Así se vive el aislamiento en las zonas de frontera

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El paso por el Puente Rumichaca, en la frontera con Ecuador, permanece cerrado desde el pasado 16 de marzo. / EFE

Fuente : ElESpectador

El Espectador habló con los alcaldes de diez municipios que limitan con Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela, para saber cómo los ha afectado el cierre fronterizo y las medidas que se están implementando de cara al coronavirus.

Con la cuarentena nacional decretada por el presidente Iván Duque, son distintas las medidas de contingencia que se han adoptado en las ciudades y municipios del país para atender a la población vulnerable, mantener el orden público y garantizar el abastecimiento de alimentos.

En lugares como Jamundí (Valle del Cauca), Yopal (Casanare), Tunja (Boyacá), Santa Marta (Magdalena) y Rionegro (Antioquia) las autoridades adoptaron la estrategia de decretar pico y placa para que la gente salga solamente ciertos días a comprar víveres y suministros, dependiendo de los últimos números de sus cédulas de ciudadanía.

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Y a pesar de que el período de aislamiento comenzó oficialmente este miércoles,  en otras regiones del país, como los municipios que comparten límites con otros países, los efectos de las medidas que se han adoptado para atender la crisis del coronavirus comenzaron a sentirse hace ya varias semanas, desde que el presidente Iván Duque anunció el cierre de fronteras.

En estas zonas la preocupación radica en los efectos económicos sobre la población, pues la mayoría del comercio se mueve a través de intercambios binacionales. También inquieta la atención para la población migrante, la mayoría proveniente de Venezuela, pues los recursos son escasos. Precisamente este miércoles el presidente Duque aseguró que este es “el reto quizás más grande que vamos a tener en materia social”, por lo que pidió la articulación con alcaldes y gobernadores para focalizar las medidas para dicha población.

El Espectador consultó a los mandatarios locales de varios municipios ubicados en estas zonas de frontera para saber cómo están enfrentando la emergencia y cuáles son las peticiones que hacen al Gobierno nacional. Esto es lo que dicen. 

Jairo Yáñez, alcalde de Cúcuta (Norte de Santander)

Tras el cierre de la frontera son muy pocas las personas que atraviesan el puente a través del cordón humanitario que se dispuso, luego de la orden Presidencial. Solo las personas que tengan seguimientos médicos en Cúcuta pueden ingresar  al país.
Desde el comienzo de la crisis supimos que el cierre de la frontera traería inconvenientes en el sector comercial de la ciudad, por eso, de manera coordinada, creamos un grupo de trabajo entre la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría del Banco del Progreso, para minimizar el impacto negativo en ese  sector.
Lo anterior lo confirmamos en la reducción considerable en el intercambio comercial, puesto que Cúcuta era la despensa de la frontera con Venezuela. Sin embargo, en busca de soluciones, lideramos la creación de líneas de créditos especiales para los empresarios cucuteños y con el Fondo Nacional de Garantías buscamos ser garantes de los créditos que los ciudadanos adquieran.  

Mohamed Dasuki, alcalde de Maicao (La Guajira)

El tema de la frontera en gran medida ha sido importante. Pese a que esta es una frontera porosa que se hace muy difícil controlar, la Fuerza Pública trabaja duro y se abona que el Gobierno venezolano también decidió cerrarla.
Esto está golpeando a la economía local, Maicao ha sido históricamente una ciudad comercial que ha sabido sortear las dificultades que se han presentado, pero ahora es diferente y preocupa sobre todo el vendedor que sale al día a día.  Maicao tiene en su mayoría vendedores informales que no cuentan con más ingresos que lo que ganan a diario, por eso, esperamos que el presidente Iván Duque nos precise el tema de las regalías, ya que muchas personas nos están pidiendo esa ayuda. Aparte de eso, tenemos la población venezolana asentada acá, que supera las 100.000 personas. Estamos haciendo pedagogía, repartiendo información a la población por todos los medios sobre las prevenciones contra el COVID-19.

Jair Beltran Hinojosa, alcalde de Puerto Carreño (Vichada)
Desde el cierre de las fronteras  hemos venido haciendo un trabajo articulado con la fuerza pública  para reducir al máximo la entrada de migrantes, pues nosotros tenemos una frontera supremamente extensa: hay 42 sitios ilegales por donde las personas se pasan. En los municipios de fronteras se vive del comercio que acá se mueve mucho gracias a nuestros hermanos venezolanos que pasan a comprar víveres, artículos y electrodomésticos.

Tras el cierre, hemos reducido en un 90 % la entrada de migrantes. Prohibimos el ingreso de extranjeros y de personas por transporte terrestre al municipio.
En el tema de adulto mayor tenemos un “centro de vida” donde atendemos cerca de 70 abuelos. A los que pueden preparar sus alimentos se les entregó un kit de mercado para un mes.

Estamos a la espera de que se defina lo de los recursos que el presidente Duque dijo que iban a liberar para  atender la seguridad alimentaria de los más vulnerables.

Alirio de Jesús Vásquez, alcalde de Puerto Nariño (Amazonas)
Somos de los pocos municipios en Colombia que tienen frontera con dos países. Si bien la salida a Perú es mucho más cercana, lo cierto es que estamos preocupados por la entrada de alimentos desde Brasil y Perú. Nos abastecemos mucho de esos vecinos y a pesar de entender la necesidad de cerrar las fronteras, si esto dura mucho tiempo va a escasear lo básico y todo se pondrá más agudo.
Desde el martes 23 de marzo estamos trabajando en políticas enfocadas en los niños entre 0 y 15 años, y en los adultos mayores de 70, para que se mantengan aislados. Con la Gobernación del Amazonas vamos a unir esfuerzos para que ningún turista, nacional o extranjero, llegue mientras se normalizan las cosas.
Permanentemente dialogamos con las comunidades indígenas para que solamente venga una persona por familia al casco urbano a la hora de recoger alimentos. Así nos cuidamos entre todos, sin olvidar el mensaje enfático que le mandamos al Gobierno: la gente es vulnerable en la frontera.

Rubén Velásquez, alcalde de Puerto Leguizamo (Putumayo)
Por medio del documento 031 del 18 de marzo de 2020 decretamos la emergencia sanitaria en todo Leguizamo por seis meses prorrogables. Esto con el fin de tomar medidas administrativas y contractuales que eviten la entrada y propagación del virus. Cerramos el municipio, no puede entrar ningún nacional o extranjero, aunque sea de Putumayo.
El aeropuerto Caucayá no presta servicio desde el 20 de marzo, por este mismo lapso (seis meses), igualmente los puertos fluviales, salvo el Bongo Amarillo por temas de abastecimiento, a fin de cuidar las entradas con la frontera peruana. Desde ese mismo día del decreto se estableció que habrá plan de contingencia dentro de los hoteles; se cerraron los bares y clubes sociales; a las personas que atienden adultos mayores se les hace un tamizaje diario de su temperatura corporal, y se restringieron las visitas al Centro Carcelario Municipal Las Mercedes.

Jorge Luis Mendoza, alcalde de Leticia  (Amazonas)
Nuestra frontera con Brasil está totalmente cerrada. Ese tema nos tiene tranquilos, sin embargo, hemos decretado una serie de medidas para el cuidado interno de los leticianos. Además de autoaislarme, por estar reunido en el mismo espacio con el alcalde de Popayán, quien dio positivo en COVID-19, comenzamos con el Decreto 0035 del 17 de marzo de 2020, por medio del cual restringimos el ingreso al aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo; se prohibió el desembarque de pasajeros y el atraque de embarcaciones y se cerraron de forma temporal los bares, balnearios, piscinas, casinos y gimnasios.
Desde el 18 de marzo  decidimos declarar calamidad pública, pero sin decretar toques de queda. Es decir, entrarán en vigencia, por lo menos hasta el 30 de mayo, de no permitir el ingreso de menores de edad o mayores de 70 años a la plaza de mercado.

Carlos Penagos, alcalde de Mitú (Vaupés)
Somos conscientes de que si el coronavirus llega a nuestro municipio no vamos a contar con las medidas de protección y contención que tienen las grandes ciudades, lo cual sería un agravante porque podría pasar lo peor. A pesar de que la frontera que separa a nuestro departamento con Brasil no presenta novedades, está bastante alejada y está cerrada, tenemos comunicación constante con el general Zapateiro para estudiar otras medidas que no permitan la entrada o salida de las personas; los costos operacionales son altos y por eso toca ver qué tan viables son.
Estoy agradecido con nuestros ciudadanos, pues sin haber establecido un toque de queda obligatorio, los flujos de tránsito son mucho menores y hemos insistido en que todos trabajen desde sus casas y que no haya atención en la mayoría de establecimientos comerciales, al menos en los que no se vendan productos básicos farmacéuticos o alimenticios.

John Rosero, alcalde del Valle del Guamuez (Putumayo)
Estamos muy preocupados porque hay muchos pasos ilegales en el municipio de San Miguel, que es realmente cerca del Valle del Guamuez. Afortunadamente, en este momento la Policía y el Ejército están haciendo el respectivo control, pero al tener zona de río hay muchos lugares por donde la gente puede cruzar de manera ilegal.
Esto puede impactar de manera contundente la economía del municipio porque tenemos como base la interacción con Ecuador. Ya llevamos varios días con la frontera cerrada y prácticamente (ellos) son los que traen los recursos. En este momento lo único que tenemos abierto son los supermercados, de resto todo está cerrado.
No tenemos ningún caso reportado de COVID-19 pero sí tenemos un problema gravísimo, el dengue: tenemos más de 30 casos. Al declarar calamidad pública, estamos revisando cómo sacar recursos, porque al ser un municipio de sexta categoría, no tenemos los recursos suficientes.

Beyer Peña, alcalde de San Miguel  (Putumayo)
Entendemos que hay una excepción del Ministerio de Transporte frente al transporte de carga, debido a que no podemos quedar desabastecidos de víveres y medicinas.
Hay varios pasos irregulares y eso podría permitir que la pandemia llegue a nuestro municipio. A 40 minutos de la cabecera municipal, ya tenemos casos confirmados en Ecuador. Nosotros tenemos 116 kilómetros de frontera y vemos que muchos extranjeros quieren entrar a Colombia.
Hemos declarado calamidad pública en el municipio y emergencia sanitaria. Estamos contratando personal médico, especialmente enfermeras, para que nos ayuden en este corredor fronterizo a explicarle a las comunidades cuáles son las mínimas medidas de autoprotección.
En cuanto a la economía, San Miguel está sufriendo muchísimo, porque al ser un municipio fronterizo, vivimos del comercio internacional. Hoy estamos paralizados totalmente.

Anuar Fernando Tapias, alcalde de Unguía, Chocó Por ahora estamos en un proceso de gestión y contención, porque en nuestro municipio no tenemos casos. Estamos adelantando campañas de sensibilización, puestos de control en las entradas del pueblo. También las campañas que se adelantan desde la Secretaría de Salud, las EPS, IPS; intentamos prevenir con el lavado de manos, la utilización de tapabocas y aislamiento para las personas que tienen gripe. Igual nos estamos acogiendo al decreto presidencial de aislamiento.
En este momento en nuestro municipio no se consigue ni un tapabocas, no tenemos alcohol, ni gel antibacterial, no hay en el comercio. Estamos a 30 minutos de Turbo (Antioquia) y nuestro comercio principal es con ese municipio que cerró el paso por indicaciones del Gobernador. Ahora estamos utilizando lo que tenemos en la zona hasta que podamos ingresar productos.
Respecto a los alimentos, en estos momentos no tenemos desabastecimiento. Aunque tenemos frontera con Panamá, el comercio fluido es con Antioquia.

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