Por: Jesús Bernal.
El Putumayo fue escogido por la Agencia para Sustitución de los Cultivos Ilícitos, para implementar el plan piloto que se ejecutará en trece municipios del departamento. La estructura organizativa de las comunidades fue la clave para que el gobierno tomara la decisión de para toma de esa decisión.
Paralelamente al proceso que avanza con las organizaciones sociales del departamento de Putumayo y la negociación con el Gobierno Nacional que inició hace tres años (septiembre 14 de 2014 en Puerto Asís), el anuncio del gobierno buscará los puntos de inflexión y disenso para determinar cuántas serán las familias beneficiadas con y sin cultivos de coca.
El gobierno departamental designó al profesional Javier Rosero para que atienda el tema en particular y otros aspectos que son vitale, como es el caso de disputas de territorio en el Bloque San Juan en Villagarzón, entre campesinos y comunidades indígenas.
Para desarrollar la agenda propuesta desde la gobernación los temas son “la consulta previa, dado el auge que hay con la industria petrolera, dados los 14 pueblos indígenas y comunidades afros. Otro tema es el contrato plan para la Paz, que es bastante ambicioso y que ha estado un poco rezagado (…) y el tema que nos ocupa hoy que es el pilotaje del programa de sustitución de cultivos”, argumentó Javier Rosero.
Para el Putumayo es un premio haber sido seleccionado para el desarrollo del plan piloto. Se debió a “la capacidad instalada de las organizaciones, su grado, su método, el trabajo que se han hecho minuciosamente en el departamento del Putumayo, el trabajo de todos los actores (…) Inicialmente el plan estaba destinado para Nariño, pero se vio una irregularidad en el tema de orden público. Se vio que hay disputa territorial por las rutas del narcotráfico hacia el pacífico, temas sensibles. Vieron que en el Putumayo hay organizaciones consolidadas y trabajo desde hace muchos años”, afirmó Javier Rosero.
Para las comunidades campesinas y los líderes del departamento, el plan piloto propuesto debe ser analizado con profundidad considerando un tema fundamental. Para ellos es fundamental el total de comunidades y municipios focalizados. La cifra de familias podría ser de 50.000, pero el gobierno no cuenta con todos los recursos para apoyar esa iniciativa.
Yuri Quintero, diputada del Putumayo manifiesta que “la gente tiene mucha expectativa sobre esto y el Gobierno Nacional debe respetar esa voluntad de la gente, partiendo del origen de la presencia de los cultivos ilícitos que corresponde al abandono estatal. Hay que cortar de raíz ese abandono (…) Se discute si se deben atender a familias cocaleras y no cocaleras, eso lo indican los acuerdos. El gobierno está tratando de excluir a los que no tienen coca” expresó la diputada.