El número de venezolanos que Migración Colombia registra allí (3.458) no correspondería a la realidad. Atenciones realizadas por las autoridades locales y actores humanitarios que hacen presencia en este departamento, arrojan una cifra muy distinta.
Cuando a un colombiano le preguntan dónde hay venezolanos, difícilmente se le viene a la cabeza Putumayo. Un departamento periférico de 359.127 habitantes, lleno de problemas: desplazamiento forzado, minas antipersonal, amenazas y asesinato de líderes sociales, cultivos ilícitos, reclutamiento de menores, desastres naturales, pobreza y mucho pero mucho abandono estatal. Sin embargo, allí sí hay venezolanos y el lío es que, para el complejo panorama de esta región, son muchos.
En gran parte, la asignación recursos de cooperación para el tema migratorio se basa en la cantidad de venezolanos que haya en determinado territorio y tres mil venezolanos son una cifra irrisoria comparada a los 350.000 que tiene Bogotá, o a los 200.000 de Norte de Santander. Pero si a esos tres mil les sumamos los riesgos que corren en un territorio como Putumayo y la capacidad de respuesta de las autoridades locales, el cuento es otro.
Por eso, reconocer que en ese departamento hay un alto subregistro de refugiados y migrantes por parte de Migración Colombia y que en vez de ser 3.000 son cerca de 9.000, sí hace la diferencia. Más en tiempos de pandemia.
Hay varias razones -basadas en cifras de las autoridades departamentales y de actores humanitarios que hacen presencia allí- para sostener eso:
1. En 2018, cuando Migración Colombia hizo el primer censo de esta población (que arrojó que en Putumayo había 890 venezolanos con vocación de permanencia), los migrantes y refugiados que habían llegado a este territorio eran en un 80 por ciento adultos entre 25 y 40 años. Los niños o adolescentes representaban solo el 10 por ciento, pues quienes llegaban eran padres de familia o solteros que apenas estaban tanteando el terreno. Además, los que se censaban eran aquellos que no temían ser deportados por haber entrado irregularmente a Colombia y la mayoría de venezolanos que han llegado a Putumayo no tiene pasaporte.
2. En 2019 la presencia de niños y adolescentes aumentó en un 45 por ciento, producto de la reunificación familiar que vino cuando los adultos se asentaron y mandaron por ellos. Es decir, llegó mucha más gente.
3. Durante el primer semestre de 2019, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Departamental, en Putumayo se brindó atención médica a 1.000 individuos venezolanos. Si allí solo hubiese un poco más de tres mil venezolanos, ¿es factible que la tercera parte de esa población haya tenido que asistir al médico? No mucho.
4. A comienzos de 2020, según el registro de la Secretaría de Educación Departamental había 911 niños venezolanos inscritos en el sistema educativo departamental, una cifra que difícilmente equivale a todos los niños migrantes que hay en ese territorio pues para nadie es un secreto lo complicado que es conseguir un cupo para un niño venezolano en una escuela. Además, las familias venezolanas suelen tener más de un hijo.
5. Desde 2018 y hasta la fecha, la oficina del Acnur (la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) ha atendido personalmente a 3.000 venezolanos refugiados y migrantes y la experiencia arroja que ninguna agencia humanitaria llega al total de su población objetivo.
6. Poraños los flujos migratorios en la frontera colombo-ecuatoriana putumayense han estado invisibilizados, pues el Puente San Miguel es un cruce que goza de libre movilidad. Hasta hace poco, que la amenaza del covid-19 obligó a las autoridades a poner barreras físicas para cerrar la frontera, las personas pasaban de Colombia a Ecuador, y viceversa, sin tener que acercarse al puesto de control migratorio, por lo que se infiere que muchos de los venezolanos que regresaron a Colombia a finales de 2019 cuando Ecuador y Perú endurecieron sus medidas migratorias, no aparecen en las cuentas del gobierno. Mucho menos los que pasaron por trocha (se estima que el cruce real por este punto es tres veces superior al registrado).
7. A raíz de las restricciones migratorias que Perú y Ecuador establecieron para los venezolanos, en Colombia comenzaron a registrarse más entradas que salidas de personas venezolanas por el Puente San Miguel. Los venezolanos que iban hacia otros países de Suramérica tuvieron que devolverse o no pudieron cruzar y, por falta de recursos, terminaron cruzando por la frontera menos vigilada y quedándose en Putumayo. Solo hablando de cruces regulares (personas que cruzan con pasaporte), mientras que en 2018 Migración Colombia registró casi 45.000 salidas de venezolanos por ese punto fronterizo, en 2019 solo salieron 31.512.
Los números, entonces, no cuadran. Y el problema es que tener nueve mil venezolanos en Putumayo no es lo mismo que tenerlos en Bogotá, por ejemplo. Putumayo tiene 350.000 habitantes, todos sus municipios son de sexta categoría y no tienen capacidad de respuesta, el 40 por ciento de su población es víctima del conflicto y el 80 por ciento es pobre.
En el último censo (2018) la proyección de población se redujo en 10.000 personas (3 por ciento) y eso – aunque no parezca mucho – le representa menos recursos del presupuesto nacional pues estos se asignan per cápita. Es el segundo departamento con mayor área de cultivos ilícitos y desde mediados de 2017 ha albergado una reconfiguración de la violencia armada que se ha intensificado con el tiempo.
En el bajo y el medio Putumayo los campesinos e indígenas denuncian la presencia constante de actores armados por el impacto que esto tiene en sus comunidades, la aparición de panfletos amenazantes y la presión para mantener los cultivos de uso ilícito. El riesgo de minas antipersonal aumenta a la par que estos cultivos (pues los actores armados las usan para custodiarlos) y los asesinatos de líderes sociales van en aumento.
Según Indepaz, Putumayo es el tercer departamento con más líderes asesinados en lo que va del año: 10. La situación está tan caliente que hasta a los venezolanos que lideran asociaciones de migrantes les ha tocado emigrar para salvar su vida.
Acnur argumenta que “Los riesgos de vulneración de los derechos humanos de la población venezolana refugiada y con necesidad de protección internacional van a depender de su situación migratoria y de la documentación que poseen”. Y en Putumayo, el 95 por ciento de esta población está en condición migratoria irregular. O no tienen pasaporte, o no tienen visa, o no tienen cédula de extranjería o no tiene PEP (el permiso especial de permanencia que el Estado colombiano le da a los venezolanos con pasaporte).
De hecho, esa fue una de las grandes razones por las que los venezolanos llegaron a ese departamento. Los conductores de buses los llevaban a Putumayo y no a Nariño porque el control migratorio es mucho más estricto en la frontera nariñense (Rumichaca) y si querían cruzar frontera sin pasaporte, lo más viable era pasar por encima o por debajo del Puente San Miguel.
Además de estar indocumentados, los venezolanos que llegan a Putumayo son los menos educados (la mayoría son bachilleres). No conocen la conflictividad social que hay en el territorio y caen fácilmente en economías ilícitas (su participación en cultivos de uso ilícito va en ascenso). Cuando se les pregunta si tienen un trabajo formal dicen que sí sin saber que, al no existir un contrato, todo trabajo es informal.
Agregarle población vulnerable a un territorio que de por sí es muy vulnerable es un riesgo altísimo que el gobierno debería identificar. Si se sigue basando en la cifra de los tres mil venezolanos y no reconoce al menos la posibilidad de que haya un subregistro, Putumayo nunca estará en la lupa cuando se distribuyan los recursos de cooperación para atender a la población migrante. Las agencias seguirán viéndolo como un territorio despoblado al que ha llegado el 0,1 por ciento de todos los venezolanos que hay en Colombia.
Y ahora que el coronavirus llegó a ese departamento, la vulnerabilidad de esos refugiados y migrantes aumenta, pues con la cuarentena sus fuentes de ingreso (totalmente informales) se acabaron y las condiciones de salubridad en que viven son precarias.
En la red pública de hospitales de Putumayo solo hay tres respiradores y ninguna Unidad de Cuidados Intensivos. Y ¿a dónde va un venezolano con estatus migratorio irregular si se enferma? Con seguridad no a una clínica privada.