La semana pasada el Concejo de Mocoa, Putumayo, aprobó un acuerdo que prohibe la minería en ese municipio a pesar de que hace tres meses la Corte Constitucional le devolvió el eje de la política mineroenergética a la Nación al limitar las consultas populares en los municipios.
Allá sostienen que esa sentencia no los cobija porque un fallo del Consejo de Estado de la misma época consideró que los concejos sí pueden prohibir la actividad minera en sus territorios.
Eso demuestra que, mientras no haya claridad jurídica y el Congreso no defina las reglas de juego del sector, las empresas mineras la seguirán teniendo difícil en cualquier lugar en el que la gente se organice para oponerse a sus proyectos.
El acuerdo que resultó ser el Plan B
El acuerdo que apoyaron los 13 concejales es el primero de ese tipo que se da en Putumayo.
Es el resultado de un activismo antiminero que se empezó a mover en abril de este añocuando se supo que la compañía Mocoa Ventures (antes AngloAmerican) estaba pensando en iniciar trámites para sacar oro en una zona de 25 mil hectáreas que hace parte del corredor biológico donde nace el río Mocoa.
Como contamos, eso generó unas marchas el 23 de mayo, días antes de la primera vuelta presidencial, que impulsaron organizaciones sociales sintonizadas con el discurso anti extractivista de Gustavo Petro y dos políticos liberales que hacían parte de la campaña de Humberto De La Calle.
Por la acogida que tuvieron esas manifestaciones e impulsados por el ‘boom’ del activismo antiminero de departamentos vecinos como Huila y Caquetá, los promotores propusieron hacer una consulta popular.
Pero después de que el Ministerio de Hacienda les dijo que no tenía los 300 millones pesos que cuesta organizarla, y al ver que la Registraduría no iba a iniciar un trámite sin contar con esos recursos, decidieron pensar en un plan B.
“Ahí justo salió la sentencia de la Corte Constitucional que le puso freno a la consultas populares. Pero como en esa sentencia no se menciona ni se toca los acuerdos municipales, nos fuimos por ese lado”, nos dijo el concejal Jesús Melo (Alianza Verde) que fue uno de los impulsores del acuerdo.
Como lo contó La Silla, al fallar una tutela que tumbó la consulta popular contra la explotación petrolera en Cumaral, Meta, la Corte reescribió su postura frente a la minería, prácticamente tachando lo que había escrito hace dos años.
Dijo que el subsuelo es de la Nación y que una consulta popular local no puede prohibir actividades como sacar petróleo o minerales, porque impediría que el Estado ejerza su derecho de propiedad sobre el subsuelo.
A pesar de eso, la idea siguió dando vueltas en el Concejo de Mocoa y cogió fuerza con un fallo del Consejo de Estado de octubre, que reabrió el debate sobre las competencias de los municipios para decidir qué hacen con su suelo.
La Corte por un lado y el Consejo de Estado por otro
Lo que dijo el Consejo de Estado al revivir un acuerdo de Urrao, Antioquia, que había prohibido la minería pero que había objetado la Gobernación, es que los municipios sí tienen autonomía para legislar sobre el uso de sus territorios.
Para eso mencionó que la misma Corte había eliminado en 2016un artículo del Código Minero que prohibía que los concejos tomaran decisiones sobre proyectos mineros.
El Consejo argumentó que el propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables es el Estado, no la Nación, y que por Estado se entiende también a las entidades territoriales como los municipios, por lo que las decisiones en estos asuntos corresponden a ambos niveles.
Es un argumento similar a del centro de estudios DeJusticia, que va en contravía de lo que dijo la Corte en el fallo sobre la consulta de Cumaral.
Más allá de la discusión jurídica, que deja abierta la posibilidad de que el acuerdo se caiga más adelante, en Mocoa creen que con lo aprobado se envía un mensaje al Gobierno y a las empresas mineras.
“Es algo que nos va a dar herramientas para dar la pelea porque téngalo seguro que el Gobierno lo van a demandar para proteger a las empresas mineras como lo han hecho toda la vida”, señala el concejal Alberto Montezuma (liberal), que vive en la zona donde Mocoa Venture tiene sus cinco títulos mineros.
Esto muestra que para los empresarios que están recargados con el Gobierno Duque, y que habían celebrado lo de Cumaral, no va a ser fácil avanzar en sus proyectos mineros con la gente en contra.
De paso la Corte y el Congreso reciben otro campanazo para que definan las reglas de juego, porque mientras los proyectos mineroenergéticos sigan sin tener asegurada su licencia social, probablemente lo de Mocoa se va a replicar en otros municipios.
Fuente : LaSlllaVacia