LBM / Colprensa
Por : Germán Arenas
Debido a la situación humanitaria que ha puesto en peligro la vida de los campesinos, los indígenas y las mismas comunidades, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, denunció que en Putumayo se evidencia una débil capacidad de respuesta institucional para la prevención de violaciones de derechos humanos, debido a la falta de recursos.
Así lo advirtió al instalar la Séptima Mesa por la Protección a la Vida, en Puerto Asís, Putumayo, organizada con el propósito de promover la protección de los líderes sociales y defensores de derechos humanos en la región.
Sostuvo que los grupos que se disputan el control de los cultivos ilícitos, la infraestructura y los corredores de tráfico, son responsables de la dinamización de la economía del narcotráfico, y frente a esas organizaciones hay que cerrar filas desde lo institucional y la sociedad civil.
Llamó la atención sobre la necesidad de institucionalizar a la Unidad Nacional de Protección en los territorios, con una sede en Tumaco, Nariño, y realizar una sesión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas -CERREM- en Putumayo. “La UNP se debe ‘desbogotanizar’, se requiere un contacto directo con la comunidad para la efectividad de los mecanismos de protección”, precisó.
Frente a la posibilidad de que se reinicie la fumigación aérea en el país, Carrillo Flórez dijo que hay que acudir primero a la erradicación voluntaria, después pasar a la erradicación manual y tener como último recurso la aspersión con glifosato, respetando los procedimientos de salud y ambientales que delimitó la Corte Constitucional.
El Procurador alertó sobre demoras injustificadas para resolver los recursos de reposición de más de 2.246 familias suspendidas del programa de sustitución de cultivos, y de las 1.980 que están en validación para retirarse del mismo.
Concluyó que el Putumayo tiene todos los ingredientes para la receta de la paz. “Este departamento cuenta con liderazgos fuertes desde todos los frentes: mujeres, afro, indígenas y campesinos, y del apoyo de todos ellos depende la posibilidad de una paz territorial”.
Al final del desarrollo de la séptima mesa el procurador no dio declaración alguna debido a que fueron pocas o nada las conclusiones que del mismo evento se desprendieron como lo señalaron varios de los asistentes en especial los líderes sociales.
La repetición de la repetidera
Al término del evento la frase que se escuchaba de los asistentes era que esta reunión fue la mismas que todas “la repetición de la repetidera”, y nada nuevo en soluciones sobre todo para proteger la vida a los centenares de personas que se encuentran amenazadas de muerte por grupos armados ilegales, por el narcotráfico y desconocidos.
Igualmente se esperaba una acción más directa sobre el tema de la erradicación manual forzada a cultivos de matas de coca que hoy está generando una protesta social en el medio y bajo Putumayo, provocando fuertes enfrentamientos entre personal del ESMAD de la policía y campesinos.
Podemos concluir que la atención del evento se lo robo las desafortunadas declaraciones de la ministra del Interior Alicia Arango, cuando manifestó que en Colombia mataban a mas personas por robarles sus celulares que por ser lideres sociales.