La noche en que la furia de la naturaleza golpeó a Mocoa y dejó 332 muertos

Hubo, además, más de 200 heridos y 77 desaparecidos. De 40 barrios de la ciudad, 15 se vieron afectados. Solidaridad se volcó en favor de los damnificados.

En total, unas 22.000 personas lo perdieron todo. Las escenas de funerales se tomaron las calles y caminos, en medio del silencio y el pesar.

Era una tragedia anunciada, aseguraron expertos que habían notificado a diversas autoridades sobre la posibilidad de avalanchas.

Iván Muñoz, presidente de la junta de acción comunal de San Pedro, también habló de una tragedia anunciada. “Todos los entes tenían conocimiento. No hicieron nada para corregir y mire la situación tan compleja que se está viviendo”, declaró el líder.

Finalmente, las peores suposiciones se hicieron realidad en la noche del 31 de marzo cuando una gigantesca avalancha de lodo, piedra y escombros anegó parte de la capital del Putumayo.

La crecida de tres ríos, luego de fuertes lluvias, arrasó con cientos de viviendas.

Estas fueron las primeras imágenes que conoció el país de la emergencia. En ellas se aprecia cómo la fuerza de las aguas arrastra a varios vehículos:

Mocoa quedó entonces sin agua ni luz. Tras una noche sin dormir, los habitantes pudieron ver la magnitud del desastre con las primeras luces del día.

Decenas de casas, así como dos puentes y muchas vías, sucumbieron ante la fuerza de las aguas. Una capa de lodo, densa, cubría todo.

Después vino el balance de las autoridades. Con el paso de las horas el número de las víctimas fue aumentando.

En medio de la tristeza, afloró la valentía y heroísmo de cientos de personas que se involucraron en las labores de rescate.

Según la explicación de las autoridades, la tragedia se produjo luego de que el 30% de la lluvia que en promedio cae en un mes, se produjera en una sola noche.

Por los hechos, la Fiscalía acusó de homicidio culposo al alcalde de Mocoa y a la gobernadora de Putumayo. Según el ente investigador, ambos omitieron medidas que hubieran podido prevenir el alud.

La gobernadora Sorrel Aroca y el alcalde José Antonio Castro «desatendieron la posición de garantes» que, de acuerdo con la Constitución, «les exigía proteger la vida de las personas que habitaban las zonas de riesgo e impedir que se produjera un resultado catastrófico», señaló el organismo en un comunicado.