En Colombia hay cerca de medio millón de personas que trabajan en la formación de deportistas. Muchos de ellos son licenciados en educación física o graduados en alguno de los 92 programas relacionados con ciencias del deporte, pero apenas un 10 % se dedica al alto rendimiento.
Para esa minoría se realizará este miércoles, en el Senado de la República, el último debate de un proyecto de ley que busca reglamentar la profesión del entrenador deportivo, iniciativa respaldada por Coldeportes, el Comité Olímpico Colombiano (COC) y la Asociación Colombiana de Facultades de Educación física (Arcofader).
En su intención por profesionalizar el entrenamiento deportivo, la ley obligará a los egresados en carreras afines a solicitar una tarjeta profesional en apenas uno de los campos de desempeño ocupacional. Así, licenciados en educación física, profesionales en dirección y gestión deportiva, cultura física, formación militar, recreación o ciencias del deporte, entre otras, tendrán que acreditarse ante el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo (CCED), creado en diciembre de 2016, durante el trámite de la presente ley. Éste Colegio es presidido por el decano de la Facultad de Ciencias del Deporte de la UDCA, Néstor Ordóñez, y según el proyecto, sería “el ente de dirección, organización y control de la actividad del entrenador y única entidad asociativa que representa los intereses profesionales de las ciencias del deporte”.
Y aunque según la ley colombiana este Colegio debería estar “integrado por profesionales de una misma disciplina que cumplan, como personas naturales, las condiciones legales para ejercer en el país”, en la Gaceta del Congreso aparece que ante la Cámara de Comercio la entidad se constituyó con nueve organizaciones privadas, entre ellas el COC, el Comité Paralímpico, Arcofader, la Escuela Nacional del Deporte y la Asociación de Técnicos del Valle.
Como si lo anterior fuera poco, el proyecto permite que personas que “se encuentren ejerciendo actividades de entrenamiento físico, así no hayan validado un título, puedan recibir una inscripción o registro de carácter provisional por el término de cinco años, renovables por cinco años más”, algo preocupante, ya que siete de cada 10 entrenadores en el país son empíricos, a pesar de que ejercen una labor de riesgo social, para la que se debería exigir un título de idoneidad.
Paradójicamente, mientras con esta ley se le da preferencia a una asociación conformada por instituciones con la pretensión de asumir la función pública de inspección, vigilancia y control, desde hace cuatro años se conformó el Colegio Colombiano de Educadores Físicos y Profesiones Afines (Colef), entidad que adelanta acciones orientadas al reconocimiento de la idoneidad del entrenador deportivo, como la implementación de un modelo de certificación laboral, que promueve la capacitación permanente.
El Colef espera que el proyecto de ley que tiene como ponente al senador Édison Delgado, no sea aprobado y que las anomalías jurídicas y procesales que afectan hoy a casi medio millón de personas, se hayan presentado por desconocimiento de la legislación.
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