Con movilizaciones en varios municipios por los incumplimientos del Acuerdo de Paz y sin enviar los listados a Bogotá de las personas que quieren sustituir, los cocaleros de Putumayo, el segundo departamento con más coca después de Nariño, lograron que el viernes pasado viajaran a negociar con ellos hasta Puerto Asís el alto consejero para el posconflicto Rafael Pardo y el director de la Oficina de Drogas, Eduardo Díaz.
Les pedían tres cosas que en el fondo son el corazón del punto Agrario y el de Drogas del Acuerdo: que tengan bienes públicos (desde carreteras hasta puestos de salud) para poder sacar los productos que van a reemplazar la coca que hoy tiene inundado a ese departamento con más de 25 mil hectáreas; que les resuelvan el problema de seguridad porque hay disidencias y bandas criminales amenazando a los líderes campesinos que defienden la sustitución y que los que se comprometan a arrancar la hoja tengan un alivio penal por hacerlo.
Al final salieron con una hoja de ruta que el Gobierno deberá cumplir con el reloj en contra porque le quedan ocho meses y la Mesa Regional de Organizaciones de Putumayo, Meros, que fueron los que lideraron la negociación, lograron apancalarse electoralmente con miras a las circunscripciones de paz del año entrante.
Más gerencia
Hace un mes, como lo contamos en La Silla, cocaleros de varias regiones del país, incluído Putumayo, salieron a marchar exigiendo que la salida al problema de la coca sea la sustitución voluntaria y no la erradicación por cuenta de la presión de Estados Unidos.
Esas marchas, en Putumayo, las lideró la Meros, una organización sombrilla y súper poderosa en ese departamento, que agrupa a por lo menos veinte organizaciones campesinas de ocho municipios, incluida la Coordinadora de Cultivadores de Coca y Amapola, Coccam, que es la que ha tenido el micrófono para negociar con el Gobierno la sustitución de la coca.
A las marchas se sumó otro ingrediente. Según dijo a La Silla una fuente del Gobierno que nos habló con la condición de no citarlo, la Meros coordinó con su gente en los municipios para que los listados de las familias preinscritas para sustituir por municipios (que son más de 15 mil) no fueran enviados a la Oficina de Drogas de Díaz y así presionarlos para que viajaran a negociar con ellos.
La Meros tiene otra versión. “No era la Meros la que no quería entregar las carpetas con los preinscritos. Son las bases las que estaban manifestando que no hay seguridad en el territorio por la presencia de disidencias ni certeza de que nos van a cumplir con los pagos y nosotros simplemente llevamos la voz de nuestras bases”, dijo a La Silla Sur Jholman Tarache, miembro de la Meros y de la Coccam.
Sea como sea, esos listados se quedaron sin ser enviados a Bogotá durante tres semanas, lo cual retrasó todo el trabajo de la Oficina de Drogas.
Lo retrasó porque apenas los reciben, en Presidencia cruzan esos nombres con bases de datos del Sisben, del Registro Único de Víctimas y de la Registraduría para verificar que los que se inscriben efectivamente viven donde dicen, para así evitar colados, y para que no pase que se inscriben dos o más personas de una misma familia para que les den el doble de plata.
Esa sola revisión tarda mínimo un mes y luego de eso, con los nombres verificados, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Unodc, viaja a terreno a verificar que las hectáreas que reporta cada familia cocalera sí son las que dijo.
Así que por cuenta de esa presión, el Gobierno estuvo a punto de tomar la decisión de entrar a erradicar. “No podíamos quedarnos eternamente esperando a que mandaran los listados”, nos dijo una alta fuente del Gobierno.
Pero como en Putumayo hay un acuerdo regional de sustitución firmado hace meses, entrar a erradicar era prácticamente la antesala para que pasara lo de Tumaco, donde murieron a principios de octubre seis campesinos en medio de enfrentamientos entre el Ejército, la Policía y los cocaleros, dejando en evidencia la descoordinación del Gobierno entre la sustitución y la erradicación.
Por eso, en la reunión del viernes, el Gobierno se comprometió a tres cosas a cambio de que enviaran los listados. Primero, a que el Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos, Pnis, se articule con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdets. Eso en la práctica significa que a medida que se vayan arrancando las matas, se construyan también las carreteras para poder sacar los nuevos productos, además de puestos de salud, alcantarillas y casas para los campesinos.
Que las carreteras y otros bienes públicos se construyan al tiempo que se erradiquen las matas depende de que el posconflicto se gerencie mejor porque hay muchas cabezas responsables. Aterrizar los Pdets está en manos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, a cargo de Mariana Escobar y cuyos funcionarios, según supo La Silla por tres fuentes distintas (una del Ejército y dos líderes comunales) han sido amenazados por las disidencias de las Farc en Orito, un municipio en Putumayo, para que no socialicen el Pdet en el territorio.
A lo otro que se comprometieron fue a diseñar un protocolo de seguridad porque hay varias denuncias de presidentes de juntas y voceros de la Meros amenazados por las disidencias para que no sustituyan, como lo hemos contado en La Silla Sur.
Eso, según nos dijo el general Adolfo León Hernández, comandante de la brigada 27 que es la que hace presencia en Putumayo, significa “acompañar con Policía y Ejército a los funcionarios del Gobierno cuando hagan visitas de verificación y estamos viendo si en algunos casos podemos ser nosotros y no los campesinos los que arranquen las matas, para no exponerlos”, nos dijo.
El problema es que el Ejército puede ir y arrancar la mata, pero el campesino es el que igual se queda enfrentando las amenazas de los grupos armados.
Y el otro compromiso clave del Gobierno y que en teoría le quita un gran temor a los cocaleros es que los que se acojan al Pnis no van a tener que ir a la cárcel por cultivar coca, que es a lo que se arriesgan hoy. El lío es que eso ya no depende del Gobierno, sino de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de alternatividad penal.
Ese proyecto ya lo presentó el ministerio de Justicia y dice que quienes tengan un cultivo de máximo 3.8 hectáreas de amapola y no se acojan al Pnis podrán enfrentar penas entre uno y cuatro años de cárcel. Pero no va ni en primer debate, por lo que es muy probable que no alcance a pasar por fast track (que va hasta el 30 de noviembre) y así quede con mensaje de urgencia para que salga en diciembre, no hay ambiente para su aprobación.
Según supo La Silla por un experto en drogas que ha hecho parte de las discusiones de ese proyecto en Presidencia “allá (presidencia) saben que lo más probable es que no pase porque hay mucha presión, sobre todo desde la Fiscalía, para bajar el número de hectáreas y con el aumento de los cultivos muchos congresistas no van a estar de acuerdo con darle ese alivio penal a los cocaleros”.
Encima de eso, sigue sin resolverse la pelea más grande que hay en Putumayo, que es la de la vocería de la sustitución y en general, de quién asume la vocería del aterrizaje de los acuerdos allí.
El micrófono
Hasta ahora el dueño del micrófono para negociar la sustitución en Putumayo ha sido la Meros, que es la que creó los comités municipales de la Coccam, una organización afín a las Farc.
Aunque a la reunión del viernes fueron representantes de otras organizaciones que no son de la Meros como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, Anuc, solo fue un delegado de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Putumayo, Asojuntas, que agrupa a más de mil juntas comunales de Putumayo.
Ese delegado fue en representación del municipio de Orito, el único municipio donde Asojuntas y la Meros tienen buena relación. En el resto de municipios no se quieren porque como nos explicaba Eder Jair Sánchez, miembro de la Anuc y que ha tratado de acercarlos, “la Meros ha monopolizado la vocería y no permiten que otros participen y el Gobierno ha generado un apego y complacencia con ellos porque temen que se rompan los diálogos y volvamos al paro cocalero de 2013”, nos dijo.
Dentro del Gobierno tienen otra lectura. “La Meros ha perdido el monopolio porque han sacado la cabeza otras organizaciones como la Anuc y Asojuntas y por eso lo que buscan con los paros y con esta negociación es consolidar su liderazgo y posicionarse electoralmente”, nos dijo una alta fuente del Gobierno refiriéndose a que Yule Anzueta, vocero de la Meros y de la Coccam, se quiere lanzar a la circunscripción especial de paz.
Asojuntas no salió al paro que convocó la Meros hace un mes. “No nos prestaremos para que nos convoquen a ser bulto en el paro y sean otros los que se vanaglorien de estas acciones”, dice el mensaje de WhatsApp que mandó Oswaldo Solarte, presidente de la Asociación de Juntas en San Miguel, a sus compañeros de Asojuntas.
Tampoco han participado en las discusiones de la sustitución y el lío con esa división es que al ser la Meros la dueña del micrófono de la sustitución hasta ahora, miles de familias cocaleras que están con Asojuntas no han entrado en los acuerdos con el Gobierno. Eso deja por fuera, según los cálculos de Asojuntas, a unas diez mil familias.
Así que aunque los listados de los que están dentro del Acuerdo ya están llegando a la Oficina de Drogas en Bogotá y tienen hasta el 31 de diciembre para terminar de enviarlos según nos dijo Rafael Pardo, la sustitución arrancará a despegar en el segundo departamento con más coca ad portas de que se acabe el Gobierno Santos y con algunos. No con todo el departamento.
Fuente : LaSillaVacia