¿Cómo avanza la reconstrucción de Mocoa,tras dos años de la avalancha?

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El restablecimiento total del agua potable y vivienda, los asuntos pendientes. Vías,el mayor avance.

En la madrugada del 1 de abril del 2017, el desbordamiento de los ríos que transitan por la capital del Putumayo produjo una avalancha que cobró la vida de 300 personas.
Foto: Archivo EL TIEMPO

Dos años después de la avalancha de Mocoa, que dejó un saldo, según cifras oficiales, de más de 300 muertos, 400 heridos y miles de damnificados, aún faltan el restablecimiento pleno de servicios básicos como el agua potable y la reubicación de algunas familias.

Actualmente, en la fase de reconstrucción, se han adelantado obras como el acueducto, se hizo entrega formal de 300 viviendas y se terminaron los estudios de las obras de mitigación del riesgo, pero aún son muchos los pendientes.

El representante a la Cámara por Putumayo, Carlos Ardila, en diálogo con EL TIEMPO, reveló la realidad del municipio.

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“Hemos llegado a cumplir 35 días sin agua en Mocoa, que, como capital de un departamento, es preocupante porque si así es el casco urbano, imagínese el área rural”, señaló el congresista, quien además afirmó que las causas son las fallas técnicas del acueducto recién construido, que cuando llueve no puede tratar el agua.

Eduardo José González, director de la Unidad de Gestión del Riesgo, le dijo a EL TIEMPO que “a final de abril se espera que el acueducto cuente con una capacidad total de abastecimiento de 229 litros por segundo, para lograr una cobertura en suministro de agua al ciento por ciento de la población”.

Las lluvias, sin embargo, no solo dejan a Mocoa sin acceso a agua potable, sino que además producen incertidumbre entre sus habitantes, que viven con miedo a que los ríos vuelvan a crecer y se repita la tragedia, pues, dos años después, no cuentan con obras de mitigación del riesgo.

“Hoy, en Mocoa, cada vez que llueve es una pesadilla; la gente sigue con miedo, tiene una incertidumbre grandísima porque después de la tragedia del 31 de marzo, se han presentado nuevas emergencias que por fortuna no cobraron vidas humanas, pero sí ocasionaron daños materiales”, aseguró el representante Ardila.

Según la Unidad de Gestión del Riesgo, antes de terminar el mandato dejará construidas las obras de prevención de desastres.

Otro de los pendientes es la reubicación de más de 900 familias. Según Ardila, “el embolate” de las 900 viviendas que aún faltan por construir es debido a irregularidades en la adjudicación del contrato.

“El contratista terminó envuelto en un escándalo por las licencias ambientales y de adecuación del predio”, reveló el congresista.

González, por su parte, sostuvo que la Unidad de Gestión del Riesgo “guardará” los recursos destinados a estas obras hasta que se realice nuevamente la contratación.

Lo que se cumplió

No obstante, varios de los compromisos pactados con el Gobierno Nacional lograron llevarse a cabo y mejoraron la calidad de vida de los mocoanos.

La reestructuración de la red vial fue una de ellas. Se lograron la reconstrucción de cuatro puentes peatonales, dos de tránsito vehicular, y la pavimentación de 2,8 kilómetros de vías en el casco urbano.

La puesta en marcha del Sistema de Alerta Temprana ha sido otro de los planes que se completaron. Consta de un puesto de monitoreo, 11 sensores de río, 12 sirenas y 4 estaciones meteorológicas. Este, según González, “logró salvar vidas gracias a que permitió, al activarse, una oportuna evacuación de las comunidades en el evento presentado el 12 de agosto del 2018”, cuando hubo una nueva creciente de los ríos que rodean el municipio.

Así mismo, se logró la implementación de planes de desarrollo social como la reactivación económica, gracias a la apertura de líneas de crédito para financiar emprendimientos, y el mejoramiento empresarial, que, según cifras oficiales, han beneficiado a más de 3.239 nativos, entre los cuales se cuentan 169 artesanos y cinco cabildos indígenas.

Según las cuentas, dos años después de la avalancha, Mocoa tiene un proceso de reestructuración lento. Para el representante Carlos Ardila obedece a una desarticulación de las entidades territoriales con el Gobierno Nacional que impide la construcción de las obras en concreto. Sin embargo, la dirección de la Unidad de Gestión del Riesgo afirma que seguirá comprometida con el departamento, la ciudad y los afectados.

Fuente : ElTiempo

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