Las cifras son dicientes. De los 341.034 habitantes que tenía el departamento del Putumayo de 2015, 146.104 estaban registradas como víctimas del conflicto armado. Ahora, a partir de las elecciones de parlamentarias de 2018 podrán elegir un representante a la Cámara como gestos de reparación políticas a los territorios más victimizados por la guerra.
Poco menos de la mitad de la población de este departamento al sur del país (42.52 %), ha vivido por años el calvario de sufrir desplazamientos, homicidios, desapariciones forzadas, territorios minados y violencia sexual. Así lo dice el informe de la Unidad de Víctimas.
Y es que este departamento, vecino del Caquetá, fue el centro de operaciones del Bloque Sur de las Farc. En sus selvas, se refugiaron los más buscados comandantes guerrilleros. Hoy, entre La Carmelita y La Pradera, en Puerto Asís, cientos de combatientes se alistan para dejara para siempre sus armas.
La investigadora Catalina Rocha, en un informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), señala que tanto Putumayo como Caquetá fueron, desde 1980, vitales para la expansión y financiación de la guerrilla y en donde hasta hace unos diez años se presentaban enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares. Ambas estructuras mantuvieron presencia, incluso, en años recientes.
No en vano ocho de los 13 de municipios que conforman el Putumayo también integran lo que sería la circunscripción especial de paz número 11, que fue pactada en el acuerdo de paz de La Habana. Este circunscripción especial se creará una vez el Congreso apruebe el proyecto de ley que cursa en el Congreso.
Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, San Miguel, Valle del Guamez y Villagarzón. Estos municipios, en caso de que el proyecto pase a ser ley de la República en la próxima legislatura, podrán elegir un candidato, inscrito por movimiento sociales, indígenas, de mujeres o de víctimas, para que represente sus intereses en la Cámara como una de las región más afectada por la guerra.
Según datos del informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) entre los años 2014 y 2016, hubo una alta actividad de bandas de crimen organizado, principalmente en Orito. En Puerto Asís y Valle del Guamez, por otro lado, padecieron el arraigo del paramilitarismo en un termino “medio”.
Asimismo, es un departamento alta presencia de cultivos ilícitos. Sólo en los ocho municipios de la circunscripción hay más de mil hectáreas. Puerto Asís, con 6.052 hectáreas, lidera la lista de las poblaciones con mayor densidad de cultivos, sin embargo, tanto este como Orito, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamez y Villagarzón presentan una densidad extrema de estas plantaciones .
De acuerdo con el censo poblacional proyectado a 2018, en esta circunscripción habrá 276.252 personas, de las que 152.324 hacen parte del censo electoral, que tuvo participaciones del 37,8 % y 37,9 % en las elecciones a la Cámara y Senado, en 2014, respectivamente.
En seis los ocho municipios que conforman esa circunscripción (San Miguel, Valle del Guamez, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Puerto Leguízamo y Puerto Asís), la mayor votación a la Cámara la tuvo el partido Conservador. En Orito ganó el Liberal, y en Villagarzón, el Mira. En Senado, el Liberal fue el gran ganador, obteniendo la mayoría de los sufragios en todos los municipios, menos en Puerto Leguízamo, donde ganó el Centro Democrático.
Respecto de la votación a la presidencia en 2014, Juan Manuel Santos ganó en seis municipios, menos en Villagarzón (Marta Lucía Ramírez) y Puerto Leguízamo (Óscar Iván Zuluaga), donde ganó el candidato uribista en la segunda vuelta presidencial.
El total la circunscripción cuenta con 67 puesto de votación, que representan 376 mesas, sin embargo, de acuerdo con la MOE, la dificultad de acceso a estos en casi todos los municipios es alta y extrema. Por otra parte, cinco hechos considerados como violencia política y comunal han sucedido en esta circunscripción entre enero de 2016 y el 20 de abril de 2017: dos asesinatos a miembros de Juntas de Acción Comunal (uno en Puerto Asís y otro en San Miguel); dos amenazas y un atentado.
Estos ocho municipios del Putumayo entran a la lista de las zonas sobre las que el Estado deberá poner la mayor atención durante las futuras elecciones en 2018, para garantizar que sus pobladores puedan elegir candidatos que, como señala la oposición, no sean impuestos por los actores armados.
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