“El Estado ha actuado de manera diligente en la implementación de una política con un claro desarrollo progresivo”, con este argumento la Corte Constitucional respaldó la política de fumigación terrestre de cultivos ilícitos, la erradicación manual y de la sustitución de los mismos.
Lo hizo al negar una tutela de la Defensoría del Pueblo que buscaba frenar la erradicación en el Putumayo. “En cuanto a la pretensión del Defensor del Pueblo de que se suspenda la erradicación manual forzosa y las fumigaciones con glifosato, que actualmente son terrestres por decisión del Consejo Nacional de Estupefacientes, esta Sala recuerda que dichas actividades se enmarcan dentro del desarrollo de la política criminal y antidrogas del Estado, por lo que no es procedente que el juez constitucional se inmiscuya en ellas”, señaló la Corte.
La Sala determinó que si bien en el pasado hubo afectación de derechos en los municipios de San Miguel, Valle del Guamuez, Orito, Puerto Leguízamo, Puerto Asís y Puerto Guzmán, esto se ha corregidomediante la implementación de una política de desarrollo progresivo que “, “se ha adelantado proyectos encaminados a mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Putumayo y que si bien se han presentado quejas por parte de campesinos e indígenas de la zona por las aspersiones aéreas adelantadas, las mismas han sido atendidas y se ha hecho el seguimiento pertinente”.
Sin embargo, la Corte ordenó medidas de protección a las comunidades que quedan en medio de la erradicación de cultivos, para no afectar sus derechos a la vida, integridad física y a la seguridad personal de los habitantes para eso advirtió a la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional para que se dé estricto cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental.