Por : Agustín Ordónez
Con bombos y platillos fue anunciado el nuevo contratista operador del Programa de Alimentación Escolar PAE en el Putumayo para el presente año escolar y su nombre altisonante generó en la comunidad educativa del departamento la falsa ilusión que esta vez sería diferente a lo de siempre y que ya no tendríamos tantos problemas. Con tristeza tenemos que decir que no sabemos si estamos igual o peor que antes, ni siquiera sabemos con exactitud quien opera el programa, el contratista seleccionado o un subcontratista intermediario, de lo que si estamos seguros, porque lo vivimos a diario, es que los problemas se agudizan día a día, hasta el punto que en cualquier momento la comunidad educativa va a adelantar nuevamente acciones de protesta.
El caso del Putumayo se ha convertido en uno de los más visibles ejemplos en todo el país del irrespeto a los niños y jóvenes estudiantes, a sus padres y a los establecimientos educativos, en la prestación del servicio del PAE. Sus permanentes irregularidades, deficiencias y el incumplimiento por parte de los operadores se volvieron costumbre, sumado esto a la indolencia e indiferencia del gobierno departamental,que nunca ha tenido la autoridad ni capacidad para resolver estos problemas,teniendo la facultad y la obligación incluso de sancionar a los contratistas operadores. Al contrario, la actitud gubernamental, pasiva y complaciente, además de generar dudas y suspicacias, se constituye en un premio a ese irrespeto.
Esta situación es la que ha llevado a que históricamente estudiantes y padres de familia tengan que protestar cada año y hasta a paralizar las clases, para exigir el servicio o para que se corrijan sus irregularidades.Solo las acciones de protesta han servido para que el gobierno de turno agilice algunas soluciones, pero no han servido para que la clase política y gobernante sea capaz de sacar, al menos al PAE, al menos a la comida de los niños, de esa maraña oscura que envuelve a la contratación. Cuando hay protestas contra el PAE solo se escuchan algunas puyas en contra del gobierno de turno por parte de sus contradictores políticos y puyas en contra de las protestas por parte de los defensores del gobierno, pero cuando hay cambio de gobierno lo único que cambia son los papeles, los contradictores pasan a ser defensores y los defensores contradictores, y todo sigue igual. Así ha sido siempre.
El actual contrato del PAE tiene un atenuante, o agravante si se quiere, y que fue uno de los aspectos que nos llevó a pensar que esta vez sería diferente. Sus condiciones económicas son mucho mejores a las de contratos y años anteriores. Era lógico pensar que esas mejores condiciones se verían reflejadas en mejor logística y alimentación para los niños y jóvenes estudiantes y que no tendríamos muchas dificultades. Qué ingenuos somos. Es obvio que solo el contratista ha tenido mejores condiciones, porque para los estudiantes, reitero, todo sigue igual y peor.
El Contrato PAE 073 de 2019, cuyo objeto es la prestación del servicio de alimentación escolar a 53.561 estudiantes en los establecimientos educativos del departamento durante 160 días, por valor de 28.751.544.800, veintiocho mil setecientos cincuenta y un millones… por primera vez en mucho tiempo se asigna para el año escolar completo y de entrada se le entrega al contratista un anticipo de 8.363 millones, que no se ha visto en otros contratos, por cuanto se supone que el operador seleccionado tiene solvencia económica, sin embargo y en pro de un buen servicio lo consideramos como bueno, pero no ha sido así.
Se exonera al contratista del pago del impuesto de estampillas, que todo contrato con la Gobernación debe pagar y que los contratos del PAE anteriores si han pagado. Esta exoneración podría estar por encima de los 2 mil millones de pesos (2.000.000.000), que el contratista deja de pagarle al departamento y que debieron contribuir a mejorar el servicio.
De acuerdo al valor del contrato, al número de días contratados y a la cantidad de estudiantes a atender, el valor que se le paga al contratista por cada ración o plato es de 3.353 pesos, mientras que el valor de la ración o plato servido a los estudiantes en nuestros comedores escolares está en alrededor de 1.500 pesos, un valor casi igual al de tres años atrás. O sea que del valor de la ración que se le paga al contratista,se está destinando solo el 44%, menos de la mitad, a alimentar a los niños, el resto, o sea el 56%, se iría en administración y utilidades. La lógica humana y el derecho de los niños, señala que debería ser al contrario, la mayor parte para los niños y el resto para el operador.
En el 2016 el valor diario por estudiante estaba en 2.240 pesos para almuerzo y 1.740 para desayuno, con la claridad que un estudiante tenía derecho solo a uno de los dos, pero el operador debía preparar y servir ambos, desayuno y almuerzo, porque cada estudiante optaba por uno solo. En el contrato actual el operador solo está obligado a preparar y servir el almuerzo, lo que lógicamente indica un menor costo de preparación.
Son innumerables las irregularidades, incumplimientos y problemas que presenta la operación del PAE, al igual que el número de quejas que cada comunidad escolar le ha presentado al operador y le ha entregado a la Secretaría de Educación y que en varias audiencias públicas se han dado a conocer, con fotografías y otras evidencias, pero que no han sido escuchadas ni solucionadas.
El servicio de alimentación escolar debía empezar el primer día de clases, o sea el 4 de Febrero, pero se inició entre 10 y 15 días después.Antes de iniciar las clases y la prestación del servicio el operador debía realizar el alistamiento, un proceso destinado a garantizar tanto el menaje de cocina y comedor, como lo relacionado con la higiene y salubridad. Este último es un procedimiento que debe ser realizado por entidades y personas expertas en asuntos de higiene y salubridad, muy cuidadoso y meticuloso, como el control de plagas y la conservación de los alimentos, para lo cual el operador debe destinar un porcentaje del contrato. Esto no se hizo de la forma y con la rigurosidad que lo exigen las normas ni con el personal idóneo y al parecer en algunos lugares nunca se realizó. En la mayor parte de los comedores escolares no se cuenta con todos los elementos necesarios o están en mal estado y no están garantizadas las condiciones de conservación de los alimentos, poniendo en riesgo la salud de los niños.
Alimentos en mal estado, principalmente la carne y el pollo y su transporte sin las condiciones de conservación. En muchos casos los elementos para la preparación de los alimentos no son entregados en los establecimientos educativos y el transporte desde las bodegas debe ser asumido por los padres de familia, con costos que en algunos casos son más altos que los mismos elementos que se transportan. No se cuenta con un plan de mantenimiento de equipos, un alto número de neveras, estufas, licuadoras, se encuentran fuera de servicio. Mala disposición de los cilindros de gas. Extintores vencidos.
Causa indignación ver a niños de la sede María Auxiliadora, de la Institución Educativa Almirante Padilla, de San Francisco, por ejemplo, tratando de tomar sopa con un tenedor o de comer arroz con la mano, por cuanto no hay las suficientes cucharas para ellos. Esto lo constaté personalmente y con fotografías.
Por otra parte, a las manipuladoras no se les paga oportunamente, en este momento se les adeuda los meses de abril y mayo y no tienen garantías laborales ni la entrega oportuna de la dotación necesaria. Una de las obligaciones del operador es el apoyo al comercio de la región y se conoce que en algunos casos la carne y el pollo son traídos de otros departamentos. Se cambia de proveedores sin previo aviso y sin cumplir con los pagos pendientes con ellos. La lista es larga.
Al momento de terminar este escrito se anuncia que en varias Instituciones del departamento no se va a prestar el servicio porque no han llegado los elementos necesarios para hacerlo.
Nunca entenderemos por qué razón si las organizaciones de padres de familia hacían alcanzar la plata para darle desayuno y almuerzo, con sopa y seco, en buena cantidad y con calidad vigilada por el ICBF a prácticamente todos los estudiantes, les alcanzaba para ampliar y dotar los comedores, el gobierno decidió entregar este servicio a operadores privados.
Hoy recordamos que en el primer discurso del Presidente Duque, después de las elecciones del año anterior, anunció que les devolvería la administración del PAE a las organizaciones de padres de familia, una propuesta que venimos planteando desde hace años. Ojalá no se le haya olvidado. Mientras la recuerda nuestros niños y jóvenes siguen sometidos al irrespeto y atropello a sus derechos.