Lucha contra los cultivos de coca no arroja buenos resultados

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Grupos Móviles de Erradicadores, junto con cultivadores locales, son quienes cumplen la tarea de exterminar las siembras de hoja de coca en el país. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

A 30 años de política antidrogas, analistas de la FIP describen el problema y plantean soluciones.

Si bien la cantidad de hectáreas sembradas de coca han aumentado en Colombia, según las nuevas estadísticas de la Casa Blanca, donde dicen que el país pasó de 188.000 en el 2016 a 209.000 en el 2017, no es menos cierto que la proporción porcentual del aumento de hectáreas sembradas se ha mantenido en el 11 % tanto en el año 2016 como en el 2017. ¿Qué hacer para contrarrestar el problema?

Más allá de las cifras sobre las cuáles llama la atención el director de la Oficina para Política Antidrogas de EE.UU. Jim Carrol, al catalogarlas como “inaceptables”, lo realmente inquietante es lo que encierra el problema de una política antidrogas que en todas sus dimensiones no ha podido salir del agujero negro en los últimos 30 años. Hay aciertos y picos de mejoría, pero el país vuelve a caer.

“Es cierto que no está creciendo con la misma intensidad el número de hectáreas cultivadas, pero también lo es que dicho aumento coincide con la implementación de los acuerdos de paz, con el proceso mismo adelantando entre el Gobierno y las Farc”, dijo Juan Carlos Garzón, experto de la Fundación Ideas para la Paz (FIP).


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Fuente: Office of National Drug Control Policy

María Victroria Llorente, directora de la FIP, fue más allá al precisar que ha habido de todo en la historia de la lucha contra los cultivos de coca: erradicación, forzada, manual y sustitución, “pero lo que ha sido débil es la política de consolidación”. Y puso como ejemplo el plan desarrollado en la región de La Macarena entre 2007 y 2008. «Ese año hubo una caída de los cultivos ilícitos pero también en la erradicación del área de siembra”.

Para Garzón, hay causales que hacen que la situación se complique aún más. “Primero que en el 2014 hubo información de que habría beneficios para los cultivadores, todo ello en el marco del acuerdo del punto 4 de La Habana; posteriormente, en 2015, se suspendió la aspersión de cultivos y a finales de 2016 ya entró en vigencia la implementación y allí la política de consolidación de territorios libres de coca ha sido débil”.

“Yo creo que todos los huevos se pusieron en la misma canasta y así las cosas en materia de cultivos ilícitos se volvieron a tornar difíciles”, dice Garzón.


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Gráfico del histórico del cultivo en la Macarena. Fuente: Juan Carlos Garzón, con cifras de Simci/Unodc

Entonces surge la pregunta para los expertos de si ¿no ha funcionado o no ha sido suficiente la erradicación forzada y manual de cultivos ilícitos?

Garzón indicó que en los 11 municipios donde está sembrado el 50 % de la coca del país, la erradicación forzada ha sido muy baja, a excepción de Tumaco. Ejemplo de eso Catatumbo y Putumayo. “El Estado no tiene cómo entrar al Catatumbo. No hay intervención consistente ahí. Hay zonas vedadas y esa es una gran verdad”.

Y con relación a la sustitución precisó que el tema avanza con un ritmo aún más lento por los acuerdos que se deben hacer con las poblaciones. “También hay que decir que menos del 10 % de las familias que están en proceso de sustitución cuentan con apoyo o asistencia técnica”.

Todo lo anterior sin dejar de mencionar que el narcotráfico se ha reconfigurado y más actores ocupan ese vacío, como las disidencias de las Farc, el ELN en el Cataumbo, entre otros grupos.

María Victoria Llorente llamó la atención igualmente sobre el hecho de que «no hemos resuelto como Nación cómo vamos a hacer viable el tema. Cómo avanzar en la erradicación, sostener la sustitución y consolidar con proyectos reales y provechosos para las comunidades zonas libres de coca”.

Fuente : ElTiempo


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