Un nuevo incumplimiento por parte de la empresa Aliadas para el Progreso hizo que el gobierno decidiera extender una semana más una decisión final frente al contrato.
Una semana más tendrán que esperar los huilenses para que el gobierno pueda tomar una decisión final con el contrato de construcción de la concesión vial Neiva-Mocoa- Santa Ana en el Putumayo.
La obra contempla la construcción de la doble calzada al municipio de Campoalegre desde la ciudad de Neiva así como la solución al problema vial en el sector de Pericongo, uno de los más problemáticos en del departamento del Huila.
LA NACIÓN conoció que esta determinación se tomó en las últimas horas luego de un nuevo incumplimiento de la empresa Aliadas para el Progreso que una vez más dejó esperando al gobierno y a los huilenses.
Y es que según trascendió, vencido el último plazo el 18 de enero pasado para presentar un plan remedial en un comité técnico, junto con la empresa francesa Eiffage interesada en quedarse con el proyecto, pues no pasó nada.
Sin embargo, Aliadas no se quedó quieta y decidió pedir unos días más, hasta las 12 de la noche de ayer. Pero cuando todo indicaba que por fin se tendría el informe, nuevamente Aliadas para el Progreso volvió a incumplir.
Y por el contrario, la compañía habría solicitado un nuevo plazo por varios meses más, situación que no gustó a ninguno en el gobierno.
Fuentes extraoficiales le revelaron a LA NACIÓN que ante esta noticia, la ministra de Transporte Ángela María Orozco expresó su molestia y les advirtió a los delegados de Aliadas que no era un juguete pues llevaban (la compañía) tres años y medio jugando con el gobierno. Y agregó que ya no se permitiría más dilaciones.
Ahora, se supone entonces, que durante este tiempo Aliadas tendría que preparar un nuevo plan remedial, solo que esta vez tendría que hacerlo solo, si el gobierno se los permite.
El plan remedial
La idea era presentar el plan de choque que debería contener la nueva composición accionaria de la concesión, el porcentaje de las compañías como Eiffage, esquema de las inversiones en infraestructura y un plan de choque.
Pero en tal sentido, ha trascendido en sectores cercanos al gobierno que ante esta situación sorpresivamente la empresa francesa Eiffage habría decidido retirarse de la puja para quedarse con el contrato.
El panorama no podía ser más preocupante si se tiene en cuenta las graves consecuencias que sin duda traerá esta situación.
Y no es solo el departamento del Huila el que resultará afectado, también los habitantes del vecino departamento del Putumayo que no podrían ver cristalizado un proyecto de tanta envergadura y sobretodo tan esperado.
Qué podría suceder
Así las cosas, la noticia cae como baldado de agua fría y de paso es nefasta para el departamento del Huila, sin contar con las consecuencias que traería el hecho de que ahora será el gobierno el que tome una decisión para al menos tratar de superar el impasse.
En este caso, lo peor que podría suceder es que el gobierno decida arrancar de nuevo con. Es decir, en todo caso serían el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, los que terminarían por tomar un nuevo camino que en todo caso retrasaría todo.
Y aunque en principio muchos alcanzaron a emocionarse con la posibilidad de que el contrato fuera cedido a la empresa proponente, es decir la francesa Eiffage pues ahora al saberse que se habría hecho a un lado, el panorama cambia radicalmente.
“Se siente rabia e impotencia”
Consultada sobre el particular, la ex presidenta de la Asamblea Departamental Sandra Hernández, quien promovió un plantón en Bogotá para exigir solución pronta al problema con Aliadas, se mostró preocupada.
La dirigente política dijo que ante esta noticia lo único que se puede sentir es mucha desazón por el nuevo incumplimiento que en todo caso causa un retraso en el desarrollo del departamento.
“Se siente rabia e impotencia al ver que se siguen burlando de los huilenses. Creo que se requiere de una decisión contundente por parte del gobierno nacional que permita destrabar esta nefasta concesión”, subrayó la diputada Hernández.
Añadió que lo que ha venido ocurriendo con la empresa Aliadas para el Progreso lo único que ha dejado es una desaceleración económica y el repudio de la población al ver el constante deterioro de las vías sin que se avizore una solución a mediano o corto plazo.
“Queda un sinsabor y molestia ante la desidia de estos empresarios y del gobierno para dar solución definitiva a semejante problema que tenemos”, puntualizó Hernández.
De hecho, se sabe que el problema generado por la empresa Aliadas para el Progreso es el más serio para la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI.
Pero con todo, lo que se sigue es luchando para que el gobierno ceda el contrato y no decrete su caducidad pues no es un secreto que semejante decisión sería nefasta para la región y ese es el mayor temor de muchos de los sectores de opinión del departamento.
Angustiosa espera
Y mientras los huilenses siguen esperando una determinación final, algunos se preguntan qué podría pasar si se liquida el contrato sabiendo que hay comprometidos cerca de 2.3 billones de pesos para destrabar este espinoso tema.
Y no es para menos pues cabe recordar que en total son 400 kilómetros de vía los que hay que trabajar con un costo de cerca de tres billones de pesos por invertir.
El problema es que si definitivamente se toma la decisión de caducar el contrato, para volver a empezar habría que conseguir mucha más plata para poder cumplir con el proyecto.
Fuente : LaNación