Texto y Fotos: Berta Camprubí | Mocoa
Cuando la carretera que lleva a Mocoa cruza el río Caquetá deja atrás el departamento del Cauca para llegar al amazónico Putumayo. Pocos después cruza el río Mocoa, desaparece la selva y empiezan a proliferar veredas y barrios de casitas hechas en ladrillo y cubiertas con zinc. El siguiente puente, que atraviesa el río San Antonio, acaba de levantarse: el antiguo lo destruyó la avalancha que la noche del 31 de marzo arrasó con 17 barrios de la capital del Putumayo dejando aproximadamente 20.000 víctimas y, según las cifras oficiales, 330 muertos. “Señora, hubo una avalancha que mató a mi papá”, le dice un niño de cinco años, con la mirada perdida en las toneladas de ruina a lado y lado de la carretera, a otra pasajera de un autobús que entra a la ciudad
Ya casi en el centro, debajo de otro puente recién armado con la ingeniería militar, el río Sangoyaco -que en lengua indígena inga significa agua revuelta– da el testimonio definitivo del desastre natural y social que sufre, en un presente remoto y futuro, la llamada ciudad del agua. El Mulato es el tercero de los ríos y quebradas que, más que desbordarse, se convirtieron por minutos en fuerzas imparables. A las 23.30 horas, toneladas de agua, troncos y rocas de más de tres metros cogieron a la población en pijama -a algunos de fiesta, pues era noche de viernes-, absolutamente desprevenida. Más de 70 días después, el centro de la ciudad siente las ausencias. Hay comercios cerrados, caras largas. Las dinámicas cotidianas pelean por volver a la normalidad general pero, por ahora, no hay normalidad posible. “Se han perdido vidas, viviendas, trabajos. Cada vez que llueve la gente sale corriendo para algún lado. Hay tristeza, pesadillas, mucha zozobra”, asegura Segundo Navia Mutumbajoy, vecino de Mocoa.
Un problema de “desordenamiento territorial”
Al norte, desde donde la gigantesca corriente empezó a transformar de manera aplastante la ciudad, se extiende hoy un desierto de piedras blancas y arena. Decenas de hectáreas de pavimento y materiales arrasados que pocas pistas dan de haber sido suelo urbanizado. San Miguel, La Floresta y Los Laureles eran barrios habitados por muchos desplazados del conflicto armado. Hoy no existen. Según el periodista Nixon Piaguaje, de la emisora local Radio Wayra, se calcula que la población autóctona de Mocoa es de 46.000 habitantes a pesar de que en ella viven -o vivían antes de la tragedia- más de 80.000 personas.
Desde hace 15 o 20 años, desafiando un débil Plan de Ordenamiento Territorial municipal, “poblaciones desplazadas se asentaban en el camino del río y las administraciones lo permitieron”, afirma la Veeduría Ciudadana, colectivo de unos treinta activistas reunidos en la sede de la Corporación Casa Amazonia y bautizado ya como Veeduría para la Reconstrucción de Mocoa (VRM). “Estamos frente un problema de desordenamiento territorial”, determinan. Piaguaje, perteneciente al pueblo Siona, explica que en la avalancha “desapareció el cabildo inga Musurunakuna –nosotros los nuevos jóvenes, en inga- que había exigido ser reubicado desde hacía años”. “Hay responsables, sí, los que no tuvieron en cuenta estas llamadas”, sentencia el periodista independiente.
La Alcaldía de Mocoa anuncio “tiempos de renovación” y un nuevo Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Si éste no tiene una mirada integral y transformadora la historia podría repetirse: la problemática actual, compleja e integral, contempla ya centenares de “damnificados que están invadiendo veredas y territorios que no están preparados para hospedar barrios ni a nivel social ni a nivel ambiental”. Algunas invasiones ya han sido formalizadas, otras han sido reprimidas por las fuerzas del ESMAD. “La naturaleza nos está hablando con contundencia de modo que nos toca pensar a un nivel más alto, nos toca ser creativos”, reflexiona una activista de la VRC, organización que ya trabaja para crear un proceso de reconstrucción participativa y comunitaria de la ciudad.
“Asumir la responsabilidad de tantos muertos”
A las dos de la tarde de un día caluroso de principios de mayo llegó, una vez más, una noticia escalofriante: habían encontrado otro cuerpo entre los escombros del barrio de Los Pinos. En el escenario del desastre se reunieron la fiscalía -con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI)- la policía, los bomberos, una excavadora, algunos técnicos locales, un equipo de telenoticias Caracol y un centenar de vecinos de la comunidad que se tapaban la nariz y la boca por el fuerte olor que la zona desprendía. “Es un niño de 8 años el que encontraron acá en mi barrio. La misma comunidad lo sacó y lo que más indignación me da es que la búsqueda de los cuerpos terminó el 8 de abril a pesar de que, así como este niño, debe de haber muchos más aquí enterrados”, asegura Luisa Ordoñez, damnificada por la avalancha de 16 años. Cuando esta joven mocoana volvió a retomar sus clases, unas dos semanas después de la avalancha, faltaban 60 de sus compañeros.
“Dicen que son como 320 muertos; no, por ahí no pasamos, hay más de 1.500, más los que siguen desaparecidos, más los que enterraron sin decir nada”, denuncia otra vecina del barrio de Los Pinos. De 30 vecinos de la zona afectada consultados, 28 de ellos aseguran que tiene que haber entre 1.000 y 1.500 víctimas mortales, la mayoría aun enterrada o llevada por la corriente del 31 de marzo. Los otros dos no tienen duda de que son más de 1.500. Este sentir del saber popular se contradice con las cifras oficiales que el gobierno colombiano ha divulgado a través de los medios de comunicación comerciales. “Ha habido negligencia, ha habido descuido y ha habido desinterés. Necesitamos que la vida de las personas sea respetada”, asegura la joven Ordoñez. Lo que presuponen muchos, como el periodista Piaguaje, es que al tratarse de población desplazada, parte del vecindario no estaba censada en la municipalidad y no se ha podido contabilizar. Sin embargo, existen otras herramientas: “a través del Sistema de Beneficiarios, de los programas de ACNUR, de la alcaldía y de otras organizaciones que trabajaban en esos barrios, ya podrían haber calculado la cantidad aproximada de víctimas mortales”, sostiene una representante de la VRM.
Lo que se comenta y se escucha en la calle es que al Estado no le conviene mostrar o reconocer una cifra de muertos superior a los 400 porque en tal caso recibiría sanciones internacionales. La VRM desestima este rumor y comenta que más bien “no quieren asumir la responsabilidad de tantos muertos por temor al juzgamiento de la población en general”.
Más arriba, entre abundantes ríos y montañas ricas en minerales, donde todo se originó, se encuentran, dicen, algunas de estas responsabilidades. “En 2007 hicieron sísmica para extraer cobre, luego para extraer petróleo, sacan mucha arena de los ríos para la construcción, estamos hablando también de deforestación etc.”, enumera una compañera de la VRM con larga experiencia en la municipalidad.
Carlos Herrera, ingeniero del grupo de Defensa Civil local, ha reportado a la alcaldía de Mocoa y a la Gobernación de Putumayo un Plan de Contingencia y Prevención del año 2011 que no ha sido tenido en cuenta. “El desastre no se hubiera podido evitar pero si tantos muertos” asegura la veeduría responsable de vigilar la gestión pública y el manejo de los recursos que llegan al municipio. Hasta hoy han llegado aproximadamente 33.000 millones de pesos a la cuenta solidaria para Mocoa. Vecinos y damnificados han recibido remesas, ropa y otras ayudas útiles, sin embargo hay un descontento general alrededor de la gestión de la millonaria donación que ha recibido la ciudad y que, según alguno,s “serviría para construir la ciudad entera dos veces”. “Si no se soluciona la situación va a salir una comisión de Mocoa a exigir todo lo necesario a la plaza Bolívar de Bogotá“, informa Piaguaje según las medidas que se resolvieron en la Marcha por la Verdad celebrada el 3 de mayo en Mocoae invisibilizada por la mayoría de medios de comunicación colombianos.
Reconstruir, revenir y recordar
“Se realizó una marcha para que el mundo conociera la realidad de lo que pasa acá en Mocoa, sin embargo ningún medio de comunicación la retransmitió”, dice Camila Morales, estudiante mocoana de 16 años. Más de 7.000 mocoanos salieron aquel día en ‘La Marcha por la Verdad: Mocoa sigue Viva’ a expresarse, a desahogarse y a exigir verdad y dignidad a las autoridades institucionales. Al menos 20 ciudades del país marcharon también en solidaridad. Una de las demandas claras de la marcha, y de la población mocoana organizada, es la creación de un proceso participativo para la reconstrucción de Mocoa. Una manera de dibujar de nuevo la ciudad teniendo en cuenta todos los puntos de vista y todas las problemáticas para que nunca más deba repararse un daño tan grande. La galería municipal principal, por ejemplo, fue afectada por la avalancha y ya ha empezado a darse un debate comunitario sobre su reubicación.
Según un estudio de la Universidad Nacional de Colombia hay 400 municipios colombianos bajo riesgo de avalancha. Uno de los que presenta una situación más grave es La Vega en el departamento del Cauca. Manolo Muñoz, cuidador del acueducto de la cabecera de este municipio andino desde hace 25 años y voluntario de la Defensoría Civil desde hace 10, reflexiona: “¿ve esos potreros de allá? Eso todo, todo, era montaña, bien bonita”. La pérdida de la cobertura vegetal debido a la actividad agropecuaria ha causado brechas de varios metros en La Vega. “Los mandatarios lo saben desde hace 5 y 6 años, ellos serían responsables de una negligencia si algo pasara”. Se está trabajando en un sistema de Alertas Tempranas y en pedagogías para concientizar a la población. “Y sin embargo son los mandatarios de este modelo los que necesitan ‘consciencia’”, sentencia Manolo.
El seis de junio, los vecinos del Resguardo Indígena de Toez, en el Norte del Cauca, conmemoraban el 23 aniversario de la avalancha que acabó con su pueblo natal, Toez, en Tierradentro. Más de 1.000 muertos dejó la furia del Nevado del Huila y el río Páez el año 1994. Laura Medina, vecina nasa del Resguardo de Toez, fue una de las víctimas de esa tragedia, y con estas palabras la recordaba: “No es fácil olvidar que en dicho momento perdimos seres queridos, pero también perdimos la esperanza de vivir arraigados al territorio que nos vio nacer y crecer bajo las costumbres de nuestros mayores (…) solo nos queda continuar luchando por un mejor mañana para nuestros jóvenes sin hacer que ellos olviden esta triste historia”.