La Fiscalía General de la Nación anunció la semana pasada la imputación de cargos a la actual gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodríguez; al alcalde de Mocoa, José Antonio Castro Meléndez, y al exalcalde Élver Porfidio Cerón Chincuque, por la avalancha que azotó ese municipio en abril de este año y dejó 336 personas muertas. Aunque no es la primera vez que le imputa cargos a un funcionario por un desastre de este tipo, el anuncio sí sienta un precedente importante por la magnitud de la tragedia y abre el debate sobre la responsabilidad de los mandatarios locales y regionales en la prevención de estas catástrofes naturales que han causado tanto dolor en el país.
Apenas tres días después de que el desbordamiento de los ríos Mulato, Sancoyaco y Mocoa y arrasara con barrios enteros de la capital del Putumayo, la Fiscalía ya estaba anunciando que abriría una investigación para establecer si hubo negligencia por parte de las autoridades locales al no realizar las acciones correspondientes para evitarla. Ahora les imputará a la gobernadora y a los dos últimos alcaldes los delitos de homicidio culposo en posición de garante, prevaricato por acción y prevaricato por omisión. Una de las pruebas sería un estudio de riesgo realizado en 2014 que anticipaba la avalancha, desencadenada finalmente por un fuerte aguacero.
Se ha vuelto común hablar de estas «tragedias anunciadas» y que los funcionarios se laven las manos echándole la culpa a la furia de la naturaleza por su inacción. En ese sentido, es positivo que la justicia haya decidido investigar y ahora le corresponde determinar las posibles omisiones en la cadena de responsabilidades de la que hacen parte la gobernadora y los alcaldes imputados. Sin embargo, será una tarea cuando menos compleja pues, según expertos, la deforestación, errores de planeación urbana, la construcción de viviendas sin licencia y en zonas de riesgo, demoras en las obras de mitigación, el impacto del cambio climático y el evento extraordinario de lluvia que precedió la avalancha fueron todos factores que sumaron para que lo previsible se volviera inevitable.
Infortunadamente, el caso de Mocoa se replica a lo largo y ancho del país. Según un estudio de la Procuraduría, en 2015, sobre la capacidad de adaptación al cambio climático en el país, el 85 % de los municipios no tienen un sistema de alertas tempranas asociadas a amenazas naturales y el 82 % tienen población asentada en zonas de riesgo. Muchos han llegado a esas zonas empujados por la violencia y la pobreza. Como le explicó José Luis López, secretario de Planeación de la Alcaldía, a La Silla Vacía, “Mocoa es de los municipios con mayor recepción de víctimas y no tenemos el presupuesto para atender a tantas. Hay 36.000 personas desplazadas por la violencia que han llegado hasta aquí a acomodarse como pueden”. Algunas de las cuales vivían en los barrios arrasados y cuya reubicación no era una tarea fácil.
El abandono estatal, la desigualdad, el crecimiento sin control de los municipios y los errores en la política de prevención de desastres son todos factores que involucran a cientos de funcionarios, a deudas históricas con las regiones y sus pobladores, a fallas estructurales del sistema, y no exclusivamente a los gobernantes de turno. En ese sentido, una parte de la responsabilidad recaería también sobre todas las autoridades que no hicieron bien su trabajo durante décadas.
Por eso, la necesaria búsqueda de justicia y de responsabilidades concretas en estos casos no se debe volver una cacería de brujas para encontrar chivos expiatorios, en lugar de un llamado de atención para que se implemente una verdadera política de prevención de desastres en un país en el que sabemos atender las emergencias pero no escuchar las alertas. En medio del dolor y la indignación por una catástrofe de tal magnitud, es entendible que se exijan explicaciones, pero señalar culpables para mostrar resultados no nos dará las verdaderas respuestas para que podamos evitar a toda costa que se repitan tragedias como estas.
Editoria El Espectador
Fuente : ElEspectador