Decomiso de dragas, motores y embarcaciones utilizadas para la minería ilegal en inmediaciones de un Parque Nacional Natural del Putumayo y la judicialización de 10 personas por tala, transporte y comercialización del bosque nativo en Tolima, entre ellas tres policías y un funcionario público, son las más recientes acciones de las autoridades para frenar las pérdida del bosque.
Luego de un mes de seguimiento e inteligencia por el río Caquetá, en su paso por el departamento del Putumayo, y con información de varias autoridades, la Fuerza Aérea Colombiana identificó dos dragas y una embarcación artesanal destinadas a la explotación ilícita de yacimientos mineros en inmediaciones del Parque Nacional Natural La Paya, en el municipio de Puerto Leguízamo.
Un equipo conformado por la Fuerza Aérea, Fuerza Naval del Sur, Armada Nacional, Policía Nacional, Dirección de Carabineros y la Fiscalía, llegó al sitio, neutralizó las dragas y la embarcación e incautó tres motores, 80 metros en manguera utilizada para la extracción del lecho fluvial y 25 galones con aceite quemado y mercurio, principales generadores de la contaminación del río Caquetá.
El coronel Adilson Bueno, comandante del Comando Aéreo de Combate 6 de la Fuerza Aérea, aseguró que esta operación de lucha contra los delitos ambientales, impacta directamente el funcionamiento de los grupos ilegales en este sector del país.
Y dijo que la operación reduce las finanzas ilícitas de los grupos armados organizados residuales que delinquen en la región y afectan los parques nacionales. Llamó la atención sobre el impacto que generan las dragas sobre los recursos naturales y el lecho fluvial del río Caquetá, además del severo problema que produce el uso de mercurio.
En 2018, la Fiscalía ha judicializado más de 60 personas por atentados ambientales contra los bosques amazónicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible considera que junto al acaparamiento de tierras, cultivos ilícitos, ganadería extensiva, desarrollo de infraestructura y comercio ilegal de madera, la minería ilegal o extracción ilícita de materiales es uno de los principales motores que inciden en la pérdida acelerada de los bosques colombianos, con una responsabilidad en el 7 por ciento de la deforestación nacional.
Este operativo, en el cual no hubo personas capturadas, contó con un despliegue de medios aéreos y fluviales para el ingreso a la zona de afectación, además de expertos en ingeniería química y ambiental de Carabineros y peritos para la judicialización del hecho criminal.
Dragas, motores y galones con aceite quemado y mercurio fueron algunos de los elementos decomisados para frenar la minería ilegal en el río Caquetá, en su paso por Puerto Leguízamo. Crédito: Fuerza Aérea
Investigaciones y capturas
En lo corrido de 2018, la Fiscalía General de la Nación judicializó cerca de 60 personas por depredar los bosques de la Amazonia colombiana. Además, adelanta 170 investigaciones en todo el país para meter en cintura a los protagonistas de la deforestación que, según el Ministro de Ambiente, podría alcanzar 270.000 hectáreas este año.
Por su parte, la Policía Nacional ha capturado a más de 3.500 personas por delitos relacionados con la deforestación en diversos operativos, e incautado 65.000 metros cúbicos de madera en los puntos de control al aprovechamiento y comercialización ilegal de este material.
Dentro de estas cifras está un accionar que dejó ver cómo sería el modus operandi del actual gobierno y las autoridades policivas y ambientales para meter en cintura a las mafias deforestadoras en el país: el realizado a finales de noviembre en el Parque Nacional Natural Los Picachos, ubicado en Meta y Caquetá.
Por aire y por tierra, cerca de 900 funcionarios de varias entidades llegaron a la zona rural de San Vicente del Caguán para contener la invasión y la actividad ganadera en esta área protegida. El operativo arrojó cinco personas capturadas y el decomiso de 600 reses de ganado bajo extinción de dominio, actividad que levantó la voz del pueblo campesino.
Fuerza Aérea, Fuerza Naval del Sur, Armada, Policía, Carabineros y Fiscalía participaron en un operativo a la minería ilegal en Putumayo. Crédito: Fuerza Aérea
Y así fue. Una operación de inteligencia, motivada por una denuncia ciudadana en el municipio de Solano (Caquetá), logró la captura de tres personas en flagrancia por la tala de bosque en 95 hectáreas del Parque Nacional Natural Chiribiquete, declarado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.
A estos controles se unen dos efectivas acciones que tienen relación con la minería ilegal en un área protegida de la Amazonia y la captura de un red dedicada a la tala, transporte y comercialización de madera ilegal en el centro del país.
Autoridades continuarán con acciones de inteligencia para identificar los principales centros de operación de la minería ilegal, uno de los principales motores de la deforestación en el país. Crédito: Fuerza Aérea
Mafia maderera en Tolima
Por medio de interceptaciones telefónicas y labores de policía judicial, la Fiscalía acaba de judicializar a 10 personas por participar en actividades de tala y comercialización ilegal de madera en el departamento del Tolima.
Al parecer, según informó la entidad, los procesados hacían parte de una organización delincuencial dedicada al tráfico ilegal de madera de varias especies del bosque natural. Tres de ellos son policías, uno es funcionario de la Alcaldía de Melgar y los otros seis son particulares.
Los tres uniformados, el intendente jefe Jhon Javier Sánchez, y los patrulleros Elkin Fabián Flórez y Andrés Fernando Núñez, supuestamente cobraban entre $150.000 y $300.000 por dejar pasar cargamentos sin los respectivos permisos exigidos por la autoridad ambiental, una actividad que vendrían adelantando desde 2017.
Por su parte, Albeiro Guzmán, funcionario de la Alcaldía de Melgar, fue el conductor varias veces de los vehículos para movilizar el material renovable, con el agravante de utilizar uno de los carros de la administración municipal.
10 personas fueron judicializadas por hacer parte de una supuesta organización delincuencial de tala y comercialización de madera ilegal en Tolima.
Las investigaciones evidenciaron que los judicializados transportaban madera de las especies nogal, caucho y caracolí en cargamentos que aparentemente llevaban hasta un depósito en Villarrica, cuyo dueño es Álvaro Díaz Moreno, considerado el jefe la organización, quien también fue capturado.
Todos fueron detenidos por miembros de la Dijín en los municipios de Villarrica, Carmen de Apicalá, Ibagué y Girardot.
A los policías, el funcionario y los particulares les impusieron cargos por delitos como ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, cohecho propio, falsedad material en documento público y peculado por uso y daño en los recursos naturales.
Al término de las audiencias, en las cuales ninguno aceptó cargos, el juez de garantías impuso cárcel en contra de los tres policías y el supuesto jefe de la organización (Díaz Moreno), al igual que a dos particulares. Al funcionario público y a los tres restantes les concedió detención domiciliaria.
Este es un producto periodístico de la Gran Alianza contra la Deforestación. Una iniciativa de Semana, el MADS y el Gobierno de Noruega que promueve el interés y seguimiento de la opinión pública nacional y local sobre la problemática de la deforestación y las acciones para controlarla y disminuirla.
Fuente : SEmana