Por: Jesús Bernal
Las regiones del medio y bajo Putumayo han evidenciado reacciones comunitarias sobre sus problemáticas, luego de la reincorporación de las FARC a la sociedad colombiana. Esos reclamos se acentúan debido al argumento del olvido del Estado en materia de inversión. Esas comunidades se han levantado y reclaman atención. En Putumayo se registran al menos cuatro ejemplos. El caso de la Inspección de Siberia en Orito, el Bloque San Juan en Villagarzón, y las zonas de exploración petrolera de La Alea en Puerto Asís, Puerto Ospina y Puerto Guzmán.
Un levantamiento popular se viene evidenciando en el Putumayo, donde se considera ya existe mayor libertad de expresión y donde no se cuenta con el temor por la presencia de grupos armados irregulares. En el caso puntual del departamento, las FARC. En la región de La Alea en Puerto Asís, hasta hace apenas una semana y tras varias jornadas de acercamientos con la firma petrolera Amerisur Exploración Colombia, se levantaron las vías de hecho. Se espera conocer una fecha inicial para avanzar en los primeros acuerdos entre las partes.
La representante de las comunidades y en particular del gremio de proveedores y suministros para la industria petrolera, se ha convertido en una voz activa en las reclamaciones. Se trata de la líder Ruby Manquillo que nos habla sobre los acercamientos. “La reunión se dio con el General Adolfo León Hernández, en el Batallón del kilómetro 5 en Puerto Asís, donde sólo se conocía la versión de Amerisur. Ellos escucharon las versiones de la problemática de lo que está viviendo, entonces se está aclarando, que nos sólo es lo que diga la empresa petrolera, es también lo que digan las comunidades”. (…) “La carretera está normal, las vías de hecho se levantaron el sábado pasado a las 6: 30 de la mañana y quedó habilitada para todo el mundo. Igual, el paro sólo era para la industria petrolera, para las comunidades no había paro”.
Y que va a pasar con las quejas que se hicieron, cuando al ingreso de una caravana civil acompañada por la fuerza pública sobre la una de la mañana del pasado miércoles 30 de agosto. Ruby Manquillo dice que “Los conductores de los vehículos fueron engañados, Ellos entraron pensando que había una tregua con las comunidades de la protesta. Pidieron el acompañamiento de la policía, pero no para atropellar la gente”.
En el caso del Bloque San Juan, donde se registra la lucha territorial entre campesinos arraigados desde hace 50 años, no quieren que el pueblo inga logre acceder a 40 mil hectáreas de tierras, que están rodeadas de selva, montaña y ríos. El primer encuentro con el gobierno fracaso según el Presidente de las Juntas Comunales de Villagarzón Iván Ruíz
Para el líder comunal, no fueron representados por los funcionarios del gobierno nacional. Antes por lo contario, mucha de la información está relacionada con los derechos de las pueblos ancestrales en el sur del país. Iván Ruíz dice que no son todos los representantes de las comunidades indígenas que tienen esos intereses. “En el marco de ese conflicto por tierras por parte de las comunidades campesinas y una fracción del Pueblo Inga, porque hemos descubierto que son algunas representantes, en la pretensión que ellos tiene que se adjudiquen cerca de 40 mil hectáreas, que componente toda esa cordillera andino amazónica, que corresponde desde el río Alguacil hasta el rio Conejo, en límites con Orito”.
El otro aspecto de discusión es que el Bloque San Juan está en concesión no sólo para petróleo, sino también para oro y cobre. Ruíz, se refiere a la primera jornada donde se pretendía un primer acercamiento con el gobierno nacional pero no fue así. “Desafortunadamente llegaron unas personas, no las que nosotros queríamos, sino que llegó un delegado de la Agencia Nacional de Tierras, que a su vez es el abogado que está llevando el caso de la constitución de ese resguardo y otra persona del Ministerio del Interior que estaban totalmente parcializadas”.
En la Inspección de Siberia, que reúne 30 veredas en el municipio petrolero de Orito, se esperaba un primer encuentro institucional donde las comunidades piden presencia e inversión estatal. Sobre esa situación se refirió el alcalde Manuel Eduardo Ocoró. ”El tema de ese proceso, nuestros campesinos están muy motivados, nuestra gente está muy empoderada del proceso de paz, de todo lo que tiene que ver con la inclusión. Tendremos a la policía nacional, el ejército nacional, el Sena, el Ministerio del Interior, y otras entidades, para unir esas sinergias y traerle desarrollo al campo del municipio de Orito”.
El escenario ha permitido que también se impulsen procesos de consulta popular a través de la realización de los denominados Foros Minero – Energéticos, donde la mecánica desprende como gran conclusión que se eleve la consulta popular para pedir a la gente si quiere o no que avance la exploración de hidrocarburos y de minería en el departamento. Se han realizado dos jornadas, uno en Puerto Ospina (Puerto Leguízamo) y otro en La Carmelita (Puerto Asís). Se realizó ya el de Puerto Guzmán con baja participación de las institucionalidad.