Fuente : Las2Orillas
Cerca de 50 mil campesinos de Caquetá, Meta y Guaviare se oponen a abandonar las tierras en las que han vivido por más de 30 años y ahora son zonas protegidas
Por: Edilberto Valencia | marzo 04, 2020
Son cerca de 50.000 campesinos asentados desde hace varias décadas en los parques naturales Tinigua y Picachos, entre los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare, que el gobierno nacional pretende desalojar de la noche a la mañana utilizando la fuerza pública y con el argumento de que están ilegalmente deforestando zonas protegidas.
Alrededor de 2.000 delegados de esos campesinos se reunieron con el gobernador Arnulfo Gasca Trujillo y representantes de las entidades regionales en la inspección de San Juan del Lozada, jurisdicción de San Vicente del Caguán, donde expusieron un pliego de peticiones de 13 puntos que básicamente exigen el retiro de la fuerza pública y el levantamiento de las medidas cautelares impuestas por la Fiscalía, medidas que están ahogando su economía y los está llevando a la quiebra.
Es un gravísimo problema social, cuyo epicentro es San Juan del Lozada, y los campesinos curtidos ya por la experiencia de muchos años de luchas, exigen al gobierno nacional la instalación de una mesa de concertación, a la mayor brevedad posible, en San Juan del Lozada y no en la Macarena, como lo propone el gobernador del Meta; el epicentro de la situación es el Caquetá, en San Juan del Lozada y los campesinos no quieren más reuniones en las cuales decidan por ellos con palmaditas en la espalda, posición que apoya irrestrictamente el gobernador Arnulfo Gasca.
Los Campesinos la tienen clara, después de haber abierto sus fincas con el sudor de sus frentes, después de haber trabajado por 30 o 40 y más años, ahora las multinacionales en asocio con el Gobierno Nacional y con la certeza de la existencia de grandes reservas petroleras en la región, pretenden desalojarlos, buscar mecanismos para legalizar la explotación de crudo en los parques nacionales y darle salida al proyecto ‘Tapir’ que consiste en la construcción de un oleoducto que pasará por Tinigua y Picachos, llevando el crudo de las cuencas cuencas petroleras del Caquetá y Putumayo hasta el océano Pacífico, para exportar directamente a China y Japón.
Todo este proceso que repetimos, los campesinos lo tienen muy claro, lo denunciaron en la mesa de trabajo con el gobernador del Caquetá, el alcalde de San Vicente, Julián Perdomo, el Obispo de la Diócesis, Francisco Múnera, el defensor del pueblo del Caquetá Gerney Calderón, eso sí con la ausencia del Gobierno Nacional y de Parques Nacionales, una muestra fehaciente de que los campesinos quieren dialogar, buscar soluciones concertadas al problema, antes de que se presenten vías de hecho que cambien totalmente el panorama.
En la actualidad hay concentraciones campesinas de apoyo en los municipios de El Doncello, San Vicente del Caguán, y en Cartagena del Chairá ya se concentraron más de 600 familias campesinas cocaleras que también protestan por el incumplimiento del Gobierno Nacional a los compromisos pactados relacionados con la sustitución de cultivos ilícitos.
La situación en San Juan del Lozada es muy grave, muy tensa, cualquier evento provocativo de parte de la fuerza pública o de los campesinos, puede generar violencia y eso podría unir a los campesinos del resto del Caquetá, como sucedió con las famosas marchas cocaleras y las marchas campesinas hace algunos años. El Presidente Iván Duque, con quien el gobernador Gasca Trujillo busca una cita inmediata, tiene la última palabra, tiene la histórica oportunidad de buscar y encontrar una salomónica situación al gravísimo problema, mientras tanto en San Juan del Lozada, miles de campesinos esperan una respuesta institucional: diálogo o vías de hecho.