Mocoa/Colprensa
por: Germán Arenas Usme
Las organizaciones sociales del departamento del Putumayo han decidido unirse a la marcha nacional de este 21 de noviembre apoyando el paquete de reclamaciones de las reformas que afectan también a los habitantes de este departamento y presentando sus propias peticiones desde el territorio.
En tal sentido cerca de mil 500 campesinos, iniciaran una marcha que partirá mañana 21 desde Puerto Caicedo y concluirá en Villagarzón, donde se mantendrá concentrados hasta el 23 de noviembre y luego que sostengan una reunión con los mandatarios electos (gobernador, alcaldes) de las pasadas elecciones del 27 de octubre.
La marcha se ha denominado “Marcha por la esperanza, por la vida el territorio y la paz”, donde los participantes reclamaran al Gobierno Nacional el cumplimiento de varios puntos entre ellos el del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el tema de la erradicación forzosa a los cultivos de matas de coca, anuncio de fumigaciones con glifosato, por la problemática minero-energética y ambiental, entre otras.
Igualmente las comunidades indígenas de este territorio al sur del país que están representadas en quince pueblos hacen sus propias reclamaciones al gobierno del presidente Duque; reclamaciones que se centran desde el mismo respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos pactados con el Gobierno Nacional, luego de las jornadas de protestas realizadas en el primer semestre del presente año.
Este 21 de noviembre, tanto el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) como la Organización Zonal Indígena del Putumayo (OZIP) se unen al gran Paro Nacional por la Defensa de los Territorios y la Paz, donde participan sectores sociales como campesinos, maestros, estudiantes y trabajadores.
La Minga del Putumayo -que representa a indígenas de los pueblos Cofán, Awá, Pastos, Inga, Yanacona, Coreguaje, Kamentsá, Siona y Kichwa- empieza a fortalecerse nuevamente. Según Pablo Jamioy, coordinador del proyecto Madre Tierra en la OZIP, “no hay garantías de protección territorial por parte del Gobierno Nacional, en su lugar, avanza la explotación de recursos naturales como petróleo, oro, material pétreo, bosques, agua, entre otras problemáticas sentidas por los pueblos indígenas”.
El 10 de abril el viceministro para la Participación e Igualdad de Derechos del Ministerio del Interior, Carlos Soler, instaló la mesa de diálogo con la Minga del Putumayo, pero al día de hoy, no se ha avanzado. Los líderes indígenas ya habían anunciado Asamblea Permanente después de la Semana Santa y se encuentran bastante molestos con el Gobierno Nacional ya que, “primero, nos mandan funcionarios que no tienen ninguna capacidad de decisión y segundo vienen a contarnos cuál es la oferta institucional pero no a dialogar sobre las propuestas y problemáticas que tenemos”, dice Álvaro Cruz, vicepresidente de la OZIP.
Los profesores mediante la asociación de educadores del Putumayo (ASEP), también harán sus propias reclamaciones aparte de las que plantea FECODE.
Julieta Salcedo, presidenta de la Asep, indico que en el departamento del Putumayo, se reclamara al Gobierno Nacional que se le haga una inmediata intervención al Programa de Alimentación Escolar PAE, que ha presentado diversas dificultades durante los últimos 8 años. Además que se implementen por parte de la Unidad Nacional de Protección UNP, esquemas de seguridad a por lo menos 16 docentes amenazados de muerte.
Las peticiones de los indígenas no son pocas: la creación de una oficina territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en el Putumayo; garantizar la reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a las comunidades indígenas del Putumayo; garantizar la efectividad y vinculación de la Consulta Previa en los megaproyectos minero-energéticos; que les otorguen facultades de autoridad ambiental; y el cumplimiento de la sentencia que convierte a la Amazonía en sujeto de derechos especiales para derogar la figura de Distrito Minero del departamento de Putumayo y declararlo territorio de conservación y protección.
Por su parte la Sociedad Civil con sede en Mocoa, a través de Ramón Apraez, líder comunal señalo que ellos también estarán presente en la marcha con reclamaciones puntuales como son: La demora en el tema de la reconstrucción de Mocoa, la falta de un PBOT, la falta del suministro de agua potable y las amenazas de muerte de que son varios dirigentes comunales en el departamento sin que hasta la fecha reciban ningún tipo de protección del Estado.
Igualmente los jóvenes en especial los estudiantes del Instituto tecnológico del Putumayo ITP, estarán presentes en la jornada con una petición puntual y es buscar que se acabe la inestabilidad e irregularidades que están ocurriendo en la Institución, así lo manifestó Luis Enrique Rosero, estudiante de Ingeniería Ambiental.
“Nuestro ITP ha sido salpicado por la ambición del poder y esto ha hecho que en 25 años nosotros todavía no hayamos podido avanzar como una Institución de Educación Superior, es muy triste ver como gente que todavía va al Instituto, todavía piensa que es un colegio”.
“Estos escenarios promueven precisamente el pensamiento crítico hacia los problemas regionales, y puntualmente locales que estamos viviendo en el ITP”. Puntualizó Rosero.
Por su parte las mujeres del Putumayo, representadas en la Alianza Departamental “Mujeres Tejedoras de Vida”, se suman a la jornada también con sus propias manifestaciones como son el incumplimiento del gobierno departamental en asignar el presupuesto a la política pública de Equidad Igualdad de Género para las mujeres de este departamento.
Igualmente no se ha cumplido con la creación de la secretaria departamental de la Mujer y Género.
Por la falta de cumplimiento a la ley 1257. (Creación de la Casa de la Mujer)
Igualmente por los 23 casos de feminicidios ocurridos durante el presente año y que aún están sin resolver por parte de las autoridades competentes.
Igualmente por los suicidios de jóvenes y la poca atención de las instituciones a la grave situación de violencias y drogadicción que vive el Putumayo.
Fátima Muriel, presidenta de la Alianza, argumenta que hay otras peticiones y reclamaciones por casos que están afectando a las mujeres y que pasan ignoradas por las entidades y autoridades competentes.
Garantías de la marcha
Las autoridades civiles como militares y de policía garantizan la participación de la jornada de la marcha en el Putumayo, y por lo cual ha dispuesto de un dispositivo de seguridad para evitar cualquier tipo de alteración que atente la marcha como tal.
Sorrel Aroca, gobernadora de este departamento hizo un llamado a que se participe pero en una forma pacífica y con mucho respeto y no se permita que ninguna persona trate de alterar la jornada con acciones vandálicas. “se puede hacer uso del derecho de protestar sin necesidad de tomar vías de hecho o de violencia. Nosotros como Gobierno Departamental les brindamos las medidas legales para su participación”, señalo la mandataria.
Los alcaldes de Mocoa y Puerto Asís, las dos ciudades más importantes del departamento adoptaron medidas mediantes decretos municipales donde se implementa la ley seca desde el 20 desde las 6 de la tarde hasta el 22 de noviembre a las 6 de la mañana, igualmente se prohíbe el porte de armas de fuego así tengan salvo conducto y otras disposiciones.
El general Yuber Aranguren, comandante de la Brigada 27 de Selva, indico que cuenta con una tropa superior a los 7 mil soldados que estarán monitoreando permanente la jornada para evitar alteraciones por parte de infiltrados que quieran aprovechar la jornada para alterar el orden público camuflados en las marchas que se cumplirán la mayoría de los municipios de esta región.
“Tenemos información de inteligencia militar que disidentes de las Farc, quieren sabotear la protesta con atentados a las infraestructuras petroleras y viales del departamento y con ataques a la fuerza pública”, señalo el mando militar.
Indico que en días pasados se ubicó un caleta en el municipio de Villagarzón con 2 mil 9 artefactos explosivos que al parecer iban hacer utilizados el día de la protesta.
La demás fuerzas públicas que se encuentran en acuartelamiento de primer grado y organismos de socorro también se encuentran disponibles para el día 21 de noviembre.
En la capital del departamento se han dispuesto 4 puntos de concentración ubicados en el sector de la Reserva, Rumbayaco, La Peña, y barrio Jardín para culminar en el parque General Santander.