Por: Lucía Ramírez Bolívar*
Conocí a Manuela en el Putumayo hace un par de meses. Cuando le pregunte por su historia me contó que empezó a cultivar coca porque fue la única manera que encontró para sobrevivir luego de llegar del Cauca desplazada. Ella cultiva otros productos pero venderlos es casi imposible debido a la falta de vías de acceso y rutas de comercialización en su vereda. Aunque Manuela sabe que cultivar coca es un delito, no ha encontrado otras alternativas para sostener a su familia. En vez proyectos de desarrollo rural e infraestructura, la respuesta del Estado a la situación de campesinos como ella ha sido la cárcel, las fumigaciones áreas – incluso de productos lícitos – y unos pocos proyectos de sustitución de cultivos que no han sido sostenibles.
Reconociendo que estas medidas no han sido efectivas, el punto 4 del Acuerdo de Paz planteó un cambio de enfoque. El énfasis está en la sustitución voluntaria y no en el encarcelamiento. Para ello se acordó la implementación de un programa integral de sustitución de cultivos y un tratamiento penal diferencial. Este último implica la búsqueda de alternativas a la cárcel para pequeños cultivadores como Manuela.
Para implementar este tratamiento, el gobierno presentó un proyecto de ley ante el Congreso hace casi un mes que aún no cuenta con ponencia de primer debate. El proyecto propone beneficios penales en el corto plazo para quienes cumplan con los acuerdos de sustitución, como no iniciar investigaciones o suspender las que están en curso. Estas medidas de carácter temporal les permiten a los cultivadores comprometerse a sustituir sin el temor de que se inicie un proceso penal en su contra y les da a las autoridades garantías legales pues aclara la situación judicial de quienes recibirán los beneficios del programa.
Para recibir este tratamiento especial los campesinos tendrán un año para manifestar su intención de acogerse al programa de sustitución y entre otros requisitos deberán erradicar voluntariamente sus cultivos. Muchos nos preguntamos qué va pasar con los cultivadores que no puedan erradicar porque el programa no llegue a sus regiones o porque sean presionados para seguir cultivando.
El proyecto presentado por el Gobierno trató de responder a estas preguntas yendo más allá de lo planteado en el Acuerdo. Propuso una rebaja de penas permanente para quienes tengan cultivos de uso ilícito dependiendo del tipo de planta, de la extensión del cultivo y de su relación con el predio. Esta medida constituye un avance muy importante hacia la reforma a la política de drogas en Colombia.Reconoce que las penas actuales para este delito pueden resultar desproporcionadas en el caso de campesinos como Manuela y abre el camino para que los esfuerzos de las autoridades se enfoquen en quienes realmente se lucran de la economía de las drogas.
Las críticas a esta novedosa propuesta no se han hecho esperar. El Fiscal General expresó que el proyecto va en contra de una “legislación que hemos construido con mucho cuidado durante más de tres décadas para poder combatir el fenómeno del narcotráfico” y “plantea una reducción indiscriminada de penas que lleva hasta disminuciones del 80%”. Sin embargo, es necesario revisar estas afirmaciones con cuidado.
Si bien existe una legislación que busca resolver el problema de las drogas a través de la imposición de altas penas para quienes cometan estos delitos, esta no ha sido efectiva. En 2015, el negocio del narcotráfico obtuvo ganancias por 12,4 billones de pesos y una rentabilidad del 260%. Esto se debe, en parte, a que las políticas de drogas se han enfocado en la persecución de los niveles primarios de la economía del narcotráfico: quienes cultivan, transportan y consumen drogas. En 2014, por ejemplo, había cerca de 23.141 personas en prisión por delitos de fabricación, tráfico y porte de drogas pero solo 244 lo estaban por el delito de lavado de activos.
Por otro lado, el proyecto de ley NO propone una reducción indiscriminada de penas. Actualmente, quien tenga cultivos ilícitos puede enfrentarse a penas entre 8 a 18 años independientemente de la extensión del cultivo. La propuesta reduce las penas de la siguiente manera: quienes tengan pequeñas plantaciones (máximo 3,8 hectáreas de coca) podrán enfrentar condenas entre 1 y 4 años. Sólo en este caso se da una reducción de las penas de aproximadamente el 80%, lo cual resulta acorde con el objetivo de promover un enfoque menos punitivo para abordar el problema de los cultivos de uso ilícito.
Para los cultivadores que excedan las extensiones establecidas en el proyecto de ley, la pena será de 4 a 10 años de prisión, lo que implica una reducción en promedio del 47% en las penas. Finalmente, para el caso de los financiadores que excedan las anteriores extensiones, tendrán penas entre 9 y 15 años, lo cual no es un cambio significativo en relación con las penas actuales.
La persistencia de los cultivos ilícitos evidencia que la actual política de lucha contra las drogas fundada en el uso del derecho penal no ha sido efectiva. Por el contrario el encarcelamiento para los pequeños cultivadores afecta su subsistencia y les impide superar las causas estructurales que los empujan a cultivar. Por eso, además de tomar medidas de corto plazo en el marco de la transición hacia la paz, es importante y urgente que el Congreso apruebe la rebaja de penas permanente propuesta por el gobierno. En vez de cárcel, campesinos como Manuela necesitan alternativas reales y sostenibles para sobrevivir.
* Investigadora de Dejusticia
Twitter @aydalucia
Fuente : ElEspectador