Cinco departamentos, en riesgo fiscal para las elecciones regionales

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La Contraloría General de la República elaboró el mapa con mayor riesgo electoral en el país.

Para estas elecciones la novedad será la participación en la contienda de las desmovilizadas FARC. Foto: Jaime Moreno

La Contraloría General de la República elaboró lo que denominó el mapa de riesgo fiscal electoral, es decir cuáles son los departamentos y municipios del país en donde el erario corre un mayor riesgo de terminar en manos de los políticos en la presente campaña.

En dicho croquis se aprecian los departamentos y municipios que están en riesgo alto, medio y bajo.

Según el reporte entregado por la Contraloría, en riesgo alto están cinco departamentos, mientras que los municipios en esa categoría son 253.

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A nivel departamental, para el ente de control Fiscal están en riesgo alto Bolívar, Boyacá, Cesar, Putumayo y Sucre.

En ese orden de ideas, Córdoba y Boyacá son los departamentos que tienen el mayor número de poblaciones en riesgo fiscal electoral, con 24 cada uno. Sin embargo, hay que destacar que en el primero de los mencionados esa cifra representa el 80 por ciento de las poblaciones cordobesas. Con 19 está Magdalena y con 18 Cesar. Para la Contraloría, en riesgo bajo solo están Atlántico, Guaviare, Huila, Meta y Risaralda

En lo que tiene que ver con los municipios, a juicio de la entidad, el que tiene el mayor riesgo es Montería, seguido de Chiriguaná (César), Chivolo y Ciénaga en Magdalena.

Cómo se elaboró

El mapa corresponde a un cruce de variables que determinó la Contraloría y que tienen que ver con aspectos como el manejo que ha tenido una administración local o regional de los recursos que percibe, pero también teniendo en cuenta asuntos como denuncias de trashumancia y de incremento del censo electoral.

Por eso la Contraloría examinó los 32 departamentos, más Bogotá, y los 1.122 municipios el valor de los proyectos aprobados, la contratación directa, la proporción del mayor contratista con respecto del total de la contratación, el exceso de recursos que puedan superar el límite de gastos y la existencia de acuerdos de reestructuración, entre otros.

Llamó la atención de los investigadores la contratación con entidades sin ánimo de lucro, como ONG.

Como la Contraloría no puede hacer un control previo sino posterior, le está apostado fundamentalmente a promover las veedurías ciudadanas.

En ese sentido está capacitando a la ciudadanía, con el apoyo del Consejo de Estado y el Consejo Nacional Electoral (CNE), para hacer una correcta veeduría y posteriormente denunciar.

Fuente : ElTiempo

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