Fuente : Germán Arenas / LBM. Colprensa
En el mes de julio de 1996 los campesinos dedicados a cultivar matas de coca en el medio y bajo Putumayo iniciaron una serie de movilizaciones hacia los cascos urbanos de Mocoa, Puerto Asís, Villagarzón, Orito y Valle del Guamuez, lo que denominaron marchas campesinas
Como resultado de estas manifestaciones y los compromisos que adquirió el gobierno del entonces presidente Ernesto Samper, se firmó el 20 de agosto de 1996 el “Pacto de Orito”, acta de acuerdos que contemplaba la inversión social y un plan de sustitución, documento firmado por Eduardo Díaz Uribe, hoy actual Director de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Contra las Drogas. En un acto de confianza, los campesinos erradicaron sus plantaciones de coca esperando el cumplimiento por parte del Estado, inversión que llegó sin concertación y desconociendo las vocaciones productivas del territorio y de las familias o jamás llegó, por lo que se retomaron los cultivos de coca como forma de subsistencia económica.
22 años más tarde las movilizaciones en Putumayo comenzaron de nuevo un 25 de julio del 2018, donde se sintieron con mucho rigor, especialmente en el Bajo Putumayo y en el corredor petrolero Puerto Vega – Teteteyé, en Puerto Asís.
Dias más tarde una persona resultó herida tras los enfrentamientos con el Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (Esmad) en el municipio de San Miguel, en el sur del departamento y en la frontera con Ecuador.
Esta movilización comenzó con el argumento de que no se avanzaba en el acuerdo para sustituir los cultivos de hoja de coca para uso ilícito que están construyendo el Gobierno Nacional y la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo desde 2014.
Tuvieron que realizarse 54 sesiones para subsanar dos diferencias: si los beneficiarios de los programas serán únicamente las familias cocaleras o todas las personas que vivan en una vereda a intervenir, y si primero entran los programas del gobierno y luego se sustituye la hoja de coca o viceversa.
Otro de los motivos que impulsó la protesta es que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó la fumigación manual de los sembradíos con glifosato. Los campesinos aseguran que ya se reactivaron las erradicaciones forzadas, mientras que el gobierno aclara que no se está erradicando, sino únicamente destruyendo laboratorios de coca pero que “no renuncia a la erradicación forzosa de cultivos de uso ilícitos, salvo cuando haya un acuerdo”, como quedó plasmada en un acta de acuerdo que hubo del 2 al 4 de agosto de 2018, para buscar una conciliación.
Eduardo Díaz, el entonces director de la Estrategia Integral para la Sustitución de Cultivos Ilícitos fue quien lidero por el lado gubernamental esos diálogos, él mismo que en agosto de 1.996 firmo los acuerdos para terminar con las marchas campesinas.
En 2019 las protestas sociales por parte de los campesinos vuelven a las veredas cocaleras donde los erradicadores contratados por el Gobierno Nacional hacen presencia para erradicar en forma forzada hectáreas de cultivos ilícitos acompañados por el ejército y la policía de Antinarcóticos y ESMAD.
Esas protestas y confrontaciones comenzaron a darse desde el 28 de marzo y se extendieron hasta finales de octubre y se retomaron a mediados del mes de febrero del 2020.
24 años de lucha infructuosa
Desde 1996 hasta la fecha 24 años después la historia sigue siendo la misma, pero con nuevos actores y con más incumplimientos por nuevas promesas.
El gobierno departamental en su afán de buscarle salida a la problemática social que atraviesa el departamento por la erradicación forzada y los enfrentamientos de los campesinos con la Fuerza Pública, ha buscado espacios con el Ministerio del Interior, para suspender la erradicación mientras se busca solución o planes frente a familias que no se acogieron al PNIS implementación a los planes de contingencia cuando hay desplazamiento al aplicar la erradicación forzosa y rutas y fechas puntuales para verificar los temas vinculadas al PNIS con su plan de acción PISDA y frente al PDET igualmente con su PATR.
Pero el Gobierno Nacional, ante esto ha mostrado negativas y la postura es continuar con la erradicación forzada bajo la premisa que el programa PNIS está algo lento pero que se va a cumplir y que el programa PDET se está implementando en el departamento con miles de millones de pesos.
Para la Red de Derechos Humanos del Putumayo, como para las Organizaciones Sociales del departamento, este escenario es la repetición de la repetidera por 24 años y la última reunión celebrada el pasado 27 de febrero en Puerto Asís, para tratar que los campesinos levantaran bloqueos en varios puntos del departamento termino siendo un saludo a la bandera como coincidieron Wilmer Madroñero, de la Red de Derechos Humanos del Putumayo, Yuly Paola Artunduaga de las Organizaciones Sociales del Putumayo y el diputado Yule Anzueta, quienes en los últimos 5 años han estado de frente en los procesos para buscar la erradicación manual voluntaria concertada y discutiendo la articulación de los programas del Estado para la conversión de lo ilícito a lo licito.
El último intento para buscar la suspensión momentánea de la erradicación mientras se cumplen los puntos acordados desde el pasado se dará este 3 de marzo en Bogotá, cuando el gobernador de este departamento al sur de Colombia, Buanerges Rosero Peña, se reúna con el presidente Iván Duque y varios ministros para plantear la problemática y las eventuales soluciones.
Mientras se da la reunión y se espera los resultados de la misma, los campesinos continúan en asamblea permanente lo que se puede convertir en una bomba de tiempo y nuevos choques entre los labriegos y la Fuerza Pública, que pueden generar heridos, y retenciones por parte de los enfrentados como viene ocurriendo desde hace muchos años atrás.-