Fuente : Semana
En 2016 ocho municipios amazónicos albergaban un poco más de un millón de vacas. Hoy ya son más de 1,6 millones. El crecimiento del hato ganadero en San Vicente del Caguán, Cartagena del Chairá, San José del Guaviare, La Macarena, El Retorno, Calamar, Miraflores y Solano es directamente proporcional a la deforestación en la zona más biodiversa del planeta.
Los incendios forestales que se vienen presentando al interior de diferentes Parques Nacionales Naturales no son accidentales. En la mayoría de casos obedecen a planes estructurados de grandes terratenientes y ganaderos que buscan acaparar tierras, a partir de la promoción de deforestación a gran escala.
«Quienes promueven los incendios son delincuentes que buscan destruir bosques y envenenar ríos para sembrar coca. Está plenamente establecido que el narcotráfico, la extracción ilícita de minerales y la deforestación con las cuales se financian los grupos armados organizados, son las principales amenazas a nuestro medioambiente«, indicóCarlos Holmes Trujillo, ministro de Defensa, quien la semana pasada culpó a las disidencias de las Farc de ser los autores de las conflagraciones ocurridas en los parques La Macarena y Tinigua.
Pero más allá de si son o no las disidencias de esta guerrilla, expertos urgen enfocar la mirada hacia lo que viene ocurriendo con el sector ganadero en la Amazonia colombiana. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), es uno de ellos.
«Me parece que señalar un solo responsable de la deforestación es desacertado, como se lo indicamos al ministro de Defensa. En este caso, creo yo, todos, absolutamente todos, tienen un pedazo de responsabilidad. Y en sus manos la solución», comentó Botero en su cuenta de Twitter.
El exdirector de la oficina territorial de Parques Nacionales en la Amazonia, dio a conocer algunas cifras del Inventario Bovino de 2016-2017 del ICA que dan cuenta de la relación existente entre el aumento del hato ganadero y la deforestación en la Amazonia colombiana.
En las estadísticas publicadas por Botero se aprecia, por ejemplo, que en el municipio de La Macarena, donde la semana anterior se registró voraz que consumió cerca de 500 hectáreas, de las cuales 150 o 200 fueron al interior del parque natural, pasó de tener 44.871 reses en 2016 a 148.249 en 2018, mientras que San Vicente del Caguán saltó de 612.573 a 831.586 y Cartagena del Chairá pasó de 129.391 a 232.653 vacas.
Entre tanto, San José del Guaviare saltó de 131.911 vacas en 2016 a 181.796 en 2018 y El Retorno pasó de 103.000 a 147.664. En ese mismo periodo, en Calamar incrementó el número de bovinos de 39.100 a 65.077, lo mismo que en el municipio de Miraflores en donde se pasó de 7.600 a 11.705 reses.
Estas estadísticas permiten identificar que luego de la firma del acuerdo de paz en 2016 y tras la salida de la guerrilla de las Farc de ese territorio, el hato ganadero se disparó en la Amazonia.
«Las vacas sí se están comiendo la Amazonia colombiana. ¿De quién son? ¿Quién las lleva, cría, vacuna, sacrifica, comercializa y consume?». Los interrogantes expresados por la bióloga Brigitte Baptiste en su cuenta de Twitter son legítimos y deben ser resueltos por las autoridades colombianas en vista, además, de que los operativos que hasta ahora ha adelantado el Gobierno, a través de la campaña Artemisa, han mostrado que los campesinos que han sido capturados no son más que ‘chivos expiatorios‘ de poderosos personajes como Gentil Duarte, uno de los líderes de la extinta guerrilla de las Farc y comandante activo la disidencia más grande del país, que ha vendio intentando ganar el apoyo de la gente bajo el discurso de ser el “verdadero Ejército del pueblo” y a través de la presión a los presidentes e integrantes de las juntas de acción comunal en varios municipios de Meta y Guaviare.
De hecho, en la mayoría de casos, los labriegos son dejados en libertad, bajo la condición de que no pueden volver a las zonas de parques. Sin embargo, desde la Fiscalía informaron que están investigando a 120 personas por delitos asociados a la deforestación en la Amazonia, entre estos a varios ganaderos que, al parecer, han comercializado más de 200 cabezas de ganado dentro de los parques nacionales.
«La hipótesis más fuerte que tiene la Fiscalía es que algunos ganaderos se venden el ganado entre ellos. Y que lo que hacen es talar para meter vacas; luego le venden la tierra a otro y este otro tala y mete vacas, y así, con el objetivo de degradar el estatus ambiental de la tierra, que está en zona protegida, e irla legalizando», señalaron Juanita Vélez en un artículo publicado en la Silla Vacía, en el que además dan cuenta de que como la ley no prohíbe la compraventa de tierras en los parques, si existe un justo título, estos pueden enajenarse el derecho de dominio. Así entre los colonos firman carta-ventas de baldíos indebidamente ocupados, que posteriormente validan con las juntas de acción comunal de las veredas y luego son autenticados en notarías.
«Ese eslabón es el que más puede comenzar a explicar qué está pasando en la región y lo que hasta ahora tiene la Fiscalía ya muestra lo oscuro que podría llegar a ser», apuntaron.
Lo que más preocuopa es que esta red de negocios ilegales de tierras y ganado no solo opera dentro de los parques nacionales, sino también en otras áreas de Caquetá, Meta y Guaviare, y estaría respaldada por las tres disidencias que coordina Gentil Duarte, que suman, al parecer, 252 hombres en armas y 420 de apoyo.
Argumento que corrobora Carlos Castaño Uribe, exdirector de Parques Nacionales, quien le indicó a la Silla Vacía que existe una relación estrecha entre la disidencia y colonos (acaparadores), «quienes se benefician mutuamente. Las disidencias les cobran impuestos a los colonos y al tiempo protegen su propiedad sobre la tierra”, dijo.
De esta forma, las disidencias habrían entrado a influenciar a los colonos de los parques indicándoles que para poder seguir viviendo dentro de los parques deben apoyar su causa, en vista de que -según ellos- el Gobierno los quiere sacar. Y fue por esa razón que le ordenaron a los campesinos no tener relación con los guardabosques, a quienes finalmente amenazaron y terminaron sacando de las áreas protegidas.