Damnificados de DMG no recuperarán sus depósitos


Decenas de familias de todos los estratos, invirtieron no solo sus ahorros sino sus patrimonios en las captadoras ilegales.

Por tercera vez, las víctimas de la captadora ilegal, fundada por David Murcia Guzmán (DMG) perdieron la esperanza para que el Estado los indemnizara. Un nuevo fallo dejó claro que en este caso el Estado no es responsable por la “tumbada” más grande del país.

Los centenares de damnificados de la derrumbada captadora ilegal DMG se quedaron esperando nuevamente que el Estado les devolviera los dineros que masivamente depositaron en las ‘pirámides’.

Los incautos inversionistas demandaron al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a la Superintendencia de Sociedades, Superintendencia Financiera y a la Fiscalía General de la Nación por las omisiones en que pidieron incurrir para frenar el funcionamiento generalizado de estas empresas multinivel.

Al mismo tiempo exigieron que se como consecuencia de esta supuesta responsabilidad al haber omitido las funciones de inspección, vigilancia y control  sobre las ‘pirámides’ se les condene a la reparación  de los perjuicios causados por la captación ilegal de sus dineros por parte de la sociedad Grupo DMG.

La demanda fue colocada por un grupo de 40 damnificados cuyas colocaciones oscilaron entre 4 y 60 millones de pesos, depositados especialmente en la oficina principal de DMG en Pitalito.

Entre ellos figuran Rubén Darío Salcedo, Luis Fernando Jiménez Garzón, Carlos Mendoza Vallejo, Gildardo Villanueva Restrepo, Luis Eduardo Escandón Ramírez, Flor María Salgado, Arbey Ramón Alfonso, Horacio Zuluaga González, María Amparo Rincón Murcia y Edgar Díaz Sánchez, quienes consideraron que las medidas fueron tardías, insuficientes e ineficaces para frenar el fenómeno que ya estaba desbordado.

En su criterio, “el Presidente de la República debió decretar el estado de emergencia social desde el año 2006 cuando la Superintendencia Financiera tuvo conocimiento que la empresa DMG S.A. estaba captando dineros del público en forma irregular, sin esperar que la defraudación de los ahorradores llegara a tal magnitud para tomar medidas”, expresaron los demandantes.

En el presente caso, los daños se concretaron, según los damnificados, al haber entregado gruesas sumas de dinero a una empresa que en apariencia estaba habilitada legal y comercialmente para captar de manera masiva dineros del público, sumas de dinero y rendimientos financieros prometidos por dicha empresa, que no pudieron recuperar debido a la falta de vigilancia y control de las entidades demandadas.

Esa ilusión también se desplomó por la vía judicial. El Tribunal Administrativo del Huila falló en contra otra de las múltiples demandas que viene tramitando desde hace ocho años.

La decisión es la tercera que se produce en los dos últimos años.  La primera fue adoptada en septiembre de 2017 dejando sin piso las reclamaciones de otros grupos de  ahorradores de Neiva y Pitalito. El segundo fallo se produjo en octubre de 2018, rechazando las millonarias reclamaciones por idénticas razones.

Comenzó en Pitalito

Tres años antes del gigantesco derrumbe de las pirámides,  David Murcia Guzmán, el ‘cerebro’ de la captadora que lleva sus iniciales,  comenzó en Pitalito sus actividades vendiendo  rifas de carros y vendiendo servicios médicos.

En el 2003 fundó la Red Solidaria DMG. Luego de trasladó a la Hormiga (Putumayo) donde fundó su verdadero imperio, ofreciendo jugosos intereses a los ahorradores, además de otros beneficios financieros, como precios más favorables en la adquisición de electrodomésticos, bienes y servicios, obtenidos por la compra de tarjetas prepago, convertidos en la bandera para la inusitada expansión.

Tardía reacción

Los millonarios depósitos quedaron demostrado con las copias de las “tarjetas prepago de DMG Grupo Holding” que esta empresa les entregó al momento de realizar los “depósitos”,  y los numerosos testimonios de los afectados.

Las víctimas estimaron que la tardía reacción del Gobierno Nacional en declarar el estado de emergencia social, permitió que los ahorradores se confiaran de la legalidad de la entidad DMG Grupo Holding S.A. y que fueran perjudicadas económicamente, como efectivamente ocurrió.

En el voluminoso expediente, admitieron  que miles de familias de todos los estratos sucumbieron ante los tentadores intereses y enormes beneficios que ofrecía la captadora ilegal, sin que ninguna autoridad frenara la actividad ilegal. Por el contrario, muchos de ellos, aparecían como ahorradores, en medio de la enorme ‘fiebre’ que despertaron los excesivos intereses.

A pesar de no contar con la autorización de la Superintendencia Financiera para captar dinero masivo del público, lo continuaba haciendo, a plena luz del día, sin que ninguna autoridad pública impidiera dicha actividad. Además, muchos de ellos incluyendo funcionarios, dirigentes políticos, policías, primeras damas, sacerdotes y hasta periodistas, lo hacían en una inusitada “fiebre” por los excesivos intereses, lo que terminó impactando la confianza legítima.

Los controles

Los magistrados descartaron que las superintendencias Financiera y de Sociedades hubieran incurrido en omisión o negligencia para frenar el auge de las pirámides.

“Es evidente que tan pronto tuvo conocimiento de los hechos irregulares que estaban sucediendo en el país, en relación con las masivas e irregulares captaciones de dinero del público por parte de varias empresas y personas particulares procedió, dentro del marco de su competencia, a ejercer vigilancia y control a la sociedad DMG Grupo Holding. “Incluso desde el mes de julio de 2008 y luego, después de las investigaciones del caso, impuso las multas que legalmente le era permitido imponer a dicha empresa y a sus directivos y dio inicio al proceso judicial de liquidación”, explicó el magistrado José Miller Lugo Barrero.

“Está probado-dijo- que la Superintendencia Financiera ordenó publicar en varios diarios y en distintas zonas del país lo que venía aconteciendo con este tema, advirtiendo e informando a los ciudadanos, abstenerse de colocar sus recursos en entidades no autorizadas para captar dinero del público desde el mes de diciembre de 2006 hasta noviembre de 2008.

Esta difusión se realizó desde el año 2006 y los demandantes en el presente proceso, “invirtieron” su dinero en DMG en el año 2008, es decir, dos años después, cuando incluso la Superintendencia Financiera ya había adoptado las medidas correctivas publicitadas por los medios de comunicación.

Desbordado

De  hecho, la entidad, de acuerdo con su competencia, profirió el 12 de septiembre de 2007 adoptó medidas cautelares frente a la sociedad DMG pues, empresa que  estaba captando dineros masiva e ilegalmente, utilizando habilidosamente el mecanismo de venta de tarjetas prepago, sin contar con la debida autorización.

La entidad ordenó en esa fecha la suspensión inmediata de las operaciones consistentes en la recepción de dineros del público y la devolución de la totalidad de los dineros recibidos en cualquier modalidad, medida confirmada en su totalidad mediante la Resolución No. 1806 de 8 de octubre de 2007.

Cuando la captación masiva estaba desbordada, el entonces presidente Uribe decretó la emergencia económica para enfrentar el fenómeno. Una medía tardía, según los demandantes.

“El acervo probatorio permite establecer que las entidades demandadas actuaron conforme a los postulados legales que rigen la materia, iniciando las investigaciones del caso una vez conocidas las irregularidades que presentaba la captación del precitado grupo DMG, tomando medidas necesarias para lograr estabilidad económica y seguridad financiera a los ciudadanos, las cuales no pueden tildarse de extemporáneas.

La otra cara

Si bien la sociedad DMG estaba inscrita en las cámaras de comercio, que tenía RUT, que pagaba impuestos  y que tenía locales y establecimientos comerciales abiertos al público; es lo cierto que esa apariencia, ‘per se’, no implicaba vulneración al principio de confianza legítima de los demandantes, concluyó la corporación judicial.

En realidad, “la empresa estaba autorizada para ejecutar las actividades comerciales indicadas en su objeto social, pero no para la práctica comercial de captación masiva de dineros, y porque además, para cualquier ciudadano, era evidente la inseguridad que generaba esa actividad, ya que en el sistema financiero colombiano, en ninguna de sus épocas, se habían ofrecido tan exagerados rendimientos financieros a los que estaba pagando DMG”, precisó Lugo.

Además, porque tampoco existían antecedentes de que entidades de la banca formal entregaran tarjetas prepago a los ahorradores que podían cambiar por artículos como parte de los rendimientos financieros.

Por esta razón, no se puede afirmar que el Estado propició, como lo aseguraron los demandantes, la captación ilegal a DMG. “Al contrario, las autoridades responsables de la inspección, control y vigilancia de estas actividades, advirtieron al público en general para que se abstuvieran de realizar depósitos en esta empresa, pues abiertamente contrariaban la política financiera colombiana y se trataba de actividades totalmente ilegales o irregulares”

Epílogo

En el presente caso, la conducta de los incautos inversionistas si bien explica el resultado dañoso que padecieron no fue la causa eficiente y determinante del daño que se reclaman en la demanda.

“Entregar sumas de dinero de manera voluntaria a una empresa, que operaba de manera legal, así fuere que se esperaban rendimientos financieros exagerados, en lapsos de tiempo tan cortos, es sin duda una conducta negligente y a todas luces imprudente”.

“En conclusión, las entidades accionadas no son responsables administrativamente de los daños que reclaman los demandantes, pues no incurrieron en ninguna falla en la prestación del servicio de inspección, control y vigilancia a La empresa DMG Grupo Holding S.A., en la medida que los demandantes de manera voluntaria y asumiendo el riesgo que ello implicaba, decidieron depositar en esta empresa cuantiosas sumas de dinero”, subrayó Lugo Barrero.

La historia de la Pirámide

La empresa DMG Grupo Holding S.A. liderada por David Murcia Guzmán fue constituida el 7 de abril de 2006 mediante escritura pública 0001238 de la Notaría 63 del Círculo Notarial de Bogotá y registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá el 22 de junio de 2006.

La captación ilegal de dinero comenzó a partir de 2007 en Bogotá, llegó a Pitalito y luego se expandió a Putumayo. Progresivamente esta actividad se extendió a otras regiones del país, inclusive en el exterior (Panamá, Ecuador, Venezuela y México).

La captadora ilegal ofrecía jugosos intereses a los ahorradores, además de otros beneficios financieros, como precios más favorables en la adquisición de bienes y servicios, obtenidos por la compra de tarjetas prepago denominadas DMG Grupo Holding Prodigy Card, que DMG Grupo Holding S.A. vendía en los diferentes puntos del país.

Las expectativas generadas por los exagerados beneficios ofrecidos generaron la locura. En el Huila, se expandieron rápidamente en Neiva, Campoalegre, Garzón, Pitalito y La Plata. El fenómeno iniciado en Putumayo, se expandió por todo el país.

Los demandantes

Entre los demandantes figuran Rubén Darío Salcedo, Luis Fernando Jiménez Garzón, Carlos Mendoza Vallejo, Gildardo Villanueva Restrepo, Luis Eduardo Escandón Ramírez, Flor María Salgado, Arbey Ramón Alfonso, Horacio Zuluaga González, María Amparo Rincón Murcia, Edgar Díaz Sánchez, Albeiro Monje Lozada y Flor de María Quiñones Esterilla.

Igualmente Luz Stella Carrera Barragan, Olmos Antonio Muñoz Palechor, Gloria Emma Rivas Barrera, Noé Mosquera Plaza, Ludy Eynny Cerquera, Carlos Alberto Capera Vargas, Rosalba Tirado Cruz, Miller Claros Rojas, Hernando Solís Osorio y Gentil Pascuas Sabogal.

También aparecen en el listado de damnificados Jaidive Tique Olivera, René Mauricio Castillo Toro, Martín Eduardo Ruíz Cardona, Manuel Ortíz Cabrera, Guillermo Enciso Cardona, Miguel Orozco Meneses, Fabián Andrés García Cabrera, Luis Elpidio Díaz Hurtado, Stella Isabel Jaramillo Ruiz, José Albeiro García Rojas, Marco Aurelio Robis Rojas, Omar Ling Muñoz Vásquez, Gerardo Gutiérrez Ospina, Rodrigo Dussán Ortíz, María Del Carmen Chicué Rojas, Jaime Linjamer Bravo Trujillo y Lenis Quinayás Olivera, entre otros.

Fuente : LaNación


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