La fumigación aérea alienta la cacerola cocalera


Fuente: LaSillaVacia

El borrador de decreto del Gobierno de Iván Duque para retomar la fumigación aérea prendió la mecha para que los cocaleros se metan con más ganas al paro nacional, que tiene citada una movilización el próximo martes.

Aunque la cacerola ya se ha sentido en municipios como Tumaco, en el Pacífico; Maicao, en La Guajira; o Barrancabermeja, en Santander; con esto puede resonar en zonas más alejadas, porque se suma a los incumplimientos del Gobierno con la sustitución de coca.

Eso puede pasar así el decreto sea apenas el primer paso para fumigar y aunque sólo hasta finales del año podría volar el primer avión.

La mecha

Las principales organizaciones de cultivadores de coca, una base tradicional de las Farc que se organizó con más fuerza desde el Acuerdo de Paz, ya estaban sintonizadas con el momento de descontento social que vive el país e incluso algunas se movieron en las marchas del año pasado. Pero con el decreto planean hacerlo con más fuerza, engordar las protestas del paro nacional y ganar vocería en el Comité Nacional del paro.

“La gente ya está organizada y dispuesta a salir aquí. Siguen los retrasos con la sustitución y lo del decreto ya fue el tope”, nos dijo Wilmar Madroñero, vocero de Marcha Patriótica y quien hizo parte de la Mesa Regional de Organizaciones Sociales de Putumayo, Meros, que protagonizó el paro agrario de 2013 que paralizó a ese departamento.

Él, y dos líderes más de la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) en Putumayo, que nos pidieron no ser citados porque tienen problemas de seguridad, coincidieron por aparte en que se van a sumar a las marchas del 21E y en que las organizaciones cocaleras del departamento también tendrán una reunión el 30 de este mes para definir una agenda de marchas cocaleras.

Esperan mover a unas cuatro mil personas, que serían tres mil más de las que movilizaron el 21N en la marcha que comenzó en Puerto Caicedo y llegó hasta Villagarzón, municipios cocaleros del tercer departamento con más cultivos del país.

En Nariño, el departamento con más coca, y Cauca, el cuarto, también están calentando motores sumándose a la agenda del comité nacional del paro.

“Hemos estado en reuniones en el Cauca y en otras a nivel nacional mirando cómo participamos en las jornadas del paro, principalmente por el incumplimiento del Acuerdo y ahora por ese decreto que sacó el Gobierno”, nos dijo Leider Valencia, coordinador de Coccam en Valle, Cauca y Nariño.

Nos contó también que ya tienen cuadrada una reunión, el 26 de enero, para “ir moviendo personal y cuadrar toda la agenda de movilización”.

“No lo pensamos hacer como un paro cocalero, porque la aspersión no solo afecta cultivos de coca sino de pancoger, por eso articulamos con otros procesos sociales. Todo en conjunto con el paro nacional”, dice Valencia.

En Norte de Santander, el segundo departamento con más coca, la organización que tradicionalmente mueve a los cocaleros (concentrados en el Catatumbo) es Ascamcat. Ya dijo que van a salir el 21E, pero está muy dividida y posiblemente no logré impulsar tanto las marchas.

En cambio Cisca, afín al Congreso de los Pueblos y que le ha quitado base a Ascamcat, se va a movilizar y sacar a las familias cocaleras del Catatumbo a protestar en puntos estratégicos de esta subregión, como lo hicieron el año pasado.

A esos planes se suma que en estos cuatro departamentos, como lo mostramos, los nuevos gobernadores están abiertamente en contra de la fumigación con glifosato, por lo que esa movilización cocalera tendría su espaldarazo, o al menos no su oposición.

Por ejemplo, en noviembre el entonces gobernador electo de Putumayo, Buanerges Rosero (ASI), firmó un compromiso con las organizaciones que promovieron las marchas allá -como Marcha Patriótica, Anuc, Meros y Coccam-, que incluye “el apoyo a la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito como la única alternativa que se logre para evitar la fumigación y erradicación forzosa”.

Igual pasa en Nariño, donde el gobernador Jhon Rojas Cabrera (el primero que no es de izquierda en más de una década), no solo hizo campaña con un discurso anti glifosato sino que dijo en su discurso de posesión que se oponía a la fumigación y lo ha reiterado en medios nacionales.

Hace una semana dijo en Blu Radio que con el uso del glifosato (con fumigación manual) “no se ha producido una disminución sustancial de los cultivos. Hay que reforzar y concentrar las reacciones en la sustitución y erradicación”.

También en Cauca, donde el primer gobernador afro de su historia, Elías Larrahondo, dijo en campaña y después que allí aceptará la sustitución, no los aviones.

A pesar de que el borrador de decreto ya calentó los ánimos, para el Gobierno la percepción es que el paro está dormido, como supimos por una alta fuente de Presidencia. Creen que, así se sumen más cocaleros, las marchas serán menores que las del año pasado, y su estrategia se concentra en la ‘Conversación Nacional”.

Como nos dijo Diego Molano, coordinador de esa ‘Conversación’, “en una de las mesas podría abrirse un espacio de conversación de este tema (el decreto)». Es decir, no tendrían una fórmula diferenciada para bajarle la caña a las marchas de los cocaleros.

Igual falta para los aviones

El borrador de decreto puede recibir comentarios de la ciudadanía hasta el 30 de enero, y solo saldrá en firme cuando el Gobierno los responda, pero eso no es lo único pendiente.

También faltan los conceptos que deben dar el Instituto Nacional de Salud, INS, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, Anla, sobre el programa de aspersión que espera reanudar la Dirección de Policía Antinarcóticos gracias al decreto.

Ambos conceptos favorables son obligatorios para volver a fumigar y en ninguno pinta fácil el examen.

El INS ya dejó claro que existe relación entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin en el informe que preparó para el Ministerio de Salud, para la audiencia de la Corte Constitucional en la que Duque le pidió al tribunal que rebajara sus exigencias para el uso del químico.

La Anla, si bien no tiene un antecedentes similar y el 30 de diciembre arrancó a revisar una solicitud de modificación del Plan de Manejo Ambiental que tenía la Policía Antinarcóticos, puede demorarse más de los 45 días hábiles que usualmente toma para dar una licencia ambiental, dada la magnitud del programa.

Sólo con estos conceptos, el decreto y su reglamentación, el Consejo Nacional de Estupefacientes se reuniría a tomar la decisión final, algo que con los demás pendientes difícilmente pasará antes de junio.

A pesar de que en el Consejo el Gobierno tiene las mayorías, también hay voces críticas como la de la Procuraduría, como explicamos, por lo que la discusión tampoco será tan fácil. Eso también depende, por lo menos en parte, de quién quede en el Ministerio de Salud, pues en el Gobierno Santos fue líder en parar la aspersión.

Aunque en el Gobierno son conscientes de los costos sociales de retomar la fumigación, según una fuente que conoce de primera mano el manejo del tema en el Ministerio de Justicia y que no puede ser citada porque sólo está autorizada para hablar la ministra, Margarita Cabello, la aspersión es una de las principales apuestas de Duque este año.

Lo es no sólo por su meta de reducir en un 50 por ciento el área sembrada de cultivos para finales de 2022, sino porque “es un año en el que Estados Unidos estará muy pendiente, con Trump en campaña. Nos genera demasiada presión”.

Aunque igual Duque ya saca pecho porque el año pasado la Policía Antinarcóticos logró el récord histórico de erradicación de arrancar 100 mil hectáreas (lo máximo eran 94 mil), “nada muestra que nos estamos moviendo más que con el glifosato, una estrategia en la que siempre ha puesto todos los huevos Estados Unidos”, nos dijo la misma fuente.

Mientras tanto, los cocaleros tienen todos los huevos puestos en el paro.


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