Ofensiva contra el secuestro y la extorsión dejó 80 capturas

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En consecuencia con los lineamientos Institucionales frente a la lucha de los delitos contra el secuestro y extorsión de la Policía Nacional y el plan choque presidencial “EL QUE LA HACE LA PAGA” en su cuarta fase denominada “Construyendo seguridad”, el Gaula Putumayo en coordinación con la Fiscalía tercera (3) especializada Doctor Oscar Mauricio Ortega Rivera, con el objetivo de ejecutar procesos investigativos y operativos que permitieran recuperar la tranquilidad de la ciudadanía que habita en el Departamento del Putumayo, se logra la captura de cuatro (4) sujetos en diferentes partes del País (Soacha – Cundinamarca, la Dorada Caldas y Florencia Caquetá), quienes tenían vigente las respectivas ordenes de captura por el delito de extorsión y concierto para delinquir, emanadas por el juzgado segundo penal municipal de Puerto Asís-Putumayo.

Es de resaltar que estas personas son integrantes del Grupo de Delincuencia Común Organizado denominada “LOS CONTRATISTAS”, dedicados a la extorsión en la región del medio y bajo – Putumayo, quienes realizaban a través de exigencias extorsivas, intimidación y presión hacia sus víctimas, buscando presionar por el pago de extorsiones, los capturados recibían el dinero a través de giros personalizados en las empresas y mediante terceros; las llamadas extorsivas eran dirigidas a la ciudadanía en diferentes municipios del Departamento del Putumayo.

Labores investigativas realizadas durante los últimos días, en desarrollo del plan de choque ‘Construyendo seguridad’ ordenado por el presidente de la República, Iván Duque Márquez, permitieron a más de 1.650 uniformados con el apoyo de 11 fiscales efectuar una megaoperación en Bogotá, Cali y los departamentos de Antioquia, Arauca, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Huila, Meta, Putumayo, Risaralda Sucre y Valle del Cauca.

En el marco de la ‘Operación Demoledor, que incluyó 29 allanamientos a centros carcelarios del país, los uniformados asestaron importantes golpes a grupos de delincuencia común organizada, dedicados principalmente a la extorsión carcelaria, entre los que están: ‘La Colonia’, en Boyacá; ‘Los Contratistas’, en Putumayo; ‘Los Corcho’, en Caldas; ‘Los Costeños’ en Arauca.


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Adicionalmente, se efectuaron diligencias de allanamiento en los centros penitenciarios ‘La Modelo’ y ‘La Picota’, en Bogotá; `La Judicial’ y ‘Tramacua’, en Cesar; `San Isidro´, en Cauca; `La Vega´, en Sucre; `La Ternera´, en Bolívar; ‘Las Mercedes´, en Córdoba; `Doña Juana´ y ‘La blanca’, en Caldas; ’La Modelo’ y ‘Palo Gordo’, en Santander; `La Rivera´, en el Huila; `Cómbita´, en Boyacá; `Bastidas´, en Magdalena; `Bellavista´ y `Pedregal´, en Medellín; ‘Anayancí’, en Chocó; `Villavicencio´, en Meta; ‘Yopal’, en Casanare; `La 40’, en Risaralda; `Picaleña´, en Tolima; ‘Tulua’, en el Valle; `Jamundí´, en Cali; ‘Guaduas’, en Cundinamarca; ‘San Juan’, en Nariño; y  en los centros penitenciarios `La Modelo´y ‘El Bosque’, ubicados en el departamento de Atlántico.

Durante estas diligencias se logró la incautación de 432 celulares, 407 simcards, 61 microSD, 15 USB, 229 cargadores, 3.765 gramos de estupefacientes y 719 armas blancas. La información que reposaba en los dispositivos incautados es objeto de análisis e investigación por parte del Cibergaula de la Policía Nacional.

Uno de los resultados más destacados se dio en el Departamento de Sucre con la desarticulación del Grupo de delincuencia Común organizado “Los Timadores”, en donde se efectuaron siete capturas por el delito de extorsión agravada. Esta organización delincuencial se dedicaba al recaudo del dinero producto de las extorsiones derivadas desde la cárcel, en donde tenían como sectores de injerencia  los Departamentos de Bolívar, Atlántico, Quindío, Magdalena, Cundinamarca y Sucre; con esta actividad criminal lograban recaudar más de 83 millones de pesos, mensuales, afectando directamente a los gremios de comerciantes, hoteleros, agricultores, profesores y ganaderos, a quienes le exigían sumas que oscilaban desde los 500 mil, hasta los 5 millones de pesos, a cambio de no atentar en contra de sus vidas, las de sus familiares o sus bienes.

Fuente : DiariodelSur


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