En declaraciones emitidas por la Asociación Campesina del Suroriente del Putumayo, ACSOMAYO, se conoció que las comunidades campesinas del territorio fronterizo Puerto Vega – Teteyé, denunciaron el desembarco de un gigantesco operativo de erradicación el día 15 de mayo, en veredas del corredor fronterizo con el Ecuador, específicamente en la vereda Nueva Unión.
Estas operaciones desconocen los acuerdos construidos entre las comunidades y el Gobierno Nacional en el marco de la implementación del PNIS, programa nacional integral de sustitución de cultivos, y pone en alto riesgo de contagio por COVID-19 a cientos de familias campesinas, ya que las tropas y erradicadores no cumplen ningún protocolo de bioseguridad, violando además la normatividad definida en la emergencia sanitaria.
Los campesinos recordaron que han venido promoviendo espacios de diálogo frente al recurrente incumplimiento del gobierno a los acuerdos, especialmente en la implementación el punto 4 sobre la sustitución de cultivos de uso ilícito, la respuesta del Gobierno frente a las demandas campesinas, ha sido de oídos sordos, la militarización y la subsecuente represión y violación, de los derechos de las comunidades en la región.
El campesinado de la región, en defensa de su autonomía, y el derecho a la permanencia en el territorio y a la vida, se ha declarado en alerta temprana comunitaria, como respuesta a lo que ellos caracterizan como incapacidad y negligencia institucional, donde son los campesinos, por ejemplo, quienes han ejercido un control comunitario para evitar el avance de la pandemia en la zona.
Denuncian que, hasta el momento, en lo que lleva de implementado el aislamiento preventivo obligatorio, no han recibido ninguna ayuda humanitaria por parte de las entidades gubernamentales, cuando la mayoría de familias están compuestas por mujeres cabeza de hogar, que son jornaleras y trabajadoras informales que han tenido que desarticularse de su actividad económica, encontrándose un una compleja situación de crisis humanitaria junto a sus familias.
Rechazan con vehemencia los continuos operativos de erradicación manual forzada, que además del peligro de contagio ya expuesto, dejan a las familias sin ningún ingreso, pues no existe ningún plan de contingencia ni se garantiza ninguna alternativa al no implementarse el PNIS, sin acceso a un mínimo vital, vulnerando así el derecho a la salud y a la alimentación.
Desde el día 16 de marzo, las comunidades campesinas habían decidido declararse en asamblea permanente, después de las movilizaciones que habían comenzado en el mes de febrero del año en curso, al levantar las jornadas de protesta después de que Daniel Palacios Martínez , funcionario de primer nivel de la dirección de relaciones políticas del ministerio del interior, se hubiera comprometido a garantizar la realización de una reunión interinstitucional y comunitaria para atender las inquietudes y propuestas del campesinado, reunión en la que también estaba comprometido el gobernador del putumayo Buanerges Rosero Peña y el alcalde de Puerto Asís, Fernando Castillo, sin embargo a la fecha los campesinos no han recibido ninguna respuesta tanto del gobierno nacional, ni de los garantes del proceso de dialogo a celebrase, por el contrario la única respuesta, afirman, ha sido la erradicación constante y violenta de los cultivos de coca, único medio de subsistencia de estas familias.
La declaración campesina manifiesta vehementemente la argumentación que los motiva a promover este estado de asamblea permanente, el texto divulgado por los campesinos aduce que, “Por tanto consientes de nuestra situación, en gran porcentaje, somos campesinos sin tierra, otros con poca tierra sin formalizar, con la amenaza latente de contagio de COVID-19 porque estamos en zona de frontera con Ecuador, con erradicación forzada de nuestras plantas de coca que tenemos para sobrevivir (comprar la remesa), históricamente afectados con el conflicto armado, con varios cuerpos de agua contaminados con hidrocarburos entre ellos, caños, quebradas y humedales afectando a familias de aproximadamente cinco comunidades sin agua, desconcertados por la falta de voluntad política del Gobierno Nacional con la implementación del Acuerdo de Paz, solo nos queda desplazarnos y movilizarnos en aras de reclamar que se respeten y garanticen nuestros derechos humanos, si es que en este gobierno se reconoce que existen unos derechos humanos”.
Esta acción de las comunidades de la frontera sur del país, evidencia la penosa situación de las familias campesinas de esta región, agobiadas por la crisis humanitaria desatada por la situación socioeconómica producida por la cuarentena, amenazados por la realidad de contagios en una región con carencia de cobertura e infraestructura de salud, sin alternativas económicas, y burlada permanentemente por el gobierno nacional en el cumplimiento de los acuerdos de sustitución, condenándoles es a una perspectiva de hambre, miseria y desplazamiento del territorio.
El campesinado del territorio fronterizo Puerto Vega – Teteyé, espera que esta “Alerta temprana comunitaria”, tenga la inmediata atención y respuesta del ministerio público, Procuraduría, Defensoría del pueblo, de la personería municipal y alcaldía de Puerto Asís, como de la gobernación del Putumayo, y que se responda al planteamiento comunitario frente al “plan de contingencia integral para proteger el territorio”.
El movimiento campesino exige soluciones, la ruta no es la violenta acción del estado en sus territorios, sino honrar los acuerdos con las comunidades y atender sus necesidades; no podemos abandonar a las comunidades de la ruralidad a su suerte, el Gobierno Nacional no puede seguir desconociendo el clamor de los más vulnerables.
Fuente: Agencia Prensa Rural