restricción o exclusión en goce de los derechos de reunión, de expresión y de información, entre otros.
Muchos países mantienen severas leyes penales para relaciones consensuadas entre personas del mismo sexo, algunos de los cuales estipulan encarcelamiento, el castigo corporal y/o la pena de muerte.
Los elementos de justicia internacional para la población LGBTI están amparados en instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos que en El artículo 1 establece: «Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos», y el artículo 2 plantea: «Toda persona tiene los derechos y las libertades proclamados en esta Declaración», así como el artículo 7 que estipula: “Toda persona, incluidas las personas LGBTI, tienen derecho a gozar de la protección prevista en el derecho internacional de los derechos humanos basado en la igualdad y la no discriminación”.
Existen además los principios de Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos a las Cuestiones de Orientación Sexual e Identidad de Género”, éstos principios fueron adoptados en un reunión de especialistas en legislación internacional realizada en Yogyakarta, Indonesia, en noviembre de 2006. Los principios (1) , ratifican los estándares legales de como los gobiernos y otros actores podrían detener la violencia, abuso y discriminación ejercida contra lesbianas, homosexuales, bisexuales, y personas transgénero, a fin de asegurar una igualdad plena.
Para ver los 29 principios https://yogyakartaprinciples.org/introduction-sp/
COLOMBIA: Segundo país en Latinoamérica dónde más personas LGBTI son asesinadas.
El informe latinoamericano “El Prejuicio no conoce fronteras” publicado en septiembre de 2019 afirma que “Colombia es el segundo país de América Latina donde son asesinadas más personas LGBTI, después de Brasil. Más de 549 personas LGBTI han sido asesinadas en Colombia entre el 2014 y 2019 según muestra el informe.
Los avances normativos han sido insuficientes para proteger y garantizar de manera efectiva los derechos humanos de las personas de identidad sexual y de género diversas. A pesar de ello entre 2010 y 2015, se lograron importantes reconocimientos de los derechos de personas LGBT en Colombia. En 2011, el Congreso expidió dos leyes para la garantía de los derechos de poblaciones históricamente discriminadas y de especial protección constitucional: la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la Ley 1482 o Ley Antidiscriminación. Ambas leyes incluyeron a las personas LGBTI en su ámbito de protección al reconocer la categoría de orientación sexual en la definición de víctima del conflicto y de los tipos penales de “actos de racismo o discriminación” y “hostigamiento por motivos de raza, religión, ideología política, u origen nacional, étnico o cultural”.
Más recientemente, la Ley 1761 de 2015, que configuró el feminicidio como un delito autónomo, reconoció la identidad de género y la orientación sexual como dos de los criterios para identificar si una mujer fue víctima de homicidio por razones de género.
ACCESO A LA JUSTICIA EN EL PUTUMAYO DESDE LAS ORGANIZACIONES LGBTI
Existen organizaciones locales en diferentes municipios como Así Somos de Puerto Asís; Orito Diverso; Paraíso Multicolor en Puerto Caicedo, Paraíso Diverso Fronterizo de Puerto Leguízamo y de Star Mayo en Mocoa. El programa de Justicia para una Paz Sostenible de USAID ha acompañado el proceso de fortalecimiento de las organizaciones LGBTI Así Somos de Puerto Asís y de Orito Diverso.
Para Durlandy Acosta, integrante Orito diverso, el trabajo inicia desde el año 2015 con el objetivo de organizarse y velar por los derechos de la población LGBTI no solo del Municipio de Orito sino de otros municipios, esto teniendo en cuenta que el departamento se ha visto afectado por dinámicas relacionadas con el narcotráfico y el control territorial de los grupos paramilitares y guerrilleros, ésta situación generada por el conflicto armado ha llevado a que la población LGBTI del Departamento y en especial de los municipios del bajo Putumayo sean menos visibles “Es por eso que desde ese año hemos decidido ser visibles para poder luchar por nuestros derechos” afirma Durlandy
Menciona que gracias al apoyo del Programa Justicia para una Paz Sostenible y en apoyo con la Organización nacional Caribe Afirmativo se han formado en temas de acceso a la justicia, para poder enseñar a la comunidad LGBTI históricamente marginada por el acceso a sus derechos.
Frente a los logros, destacan que han podido capacitarse como organización en temas de acceso a derechos LGBTI; que se han podido fortalecer en temas organizativos y administrativos; para finalmente poner en práctica el acceso a la justicia para la población LGBTI frente a la incidencia en los temas de políticas públicas y de diálogo institucional.
Desde la incidencia han podido fortalecer organizaciones en otros municipios como en Puerto Guzmán, Valle del Guamuez y en San Miguel dónde apenas se están generando procesos de organización.
Por otro lado, la gran apuesta de incidencia está dada en la visibilización de la comunidad, lo han hecho a través del Festival Departamental LGBTI que este año llegaría a su 6 versión y que se caracteriza por contar con tres aspectos fundamentales: el primero relacionado con la parte formativa para la población en temas de derechos humanos y recreación; el segundo con la realización de la Marcha del Orgullo Gay; y el tercero con el evento cultural dónde se elige la soberana LGBTI del departamento Miss Gay Putumayo.
Un gran paso está dado en el diálogo de incidencia política dónde desde las organizaciones LGBTI se han vinculado haciendo aportes para que desde las campañas y los diseños de los Planes de Desarrollo y de Gobierno de la Gobernación y los municipios incluyan procesos en beneficio de la población LGBTI.
Otra iniciativa cultural para destacar es el primer mural de la diversidad en el Putumayo: se realizó en el marco de la marcha del orgullo LGBTI como una apuesta artística por la visibilidad de las diversas identidades de género y orientaciones sexuales. Jully Mantilla, de la organización Diversas Incorrectas, fue la creadora del diseño y realización del mural donde se juntaron muchas pinceladas cuyos protagonistas principales fueron la población LGBTI.
