Campesinos reclaman al Gobierno que cumpla con lo acordado en materia de sustitución de cultivos mientras continúan las tareas de erradicación forzada en varios municipios.
Los rezagos en la implementación del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Putumayo, que históricamente ha tenido una alta densidad de cultivos ilícitos, tienen al departamento al borde de una crisis social. De hecho, las movilizaciones y protestas de los campesinos en varios de los municipios ya han dejado enfrentamientos con la Fuerza Pública. El 25 de febrero, por ejemplo, 21 policías y erradicadores de cultivos de coca fueron retenidos por la comunidad en la vereda San Francisco, en zona rural de San Miguel. El reclamo de fondo es el mismo: dicen que los beneficios del Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y Las Farc, han llegado a cuenta gotas.
A los campesinos les preocupa que la erradicación no venga acompañada de programas para que las comunidades tengan fuentes de ingreso sostenibles, sobre todo, teniendo en cuenta que el gobierno del presidente Iván Duque fijó para este año una meta de erradicación de cultivos de 130.000 hectáreas, un 62,5 % más que en 2019, cuando la meta era 80.000. Por eso llevaron el tema este martes ante el encuentro de la Mesa por la Protección a la vida que se realizó en Puerto Asís, Putumayo, y que fue acompañada por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de la Verdad, ONU Derechos Humanos, autoridades locales y líderes.
Para el procurador general, Fernando Carrillo, es importante implementar un plan de choque con los compromisos del Acuerdo de Paz que están en el programa de sustitución de cultivos. “Hay que acudir primero a la erradicación voluntaria, después pasar a la erradicación manual y tener como último recurso la aspersión con glifosato, respetando los procedimientos de salud y ambientales que son necesarios… Los temas de sustitución de cultivos son importantes y se deben respetar los protocolos y condiciones impuestos por la Corte Constitucional”, dijo durante el encuentro al sostener que el Estado debe defender al eslabón más débil de la cadena, que es el campesino cultivador.
Desde el Gobierno insisten en que se están adoptando las estrategias necesarias para atender a los campesinos y dar soluciones a quienes no alcanzaron a entrar al programa. De ahí que el llamado de la ministra del Interior, Alicia Arango, fuera a unirse al diálogo social como una herramienta para construir acuerdos en armonía. Sobre el tema de seguridad en los territorios, Arango sostuvo que actualmente en Colombia hay 5.005 esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección para líderes sociales, lo que demuestra el compromiso del Gobierno.
En entrevista con El Espectador, Eder Jair Sánchez, líder de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos del Putumayo, explicó cuáles son las peticiones de los campesinos ante la crisis.
¿Qué peticiones llevaron ante la Mesa por la Protección?
Se establecieron cuatro mesas de trabajo para abordar la discusión: una sobre el tema del PNIS (que se dividió en dos: una para hablar de los incumplimientos al programa y otra para hablar de los que no están incluidos); otra para analizar la crisis humanitaria inminente; otra para los temas de impactos en el territorio frente a las petroleras y la presencia de los actores armados y, la última, sobre protocolos de seguridad y garantías para defensores de derechos humanos. De esas mesas salieron las conclusiones, el diagnóstico y la propuesta.
¿Cuál es la propuesta desde las comunidades?
El énfasis es en que hay incumplimientos, se ha avanzado lo mínimo y esos incumplimientos del Gobierno están generando de alguna manera señalamientos a la dirigencia social, porque los campesinos creen que los llevamos a un engaño, que nosotros los dirigentes los convencimos para que dejaran la coca y terminamos incumpliéndoles. Creen que tenemos parte de responsabilidad y nos dicen que es como si nosotros le hubiéramos hecho el mandando al Gobierno que les quedó mal. Por eso estamos en un alto riesgo quienes asumimos el liderazgo social, por los mismos incumplimientos del Gobierno, porque muchos campesinos consideran que fuimos complacientes o que los llevamos a ellos a que esto pasara.
¿Paralelo a la discusión siguen las movilizaciones en el departamento?
En este momento hay seis sitios de movilización: un grupo en el municipio de San Miguel, otro en el Valle del Guamuez, el más grande en PuertoAsís, uno en el corredor Teteyé, en Puerto Caicedo y el otro en Villagarzón. Mientras nosotros estamos dialogando la gente está en movilización. El Gobierno suspendió la erradicación forzada estos días a la espera de lo que pasara en la reunión del martes, en especial porque no querían que todo se centrara en el tema de la erradicación. Congelaron el tema, pero una vez se vayan las autoridades y los representantes de los organismos nacionales, sabemos que volverán. Y la gente no se va a dejar, los voceros de los campesinos dicen que ellos prefieren hacerse matar pero que no van a dejar que les arranquen los cultivos.
¿En estas protestas hay campesinos que están en el PNIS y otros que no?
En principio la mayoría son los que no están en el PNIS y le están pidiendo al Gobierno oferta institucional y alternativas. Son por lo menos unas 10 mil familias las que no entraron al programa. Pero también hay una parte de los que sí hacen parte y están pidiendo que les cumplan. Pero es claro, y les hemos dicho, que si no les cumplieron a los primeros, menos les van a cumplir a los nuevos o a los que quieren entrar. Lo que ha dicho el Gobierno es que no hay plata para hacer un nuevo PNIS. Entonces, la propuesta es que debe haber una oferta institucional que les permita decir: “listo no hay PNIS, pero vamos a ofrecer otros beneficios y garantías”. Estamos pidiendo una nueva propuesta que sea atractiva y que la gente erradique voluntariamente.
También se ha hablado de la aspersión aérea.
La Asamblea Departamental ya se pronunció y hay consenso de que acá no se va a permitir la fumigación. Esa va a ser la bomba de tiempo. Si eso ocurre, lo más probable es que la gente se movilice. El Putumayo siempre ha estado en contra de eso, además porque los más afectados van a ser los campesinos que no han tenido o no tienen coca porque sin importar cómo diseñen la fumigación, así sea terrestre, por los efectos de deriva les va a afectar a ellos.
¿En ese escenario, cómo se refleja la situación de seguridad por presencia de actores armados?
Todo esto va a ser un pretexto para que los grupos se fortalezcan porque mucha gente a la que le erradicaron —sobre todo la gente joven, los recolectores que son mas de 3.000—, en su desespero, va a terminar ingresando a estos grupos. Los ilegales van a aprovechar para decirles que sin armas los van a fregar y que el Gobierno los va a fumigar y los van a llevar a que se armen como única manera de defender los cultivos. Nos han dicho que están ofreciendo dos millones mensuales para quienes quieran ingresar a estos grupos, y con dos años de incumplimiento en el programa de sustitución, pues mucha gente puede unirse a estas estructuras armadas que se van a fortalecer. Ahora se están enfrentando entre ellos, los dos grupos más visibles son los que se hacen llamar La Mafia o los de Sinaloa, y el Frente Primero la Carolina, que se disputan el control de las zonas.
¿Cómo está la situación de los líderes sociales en la región?
Nosotros hicimos una caracterización y creamos perfiles de liderazgo. Los que tienen perfil más alto son más visibles y están más expuestos políticamente, tienen garantías y esquemas de seguridad. Pero lo que hemos visto es que la estrategia que están utilizando los actores armados es que están atacando a los liderazgos de bajo perfil, como a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Golpearlos a ellos nos vuelve vulnerables a todos porque eso genera pánico y miedo. Sabemos de muchos líderes que van salir de los territorios porque no aguantan la presión de los actores que los quieren ubicar en algún bando. Eso lo que hace es que debilita el movimiento social y el liderazgo. Nosotros no podemos pedirle a la gente que se quede y vemos que se va a venir una arremetida contra quienes no estén de acuerdo con estos grupos ilegales que están en disputa. Le estamos preguntando al Gobierno cómo va a contrarrestar esa situación. Además porque hay unas veredas en las que no hay conectividad y los actores ilegales aprovechan eso. En muchos casos nosotros nos enteramos de las amenazas o los asesinatos hasta dos días después de ocurridos.
¿Cuáles tendrían que ser las medidas inmediatas a adoptar?
Ya propusimos que se establezcan unos tiempos, un plazo de tres meses para definir metas e indicadores en términos de cumplimiento para ver los porcentajes de avance y hacer un balance. Es claro que las medidas que está tomando el Gobierno no son efectivas y tiene el reto de evitar que haya más desplazamientos, señalamientos y muertos, independientemente de que sean del PNIS o no, porque nosotros estamos viendo que están cayendo muchos campesinos.