Por Jesús Bernal.
El Gobierno Nacional aún no podrá renunciar al deseo de orientar recursos destinados a las regiones que han sufrido el rigor de la confrontación armada con las FARC como lo es Putumayo y ocho más en el país.
Los compromisos se hicieron y se firmaron. Se establecieron oficinas que vendrían a orientar las políticas del post conflicto o post acuerdos. Se firmó la carta de intención de avanzar con el contrato plan para la paz, que no es más que un proyecto piloto para ejecutar recursos destinados al sector rural por cinco años prorrogables a 10.
Se alimentó la ilusión de 111 familias, a las cuales ya les dieron mercados por 720 mil pesos, un incentivo monetario de 3 millones quinientos mil y falta un proyecto productivo que estaría por definir las líneas de apoyo. Son las familias que permitieron la erradicación voluntaria de 25 hectáreas de matas de coca, alrededor de la zona de concentración. Eso es una muestra mínima.
La continuidad del proceso para llegar a los pos acuerdos quedó en receso y con ella la inversión. En su reciente visita, el señor Ministro de Transporte Jorge Eduardo Rojas, expresaba que «la inversión para las vías rurales está supeditada a la paz». Esto fue una clara evidencia que si no se pone en práctica lo acordado en La Habana, muy seguramente la inversión no llegará a las regiones y los campesinos.
Hoy el gobierno no es capaz de desligar el compromiso y obligación que tiene de ejecutar recursos con lo es su función constitucional, sino que limitó su accionar basados en que la aplicación de los acuerdos sería un tema de ejecución inmediata más allá de tener que ir a conseguir los recursos de la bolsa común prometida por los países amigos. El tiempo no se detiene. Los ánimos aún están a flor de piel, pero la espera se acaba.
Fuente : RadioNacional