Tras casi dos semanas de conocerse la captura del alcalde de Puerto Leguízamo, Juan Carlos Paya, la Administración municipal rompió su silencio y en un comunicado defendió al mandatario al considerar que es blanco de retaliaciones por parte de multinacionales interesadas en el negocio de la explotación de oro.
“Que esta persecución política es producto de políticas de interés económico transnacional, que con miras al posacuerdo quieren ingresar (ya que pueden hacerlo sin amenaza de conflicto armado) a nuestro territorio para explotar nuestros recursos naturales a gran escala, sin importar los grandes daños ambientales que ocasionen. Por tal razón, esta persecución política quiere acabar cuanto antes al pequeño productor o minero nativo de la región, y con los mandatarios que quieran defender su territorio”, precisaron.
A renglón seguido argumentaron que la medida de aseguramiento intramural proferida a Paya no lo separa definitivamente del cargo. “Es una suspensión temporal hasta tanto se clarifiquen más los hechos, y lo retomará nuevamente muy pronto, en el entendido de que se cumple el principio de presunción de inocencia. El plan de desarrollo propuesto por ustedes, y la política de apoyo a las iniciativas económicas y sociales, siguen firmes y continuarán su ejecución”, señalaron.
Como se recordará, un juez de control de garantías declaró legal la captura del alcalde de Puerto Leguízamo, Juan Carlos Paya Torrijos, y de otras 12 personas por una investigación relacionada con minería ilegal.
Los detenidos son procesados por los delitos de explotación ilícita de yacimiento minero, daño en los recursos naturales, contaminación ambiental por explotación ilícita, invasión de áreas de especial importancia ecológica, concierto para delinquir, receptación, prevaricato por acción y omisión y cohecho por dar u ofrecer.
Fuente : HSBNOticias