Por : Agustín Ordoñez Gonzalez.
Ganamos mucho con el Paro Nacional, indudablemente, desde diferentes puntos de vista, y se podría decir que el magisterio logró varios “aumentos”. Pero esta gran gesta sindical, contrario a lo que algunos puedan pensar, no representó nada en lo referente a incremento del salario. A los detractores del magisterio esto puede resultarles inverosímil y a otros los sorprenderá, más aún después de los consabidos señalamientos, repetidos y desubicados, que se hicieron en distintos medios y de diferentes formas, en los que de forma sesgada y malintencionada se aseveró, que solo fue eso lo que se buscó y el resultado de esta protesta que comenzó el 11 de Mayo y concluyó el 16 de Junio, constituyéndose en el más largo de la historia de la organización sindical del magisterio.
En su afán de desacreditar a los maestros, descargar su animadversión y agradar a quienes les pagan, a nuestros detractores nunca se les ocurrió, antes de hablar de los resultados del paro, leer primero el Acta de Acuerdos suscrita entre el Gobierno Nacional y FECODE, un documento público de fácil consulta. Tal parece que la búsqueda de la verdad y fuentes veraces de información y su análisis, es algo que solo pasa por la mente de quienes tengan como propósito informar con claridad, responsabilidad e imparcialidad y de quienes acostumbran a opinar y debatir con objetividad, algo cada día más difícil de encontrar en los medios de comunicación y en quienes tienen o se han auto asignado la misión de informar, al igual que en los debates que se suscitan en el ámbito político y educativo.
De haberla leído se habrían percatado de que no aparece allí ni un solo punto que establezca incremento salarial. Y no aparece sencillamente porque no se acordó. Cabe anotar que el salario de todos los trabajadores y empleados públicosse incrementa por norma cada año, igual que se hace con el salario mínimo, si se le puede llamar incremento al simple hecho de aplicar el Índice de Precios al Consumidor – IPC, que en la práctica es lo que se hace en este país. El incremento alos maestros es el mismo de todos los empleados públicos en Colombia y fue inferior al del salario mínimo, pero no hizo parte de los acuerdos del Paro. En conclusión, en el Paro Nacional el magisterio no obtuvo ni acordó absolutamente nada en materia de incremento de su salario.
Pero si obtuvimos varios aumentos, bastante considerables y mucho más valiosos para nosotros.
Se incrementó el apoyo de las comunidades educativas y la sociedad nacional a la lucha del magisterio y a la defensa de la educación pública, que es nuestra bandera de lucha y la razón de nuestra organización sindical. Esto es lo que más molesta y preocupa mucho al gobierno y a nuestros contradictores.
Se incrementó la unidad del magisterio, demostrando que somos la organización sindical con mayor fortaleza y capacidad de lucha en este país y que esa fortaleza podría ser también política.
Se incrementaron la consciencia social y política del país sobre la importancia de la educación y su problemática y sobre la causa de todo, que es la desfinanciación del sector, a la que la han sometido los últimos gobiernos, principalmente con las reformas Constitucionales de los años 2001 y 2007. A pesar de la desinformación y los ataques del gobierno, de algunos medios y de quienes siempre nos critican, generamos el más amplio debate en todos los niveles de la sociedad en torno a la educación. El respaldo fue tan significativo que los propios Gobernadores, Alcaldes, Secretarios de Educación, Directivos Docentes y otros sectores de la sociedad le dieron la razón al magisterio, manifestando enfáticamente, tal como lo propusimos en el Pliego de Peticiones, que era el momento de pensar mejor la educación y exigir que se modifiquen esas condiciones de financiación.
Y lo más importante, logramos establecer las condiciones para incrementar los recursos para la educación, la base estructural para alcanzar las soluciones que requiere.
Eso fue lo que acordamos y esa es la verdad sobre la lucha del magisterio y el Paro y esa es la realidad sobre la educación. Y no son tan difíciles de entender y aceptar esa verdad y esa realidad si se las mira y analiza con mayor detenimiento y un poco de objetividad, con fundamento en la realidad social que vive este país y por ende su educación y a la luz de algunas normas que la rigen.
“Y si los maestros lograron eso por qué en el departamento seguimos con los mismos problemas de Alimentación, Transporte, etc.? nos decía una señora el día martes 4 de Julio, cuando debíamos reiniciar las labores académicas en el departamento y en el Alto los personeros escolares, los estudiantes y los padres de familia, encabezados por el Comité Por la Defensa de la Educación Pública, decidieron protestar y no regresar a la “normalidad” como si nada y se tomaron los colegios para denunciar la situación de la educación en el Putumayo, con justa razón.
Esta pregunta, que puede ser también la inquietud de muchas personas, nos permite tratar de hacer un poco de claridad al respecto.
El actual sistema de financiación de la educación, el Sistema General de Participaciones – SGP, que redujo drásticamente los recursos para la educación y la salud, que reemplazó al Situado Fiscal y tumbó la Ley 60 de 1993, nace de una Reforma Constitucional del Gobierno Pastrana, que propone a consideración del Congreso el Acto Legislativo 01 de 2001 y que obviamente fue aprobado por un Congreso siempre de bolsillo, incluyendo a algunos de nuestros Representantes, y que dio origen a la nefasta ley 715 de 2001. Esa reforma tenía vigencia hasta el año 2008, pero fue profundizada y agudizada con otra reforma Constitucional del gobierno Uribe, que nuevamente propone al Congreso el Acto Legislativo 04 de 2007, más lesivo aún que el 01 de 2001 y que prolongó hasta el presente la disminución de los recursos para educación, salud, agua potable y saneamiento básico.
En el primer componente del Pliego de Peticiones que se le presentó al gobierno, sobre Política Educativa, se plantea: “Reformar el Sistema General de Participaciones – SGP, en la vía del fortalecimiento de los recursos para educación pública”. Esta petición determino la larga duración del Paro, por la posición del “no hay plata” que mantuvo y defendió férreamente el gobierno, fiel a las imposiciones multilaterales. La unidad del magisterio, sus acciones de lucha y el respaldo nacional, lograron modificar esa posición, algo que ni el Congreso ni los departamentos y municipios habían propuesto y menos conseguido.
En el primer punto del Acta de Acuerdos, denominado precisamente Financiación de la Educación, se establece que: “El Gobierno Nacional y FECODE reconocen la necesidad de una reforma estructural al Sistema General de Participaciones (SGP) que permita garantizar de manera progresiva los recursos necesarios para seguir cerrando las brechas…..”. En este sentido se acuerda conformar una comisión de alto nivel con la participación de los ministerios de Hacienda y Educación, la Procuraduría y FECODE, la cual deberá presentar una propuesta modificatoria antes de finalizar el primer semestre del año 2018.
Como podrá deducirse, esta modificación no es automática ni se hace de la noche a la mañana, es algo que deberá proponerse, discutirse y aprobarse. La propuesta que se elabore en este sentido deberá seguir el mismo trámite que tuvo la implementación del SGP. Se debe plantear una reforma Constitucional, a través de un Acto Legislativo que sea aprobado por el Congreso y que establezca un nuevo sistema de transferencia de recursos, que luego sea reglamentado por una nueva ley o una reforma a la Ley 715 de 2001. Sabemos que el Gobierno y el Congreso, incluidos nuestros Representantes, son muy diligentes y ágiles cuando de quitarle recursos y aprobar más impuestos al pueblo se trata, pero muy cicateros y demorados para aumentar los recursos para atender sus necesidades.
Hasta tanto,cada gobernante de cada entidad territorial certificada en educación debe planificar, gestionar y garantizar los recursos para solucionar los problemas de la educación, principalmente de alimentación y transporte escolar, porque cuando se postularon como candidatos y fueron elegidos conocían la situación, suponemos, y así la asumieron. No tiene sentido que la gobernación nos diga ahora que el problema es nacional o estructural, porque eso todos lo sabemos. Decir eso equivale a una declaración pública de incapacidad para solucionar los problemas del departamento.