“Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como política pública”; Sorrel Aroca


Puerto Asís/Colprensa

Por: Germán Arenas Usme

Tras incumplimientos del Gobierno Nacional, con los campesinos hay que buscar prontas soluciones a los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, y al mismo programa PNIS, según el consenso de la gobernadora del Putumayo y 5 de sus alcaldes que están inmersos en los PDET, más el alcalde de Piamonte Cauca

La Gobernación de Putumayo, vía ordenanza, y cinco municipios del departamento, a través de acuerdos municipales, adoptarán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como política pública.

A la medida su suma el municipio de Piamonte, Cauca, representado por su alcalde, José Joaquín Ramos.

“Los alcaldes del Putumayo, que son municipios PDET, los más afectados por la violencia y la pobreza, adoptan esta iniciativa como política pública. La gobernadora del departamento va a hacer lo propio”: indicó el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

Por su parte la Gobernación del Putumayo, en cabeza Sorrel Aroca, junto a a los municipios del departamento y uno del Cauca, asumirán los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, PDET, como política pública, siendo éste un espaldarazo a la política de Paz con Legalidad impulsada por el Gobierno del presidente, Iván Duque.

“Los alcaldes del Putumayo, que son municipios PDET, los más afectados por la violencia y la pobreza, adoptan esta iniciativa como política pública. La gobernadora del departamento va a hacer lo propio. Por ello, acordamos que la primera semana de julio vamos a tener una sesión de trabajo para que cada municipio identifique sus iniciativas PDET y sepamos en cuales se va a avanzar de aquí a diciembre de 2019 y la planeación para finales de 2022”, destacó el consejero para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila.

Los alcaldes de San Miguel, Régulo Hernán Martínez; de Puerto Guzmán, Rodrigo Rivera; de Puerto Caicedo, Hugo Adrián Corrales; de Valle del Guamuéz, Fernando Palacios; de Orito, Eduardo Ocoró, así como el mandatario de Piamonte, Cauca, José Joaquín Ramos, son los mandatarios PDET

De su parte, la gobernadora Aroca, indicó que “este es un importante anuncio porque no solamente avanzarán en la tarea los próximos gobernantes, sino que será una memoria legislativa para el trabajo que vienen desarrollando en la construcción de los PDET los campesinos del Putumayo”.

El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, quien encabezo el noveno Consejo Asesor Territorial (CAT) del programa de sustitución, en el que participaron, además, la gobernadora, Sorrel Aroca, y alcaldes de seis municipios indico: “En el caso de sustitución voluntaria, al contrario de debilitar los programas, lo que hemos hecho es fortalecerlos. Está el compromiso del presidente de que a todas las familias que confiaron en el Estado les vamos a cumplir. Pero las dificultades están siendo muy grandes”, sostuvo Archila.

El caso de Puerto Asís, deja claro cuál puede ser el panorama ante el estancamiento del programa de sustitución de cultivos en los territorios con más hectáreas de coca sembradas. De acuerdo con el último censo realizado por el Simci, en Putumayo —con 29.589 hectáreas en 2017— la tendencia histórica de concentración de cultivos en frontera se mantiene: San Miguel, Valle del Guamuéz y Puerto Asís son los municipios núcleos de siembra más significativos. En el caso de Puerto Asís, concretamente, la cifra de hectáreas cultivadas supera las 9.000 y aunque el plan piloto del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) arrancó en febrero de 2017, en un núcleo veredal alrededor de La Carmelita, los avances han sido pocos.

De hecho, un informe de la Fundación Ideas para la Paz señala que por lo menos 13.351 familias han sido suspendidas del programa en 49 municipios en los que opera el PNIS. Orito (1.138), Puerto Asís (986), Puerto Guzmán (879) y San Miguel (539), en Putumayo.

A eso se suma que para la comunidad es un incumplimiento que aún no hayan recibido los recursos para los proyectos productivos como quedó previsto en los acuerdos, sobre todo teniendo en cuenta que ya han pasado casi dos años desde que las primeras familias comenzaron a arrancar su coca.

“De esto se queja hasta el gobierno departamental. La actitud de funcionarios nacionales es señalar a quienes hablan de incumplimientos como enemigos de su legalidad. En lugar de pararle bolas a lo que está pasando y escuchar al campesinado, se han limitado a echarle la culpa de todo al anterior Gobierno y a decir que van a cumplir. Pero cumplir no es solo hacer unos pagos atrasados a las familias. Cumplir es atender todo lo que quedó previsto en el punto 4 del Acuerdo de Paz para esas familias”, Señala Pedro Arenas del Observatorio de Cultivos y Cultivadores, que en las comunidades existe la percepción de que hay un impulso a la erradicación forzada, como está pasando ahora en Puerto Asís, una situación que naturalmente mina la confianza que se estaba construyendo.

Una percepción que comparte Marco Rivadeneira, representante legal de la Asociación Campesina de Puerto Asís, quien sostiene que hay una presión más fuerte de parte de la Fuerza Pública, que está entrando a los territorios con la orden de erradicar: “No hay intención de dialogar primero con la comunidad. Es muy grave hacer la erradicación forzosa porque la gente tampoco se va a dejar.

La política de represión es más fuerte, el programa está mal implementado. Nosotros decimos que tienen que ser los voceros y el campesino cultivador de hoja de coca el que vaya y diga cómo tiene que ser la sustitución”.

Rivadeneira, insiste en que la comunidad no se está oponiendo a que se reduzcan los cultivos ilícitos sino que solicita un proceso de diálogo previo, pues, además, no todas las comunidades de las veredas del departamento han suscrito acuerdos de sustitución con el Gobierno. “Estamos haciendo un llamado para que el Gobierno Nacional, haga presencia y podamos llegar a un acuerdo y evitar más enfrentamientos, no solo en Puerto Asís, sino en otros municipios en los que también hay planes de erradicación, como en San Miguel.

Esto no es solo el cambio de una mata por otra mata. Están haciendo solo la erradicación y están dejando a la deriva a la comunidad”.

De ahí que la preocupación sea que la misma situación que se registró esta semana en Puerto Asís, comience a replicarse en otras regiones del país que reúnen características similares: altísima densidad de cultivos de coca, incumplimiento del Gobierno a las comunidades y dependencia económica de los cultivos ilícitos. Un panorama que no se ve muy lejano si además se tiene en cuenta que, como señala Pedro Arenas, el PNIS se estancó en casi todo el país, pues el Gobierno decidió no firmar acuerdos individuales con el resto de las 132.000 familias que manifestaron su voluntad de erradicar ellas mismas en 67 pactos colectivos que vienen del anterior Gobierno.

Sin embargo, el consejero Emilio Archila, ha insistido en que la prioridad es cumplir los compromisos adquiridos con las familias ya inscritas, antes de integrar y suscribir más acuerdos de sustitución voluntaria. Eso en cifras se traduce en 130.203 familias que firmaron acuerdos y una hoja de ruta que involucra 88 núcleos en 56 municipios de 14 departamentos.

Aun así, a las comunidades les sigue preocupando el tema de la plata, pues el Gobierno ha dicho que recibió el programa desfinanciado y que los esfuerzos se han concentrado en conseguir los recursos para mantener la implementación.

Los enfrentamientos entre campesinos y la Fuerza Pública en Puerto Asís, Putumayo, por la erradicación forzosa de coca.

El diagnóstico en el caso de Deobaldo Cruz, líder campesino y presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Cumbre, en Puerto Asís (Putumayo), fue contundente: perdió el ojo izquierdo como consecuencia del impacto de un proyectil de gas lacrimógeno que recibió en un enfrentamiento con el Escuadrón Móvil Antidisturbios en medio de operativos para la erradicación de cultivos ilícitos.

La comunidad denunció que la Policía dio la orden de atacar con gases en momentos en que Deobaldo trataba de convencer a los miembros de la Fuerza Pública de que suspendieran el procedimiento de erradicación forzosa en la zona mientras llegaba un delegado de la Personería que pudiera acompañar a la comunidad. De hecho, una comisión de verificación compuesta por delegados de organizaciones sociales, campesinas, representantes de ONU Derechos Humanos y delegados de la Defensoría del Pueblo se trasladó a la zona este jueves para evaluar la situación y escuchar a los campesinos, que insisten en que hay represión por parte de las autoridades.

“Lo que nos manifestaron las comunidades es que entienden que la erradicación debe suspenderse solo si el Gobierno así lo define. Por eso nos pidieron poder interlocutar con la Policía Antinarcóticos y el Esmad, al menos para solicitar unos derechos mínimos de las comunidades, el respeto y la no estigmatización”, aseguró Sonia Cifuentes, representante de la Asociación Minga y quien participó en la misión de verificación.


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