Fuente : ElEspectador
En Putumayo y Caquetá se han intensificado los operativos contra los cultivos de coca, mientras los campesinos reclaman cumplimiento del programa de sustitución voluntaria. En el municipio de La Montañita, en medio de la tensión entre erradicadores y labriegos, el Ejército disparó contra los campesinos. MinDefensa confirmó que las acciones de erradicación no se detendrán en medio de la pandemia de COVID-19.
El jueves 19 de marzo, Marco Rivadeneira, un emblemático líder que promovía la sustitución voluntaria de cultivos de coca en Putumayo, fue asesinado en la vereda Nueva Granada, en el municipio de Puerto Asís. Momentos antes de su asesinato, el líder estaba reunido con comunidades del corredor Puerto Vega – Teteyé coordinando alternativas para los campesinos cultivadores que quedaron por fuera del programa de sustitución de cultivos para que su única alternativa no fuera la erradicación forzada o la fumigación con glifosato. A esa labor había dedicado sus últimos años. Tres días después, el domingo 22 de marzo, la comunidad de esa misma vereda denunció la llegada de erradicadores y miembros de la Fuerza Pública que, a través de bombas manuales, empezaron a fumigarles con glifosato sus cultivos de coca.
La llegada de los grupos de erradicadores a esta vereda eleva aún más los ánimos que ya están caldeados en Putumayo entre cultivadores de coca y la Fuerza Pública. Solo hace un mes, por ejemplo, en el municipio de San Miguel 21 policías y 16 erradicadores fueron retenidos por la comunidad en oposición a los operativos de erradicación forzada en ese territorio, que vienen en aumento desde finales de 2019. A la par, también aumentan las movilizaciones campesinas que han salido a las vías del departamento a exigir que cesen esos operativos.
Son seis los municipios en los que avanzan en las últimas semanas las operaciones de erradicación: Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Asís, San Miguel y Valle del Guamuez. En todos ha habido choques entre los erradicadores y los campesinos. “Lo que se ha buscado es que llegue desde el orden nacional una comisión de alto nivel que tenga la capacidad para tomar decisiones y buscar soluciones a lo que vive el departamento”, explica Wilmar Madroñero, coordinador de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Piamonte (Cauca) y Jardines de Sucumbíos (Nariño).
Pero particularmente en este momento en que el país atraviesa una pandemia por cuenta del nuevo coronavirus resulta aún más preocupante para las comunidades que se realicen los operativos de erradicación pues ello eleva el riesgo de contagio en la región. “Mientras el Gobierno habla de que no haya concentraciones, hoy en Putumayo sí las hay. Primero, por los grupos de erradicadores y de Fuerza Pública, y también por las concentraciones de gente que salen a defender su sustento diario”, dice el líder campesino. Sobre este punto en particular, el Ministerio de Defensa aseguró que esas operaciones “se desarrollan de conformidad con protocolos establecidos por el Ministerio de Salud expedidos en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia COVID-19”.
Pero mientras aumentan los operativos de erradicación, en Putumayo las comunidades enfrentan dos escenarios distintos: quienes alcanzaron a ingresar al programa nacional de sustitución de cultivos y quienes quedaron por fuera. Al primero ingresaron desde julio de 2017 unas 20.300 familias en los nueve municipios del Putumayo, que, en pocas palabras, se comprometieron a arrancar sus matas de coca a cambio de alternativas productivas sostenibles. Sin embargo, dicen hoy, las promesas que les hicieron no se las han cumplido.
¿Qué prometía el programa de sustitución? En primera medida, un Plan de Atención Inmediata (PAI), que comprende $36 millones para sostenimiento de la familia campesina, a través de un pago de $1 millón mensual por un año, un proyecto de seguridad alimentaria, asistencia técnica y un proyecto productivo de ciclo corto y otro de ciclo largo. Además, inversión social en las zonas cocaleras a través de los Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo, que se conocen como Pisda.
“El Gobierno no ha entendido que el PNIS no es solo un elemento. Cada vez que da informes sobre su implementación habla solo del PAI y de los pagos a las familias, pero ese es apenas un elemento de todo el programa”, reclama Madroñero. Aún así, en el caso de Putumayo, hablando únicamente del PAI el cumplimiento ha sido mínimo.
De acuerdo con Yule Anzueta, diputado de Putumayo que tiene origen en el movimiento social del departamento, los pagos mensuales a las familias apenas se terminaron de entregar a finales del año pasado y en este momento se está entregando el proyecto para la seguridad alimentaria. Pero los proyectos productivos siguen en veremos, cuando ya tendrían que estar en marcha. En lo referente al Pisda la situación es más crítica. “Eso tiene que ver con todo el componente de infraestructura, toda la inversión social, las vías para comercializar los productos, electrificación, salud, vivienda, educación. Es como un plan de desarrollo para zonas cocaleras. Nada de eso se ha cumplido”, sostiene Anzueta.
Incluso, el diputado llama la atención sobre la situación de 2.000 familias en el departamento que pese a estar inscritas en el programa de sustitución y haber levantado sus matas de coca, no han recibido ni siquiera el primer pago. “Toda esa situación ha hecho que a los líderes que promovimos que las familias ingresaran al programa, la comunidad nos vea como las personas que los traicionaron. Es muy delicado porque hoy la dirigencia del Putumayo estamos siendo muy cuestionados, nos ven como quienes nos prestamos para que el Gobierno los engañara”, denuncia el diputado.
El Gobierno lo que ha dicho sobre estos reclamos en distintos territorios del país es que el programa estuvo mal planificado desde el Gobierno anterior y que ante las limitaciones presupuestales se están haciendo los esfuerzos posibles para cumplirles a quienes se comprometieron con la sustitución voluntaria. Frente al desarrollo social alternativo ha dicho que fortalecerá por su parte la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para gestionar las iniciativas de las comunidades desde allí.
Por eso está claro para las comunidades que al programa de sustitución no ingresarán más familias y ese es justamente el otro escenario en el departamento: más de 10.000 familias que no alcanzaron a ingresar al PNIS y que hoy temen que sus únicas alternativas sean la erradicación forzada o la fumigación con glifosato que la Fuerza Pública viene aplicando vía aspersión terrestre. En el Putumayo ya han probado las consecuencias de esas estrategias.
“Las erradicaciones generan una crisis para los campesinos, pero eventualmente la gente necesita seguir comiendo entonces vuelve y siembra coca y el problema no se acaba. Con las fumigaciones pasa lo mismo, solo que es peor porque el daño se le hace es a los cultivos de pancoger, ni siquiera a la misma coca porque la gente lo que hace es cortar la mata o algunos incluso han aprendido a lavar el glifosato de la hoja y en cuatro meses ya están cosechando otra vez,”, dice Anzueta.
Crítica situación en La Montañita (Caquetá)
La situación de varias zonas rurales de Caquetá no es más alentadora. En un video difundido por la Coordinadora Departamental de Organizaciones Sociales, Ambientales y Campesinas del Caquetá (Coordosac) quedaron registrados los momentos de tensión que se vivieron este martes 24 de marzo en la vereda Palestina, inspección Unión Peneya, en La Montañita (Caquetá), en medio de los operativos de erradicación forzada de los cultivos. Incluso, cuando la tensión es más alta, los uniformados que acompañaban los operativos disparan sus fusiles ante las protestas de los labriegos.
Rigoberto Abello, perteneciente a Coordosac, sostiene que los campesinos están saliendo a defender sus cultivos a través de cercos humanitarios y a exigir garantías para la sustitución voluntaria. Sin embargo, ante la insistencia de los grupos de erradicadores los choques se hacen frecuentes y derivan en acciones como las ocurridas en la vereda Palestina.
Sobre ese episodio, dijo el Ejército, lo que ocurrió fue que los grupos móviles de erradicación fueron agredidos con armas blancas y maquinaria agrícola por parte de los campesinos. “Las tropas al verse rodeadas por la multitud que se acercaba de manera hostil accionaron sus armas de dotación de manera disuasiva, con la finalidad de protegerse y salvaguardar la integridad física de las personas encargadas de la erradicación. En el hecho no se registraron lesionados”, se lee en el comunicado de la XII Brigada del Ejército, a cargo de esas operaciones.
“Este comando ordenó dar inicio a la investigación interna correspondiente para establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos y, de igual forma, pondrá en conocimiento de las autoridades competentes el presunto ataque a los servidores públicos por parte de estas personas”, agregó la entidad.
Pero según el comunicado del Ejército, esa entidad percibe la defensa de los labriegos de sus cultivos como una intención de “entorpecer y frenar a toda costa las operaciones de erradicación que la Fuerza Pública desarrolla en el sector, mediante vías de hecho, como la retención de personal que integra los grupos móviles de erradicación, bloqueos y provocaciones al personal del Ejército”. Para los campesinos, oponerse a la erradicación es su única alternativa pues de esos cultivos derivan su sustento diario.
Abello explica que en Caquetá se había logrado algo que no se logró en otras regiones del país. Luego de que ocurriera la masacre de El Tandil, en Tumaco (Nariño), en la que siete campesinos fueron asesinados en medio de las jornadas de erradicación, en esta zona el brigadier general Cesar Augusto Parra, en ese entonces comandante de la XII Brigada del Ejército, firmó con las comunidades un acuerdo en que se pactaba que en los municipios donde había acuerdos de sustitución no se haría erradicación forzada. Esa acta se firmó en 2018.
Ello se traducía en que prácticamente el departamento quedaba libre de erradicaciones forzadas pues allí se firmaron en 2017 acuerdos de sustitución en 14 municipios del departamento (de 16 que tiene Caquetá), que integraron a unas 12.500 familias.
Eso se respetó, dice Abello, hasta finales de 2019, cuando ya había salido el comandante de la brigada con el que firmaron el acuerdo. “Lo que hemos visto desde diciembre para acá es que se agudiza la erradicación forzada”. Pero, aún más preocupante para las comunidades, resulta el hecho de que les anunciaran hace 15 días que va a empezar en el territorio la aspersión aérea con glifosato.
El jueves 12 de marzo el actual comandante de la décimo segunda brigada, coronel Cesar Augusto Celemín, citó a los líderes de las organizaciones a una reunión en Florencia. “Nos dijeron que querían que nosotros les ayudáramos a socializarle a las comunidades que el Ejército iba a entrar a fumigar con glifosato y que la gente no se opusiera”, dice Abello. A ese encuentro también asistió el diputado Balvino Polo, quien confirmó que el Ejército hizo ese anuncio y que las comunidades le manifestaron allí que eso sería un retroceso en lo que se ha alcanzado.
Ya en Caquetá los campesinos han empezado a movilizarse sobre todo en los municipios donde se vienen adelantando operaciones de erradicación: San José del Fragua, Cartagena del Chairá y La Montañita. Los reclamos en este departamento no son muy distintos de lo que se vive en Putumayo.
De los 14 acuerdos de sustitución voluntaria que se firmaron en el departamento, solo se pusieron en marcha efectivamente nueve. De esos, solamente en Puerto Rico y una parte de La Montañita los campesinos han recibido todos los pagos. En el resto, el cumplimiento avanza a media marcha, no hay proyectos productivos andando, las vías para comercializar los productos están pendientes y la formalización de la propiedad tampoco ha avanzado.
Mientras en Putumayo y Caquetá las comunidades se movilizan para exigir el compromiso del Gobierno con la sustitución voluntaria, el Ministerio de Defensa confirmó que las erradicaciones no se van a detener, aún en medio de la pandemia. “La misión constitucional y legal asignada a la Fuerza Pública es irrenunciable y continúa de acuerdo con los protocolos existentes en esta coyuntura, para garantizar la protección de los uniformados y las comunidades», dijo la cartera. Justamente estos dos departamentos hacen parte de las zonas priorizadas para erradicación forzada, junto con el Pacífico Nariñense, el Bajo Cauca, Córdoba y Norte de Santander.