La Procuraduría General de la Nación, luego de una reunión con el gerente para la Reconstrucción de Mocoa, Luis Carlos Villegas, actual ministro de Defensa, solicitó la entrega de informes mensuales que permitan evaluar los avances del plan de ejecución para la reconstrucción de la capital del Putumayo.
La petición la hizo la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Sonia Téllez Beltrán, quien lideró en la sede del Ministerio Público una audiencia en la que participaron 25 entidades que hacen parte del proceso de reconstrucción de Mocoa.
Al término de la audiencia, que duró más de cinco horas, la Procuraduría anunció una vigilancia especial al cumplimiento de los cronogramas y las acciones de las entidades vinculadas a este proceso de estabilización, recuperación y reconstrucción, tras la avalancha del pasado 31 de marzo que dejó un saldo trágico de 332 muertos y más de 400 heridos.
La Procuradora Téllez Beltrán anunció que el Ministerio Público hará seguimiento a la actualización del registro de estudiantes que actualmente se encuentran matriculados en las instituciones escolares de Mocoa, luego de que se evidenciara una diferencia de 807 niños, niñas y adolescentes que no figuran en las bases de datos levantadas luego de la tragedia.
“Esto genera una gran preocupación porque hay que establecer qué está pasando. No sabemos si estos niños y niñas se han ido a otras regiones”.
Así mismo, pidió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reforzar el programa de alimentación a las madres lactantes del albergue El Pepino y a las entidades territoriales fortalecer la prestación de los servicios de alimentación y transporte escolar.
Reducir plazos
El Ministerio Público pidió reducir significativamente los plazos en la ejecución de las obras y demás actividades que se desarrollan para ofrecer una respuesta oportuna a la comunidad de Mocoa, especialmente en lo relacionado con el acueducto, proyectos productivos y la reubicación de las personas que están en zonas de riesgo.
Advirtió que es indispensable cumplir con los tiempos planteados para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Mocoa, que debe ser definitivo y pidió que este tuviera en cuenta los derechos reclamados por los ciudadanos en el proceso de consulta previa, con énfasis en los grupos de especial protección.
Sobre esta última figura, la Procuradora Delegada insistió en un trabajo en conjunto con la Mesa Étnica Diferencial para llegar a unos puntos de acuerdo sobre minorías. En ese sentido, pidió la vinculación inmediata de la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior a este proceso para que se articule con las entidades relacionadas con el tema.
La Procuraduría General pidió al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, mantener el préstamo de la planta de potabilización de agua mientras se termina de estabilizar el servicio de acueducto en la capital de Putumayo.
Por su parte, el Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, Iván Darío Gómez Lee, aseguró que este proceso requiere de una mayor coordinación entre las entidades encargadas de suscribir los diferentes contratos de estudios de riesgo y de ejecución de obras, para que se desarrollen armónicamente.
Entre las entidades y funcionarios que participaron en la audiencia y presentaron un informe que es evaluado por la Procuraduría están: el alcalde de Mocoa, José Antonio Castro; la Gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca; la Defensoría del Pueblo, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia (Corpoamazonia), el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Cuerpo de Bomberos de Mocoa.
Además, se hicieron presentes representantes del Ministerio de Vivienda, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Cruz Roja Colombiana, el Ministerio del Interior, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), el Instituto Nacional de Vías (Invías), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Federación de Municipios.
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