Detrimento patrimonial de $2.170 millones en Puerto Caicedo Putumayo


Via Paisajista Puerto Caicedo Putumayo/Colprensa

Fuente : LBM

Mocoa/Colprensa

Una visita de la Contraloría al proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, en Puerto Caicedo Putumayo, encontró una obra inconclusa y desfinanciada.

Causa de ello es que la administración municipal, el contratista y el interventor no efectuaron un análisis serio de los estudios y diseños que soportaban las especificaciones técnicas de la obra.

Esta situación llevó ejecutar ítems no previstos, como acometidas domiciliarias hidráulicas, invirtiendo así un 33% del presupuesto destinado para la ejecución del contrato.

Según la Contraloría evidenció una inadecuada gestión de la interventoría y supervisión, que aprobaron modificaciones en las cantidades de obra que afectaban el presupuesto del proyecto, quedando este sin recursos suficientes para su terminación.

El ente fiscal señalo en su informe que a obra de infraestructura, financiada con recursos de regalías, que se encuentra inconclusa y no presta servicio integral a la comunidad y donde se calcula un detrimento patrimonial de $2.170 millones de pesos.

Esta vez, los perjudicados son los 14 mil habitantes del municipio de Puerto Caicedo, bajo Putumayo, que están viendo frustradas sus esperanzas de recibir una buena cantidad de turistas para admirar lo que sería la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, dada que esta hoy no es más que un fallido proyecto.

El riesgo es que se terminen perdiendo buena parte de los recursos de regalías aportados para esta obra por el municipio y el departamento de Putumayo, que para llevar a cabo el proyecto suscribieron en marzo de 2013 un Convenio Interadministrativo, por un valor de $2.477 millones entre el entonces alcalde Buanerges Rosero Peña y el gobernador de la época Jimmy Diaz.

Para hacer realidad el proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, el alcalde Peña Rosero, suscribió el contrato de obra pública No. 146 del 27 de mayo de 2013, por un valor de $2.359 millones y un plazo inicial de ejecución de 6 meses. El contratista alcanzó a recibir un anticipo de $1.179 millones.

Sin embargo, el contrato se encuentra suspendido desde el día 13 de Julio del año 2015, por un término indefinido y lo que aspiraba a ser una floreciente infraestructura turística está en veremos y es una vía inconclusa.

Así lo determinó una Actuación Especial de Fiscalización que realizó la Unidad de Regalías de la Contraloría General de la República a los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en el departamento de Putumayo.

Este hecho, se presenta como consecuencia de una gestión antieconómica e ineficaz que genera como resultado un menoscabo en el patrimonio público confiado a la administración municipal, indicó la Contraloría.

El hallazgo fiscal detectado aquí, de $2.170 millones, que tiene también incidencia disciplinaria, fue declarado de impacto nacional por el despacho del Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, y en esta condición corresponde ahora a la Unidad de Responsabilidad fiscal de Regalías adelantar la correspondiente investigación.

Resultados de la inspección física de la CGR El organismo de control realizó una inspección física al proyecto y lo primero que encontró es que el avance físico de la obra corresponde al 60% y no al 98.54% (como se indicó en el informe de interventoría No. 8 de 2015).

La cifra no coincide porque que existen capítulos contemplados en el presupuesto que aún no han sido ejecutados y representan el 40% aproximadamente del total del proyecto, tales como: cubiertas, parque y accesorios, ornato y arborización, mampostería e instalaciones eléctricas.

De igual manera, producto de la revisión documental del proyecto se observó que este, desde su aprobación, presentaba deficiencias en los estudios y diseños relacionadas con la estabilización del suelo, conllevando esto a ejecutar ítems no previstos, como acometidas domiciliarias hidráulicas, lo que llevó a invertir un 33% del presupuesto destinado para la ejecución del contrato, produciendo un desbalance en el presupuesto inicialmente proyectado, hecho que ocasionó la imposibilidad de ejecutar los capítulos relacionados con el componente paisajístico.

La Contraloría determinó que no se efectuó una revisión previa de los estudios y diseños, los cuales fundamentaban las especificaciones técnicas de la obra que se iba a construir.

Suspensión no podía ser indefinida

Por otra parte, se observa por parte de la Contraloría que el día 13 de Julio del año 2015 se suscribió el acta de suspensión No.3, sustentada en “problemas de orden público e invierno que no permiten el avance de obra”.

Esta suspensión fue acordada entre las partes por un término indefinido, a partir del día hábil siguiente a la suscripción del acta en mención. Frente a este hecho, la Contraloría considera que lo convenido contraviene abiertamente la normatividad existente en materia de contratación estatal, dado que, como lo estable el Consejo de Estado en la sentencia 16431 del 28 de abril de 2010:

“La finalidad de la suspensión del contrato estatal, como medida excepcional, está encaminada a reconocer la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público que impiden la ejecución temporal del negocio jurídico, y es precisamente por ese motivo que la misma no puede ser indefinida, sino que debe estar sujeta al vencimiento de un plazo o al cumplimiento de una condición. Por lo tanto, la suspensión no adiciona el contrato en su vigencia o plazo, sino que se delimita como una medida de tipo provisional y excepcional”.

Adicionalmente se observa que la administración departamental y municipal no dieron cumplimiento a las obligaciones establecidas en el convenio y contrato celebrado, y a la fecha no han adelantado ninguna gestión tendiente a dar solución a la problemática detectada.

El proyecto requiere recursos adicionales

Es importante resaltar que el proyecto de construcción de la Vía Paisajística sobre la Avenida del Río, en su estado actual, requiere de recursos adicionales con fin de dar cumplimiento a la meta física que se le estableció, teniendo en cuenta que se está frente a una obra con un avance físico del 60% y financiero del 89%, porcentajes calculados por la Contraloría con base en los comprobantes de egreso y acta de entrega parcial No.1 suministrados por la administración municipal.

A propósito, la Contraloría estima que no recibió información precisa y completa, lo cual configura una obstrucción al ejercicio del control fiscal y es susceptible de las sanciones establecidas en la Ley.

La CGR comunicó las observaciones encontradas en esta Actuación Especial al Alcalde Municipal de Puerto Caicedo, Hugo Adrián Corrales Gallego.


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