Población en el Catatumbo, los más afectados por la desinformación.
En el Catatumbo, donde viven 282.132 personas, 9 de sus 11 municipios tienen serias restricciones de información porque no hay medios o son tan pequeños que no alcanzan a cubrir el territorio.
Al menos la mitad de los 30 medios que tiene la región afirmaron sufrir censura o autocensura por la presencia de grupos armados, o por la interferencia de poderes políticos locales, según un estudio elaborado por la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) que será presentado este miércoles.
“Durante las últimas décadas, grupos guerrilleros y paramilitares tuvieron fuerte presencia en la región. Entre otros factores, esto ha generado un ambiente de autocensura en los periodistas frente a temas relacionados con los cultivos declarados de uso ilícito, presencia de grupos armados ilegales y el manejo de hidrocarburos”, dice la investigación ‘Cartografías de la información’.
El informe, que empezó a elaborarse desde julio del año pasado, analizó las condiciones laborales y las presiones que afrontan los periodistas de los medios de las 8 regiones más golpeadas por el conflicto armado: Guaviare, Putumayo, Chocó, Casanare, Caquetá, bajo Cauca y el Catatumbo. En un mes se entregarán los datos de Amazonas, Nariño, Córdoba y Vichada.
En estas regiones fueron encuestados comunicadores de 299 medios de 141 municipios. Se encontró que el 26 por ciento reportaron haber sufrido censura o autocensura. Los periodistas “se autoimponen el silencio frente a temas relacionados con el conflicto, corrupción y orden público, y prefieren informar sobre las noticias positivas”, dice el informe.
Además de la presión de grupos ilegales, se encontró que el 65 por ciento de municipios estudiados, en donde viven 1,7 millones de personas, tienen restricción alta de información porque no hay suficiente oferta informativa.
Otros municipios golpeados por la violencia, como Miraflores, Calamar (Guaviare), Caloto, Guapi y Miranda (Cauca), Solano (Caquetá), y El Bagre (bajo Cauca antioqueño) reportaron que la única emisora con la que cuentan es de la Fuerza Pública. Estas cumplen funciones de servicio social y entretenimiento, pero no se dedican a noticias de denuncia o investigaciones.
Además de la presión de grupos armados, en zonas como Chocó, Casanare y Cauca las emisoras comunitarias reciben en promedio el 40 por ciento de sus ingresos de la publicidad oficial. Y el 50 por ciento de los medios (sin incluir los de la Fuerza Pública ni los comunitarios) trabajan bajo la modalidad de cupos publicitarios, lo que limita la independencia de los periodistas, pues deben conseguir la pauta para poder hacer sus noticieros.
Estos datos contrastan con la IV Encuesta Nacional a Periodistas sobre Libertad de Expresión, del proyecto Antonio Nariño, que también será revelada hoy y en la cual se entrevistó a 700 periodistas de todo el país. Ese estudio reporta que las agresiones de grupos ilegales siguen disminuyendo: en el 2013 las reportó el 14 por ciento de los encuestados; en el 2015, el 12 por ciento, y en el 2016, el 9 por ciento.
Aunque las agresiones directas de los violentos bajaron, el 18 por ciento de los comunicadores dicen que han sido amenazados por internet, y el 15 por ciento fueron víctimas de hackers que robaron información.
Preocupa que, según la información del proyecto Antonio Nariño, solo el 22 por ciento de los periodistas hacen uso del derecho de petición, y el 25 por ciento acuden a archivos públicos. En contraste, el 75 por ciento consigue sus datos a través de redes sociales, comunicados de prensa y contactos informales.
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