«Estamos luchando por la rehabilitación y resocialización de los internos de Colombia»: Ministro Enrique Gil


«Consígannos un predio y nosotros les construimos una cárcel moderna, con estándares internacionales y capacidad para 1.000 internos. Buscamos  reubicar esta cárcel y construir algo humano y digno. Es nuestro gran objetivo y por eso  estamos trabajando mancomunadamente».

Con estas palabras, el Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, ratificó el compromiso del Gobierno Nacional de ponerle fin a la situación carcelaria que vive la ciudad de Mocoa.

En el encuentro al que también asistieron la Gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez;  el Alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez; el Director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Brigadier General Jorge Luís Ramírez Aragón; y el Director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Juan Carlos Restrepo, el jefe de la cartera de Justicia indicó que el predio que aporten los entes territoriales podría tener entre 20 y 50 hectáreas, pensando en que a futuro pueda convertirse en una colonia agrícola.

En la que sería la nueva cárcel de Mocoa se conjugarían las tres fases del sistema penitenciario: mediana, baja y máxima seguridad. Para el Ministro Gil, la propuesta del Gobierno es algo bastante positivo para la capital del Putumayo. «En el momento en que nos digan que está listo el lote, activaremos todos los mecanismos con la articulación respectiva para comenzar a construir el establecimiento», aseguró.

Así mismo, y luego de la decisión del pasado 9 de abril del Consejo Directivo del INPEC, de cerrar la actual cárcel de Mocoa, el alto funcionario solicitó a los entes territoriales organizar mesas técnicas para que luego, en consenso, el Comité Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), emitan un concepto técnico que controvierta las decisiones administrativas adoptadas por la alcaldía en el Decreto 0082 de 8 de mayo de 2017.

En este decreto -Artículo 1- se establece que bajo el principio de precaución se prohíbe y suspende todo tipo de construcción, remodelación,  adecuación y ocupación de los bienes inmuebles que se encuentren en el sector #1. El concepto fue emitido por Corpoamazonía para la alcaldía, hasta tanto no se cuente con estudios técnicos que definan las zonas de riesgo de la ciudad.

La petición formal deberá ser presentada al Consejo Directivo del INPEC, encargado de tomar la decisión final de mantener en funcionamiento la cárcel o cerrarla, y de realizar los traslados respectivos de las personas privadas de la libertad. Cabe anotar que solo una pequeña parte del centro penitenciario se encuentra en un sector de alto riesgo.

Gil Botero concluyó su intervención asegurando que el Estado tiene la obligación de velar por la vida de los internos. «Tenemos que protegerlos. Son personas que están en una situación de vulnerabilidad y riesgo ante una situación de avalancha o temblor», indicó al manifestar que «no nos podemos quedar en lo inmediato, tenemos que pensar en grande. Trabajemos por Mocoa, por una cárcel digna que cumpla con todos los estándares internacionales», puntualizó.


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