Mientras busca desenredar la madeja de exigencias a los acuerdos con la Farc, planteadas por los líderes del No, el Gobierno pone a rodar programas piloto para implementar escenarios turísticos en regiones victimizadas por la violencia. La idea es abonarle terreno a una eventual etapa de posconflicto, dándole impulso a estrategias de seguridad y desarrollo social y económico que, a su vez, alimenten procesos de reconciliación y construyan tejido comunitario.
Por: Gonzalo Silva Rivas
Uno de ellos, bajo el nombre de “Turismo, Paz y Convivencia”, empezó a implementarse en cuatro zonas, sobresaltadas pero promisorias, en las que se perfila un fuerte potencial para el sector. Mocoa, en Putumayo, Urabá-Darién, entre Antioquia y Chocó; la Sierra de la Macarena, Meta, y el Camino a Teyuna, en Ciudad Perdida, estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, regulares escenarios de la confrontación, harán las veces de laboratorios de paz para el turismo y serán beneficiarias de apoyo en infraestructura y capacitación.
Las primeras puntadas para estos territorios, tradicionalmente ensombrecidos por noticias de orden público y ausencia inversionista, se materializan en la ejecución de obras públicas y trabajo social. A la normalización de aldeas, reordenamiento urbano, construcción de senderos, parques, malecones, señalización y puntos de información turística, se sumará el otro ingrediente, más importante aún, que será estimular las oportunidades de paz para transformar las condiciones de vida de las comunidades, con el apalancamiento de la práctica turística.
La ofensiva para aumentarle territorios a la Industria de los viajes y generar confianza entre los visitantes se complementa con la estrategia “Seguro Te Va A Encantar”. Dirigida a estimular el interés de viajeros por mercados locales que en razón del conflicto se volvieron inaccesibles, ofrece acompañamiento de Fuerzas Militares y autoridades civiles para recorrerlos durante los puentes festivos.
El Gobierno tendrá que abrirle caminos a numerosos proyectos para rescatar y redescubrir ese medio país avasallado durante tantas décadas por delincuencia y negligencia estatal. El punto de quiebre para sacarlo de su oscurantismo será apuntalando su crecimiento, con gestiones en seguridad, infraestructura, incentivos tributarios y orientación comunitaria, empezando a resolver los problemas estructurales que dieron lugar al enfrentamiento armado.
Como se estila con éxito en otras naciones golpeadas por las insurrecciones, el impulso al turismo podría ser instrumento estratégico para producir no solo empleo y progreso, sino para provocar entornos sociales de confianza y solidaridad. De ahí lo valioso que puede ser su contribución para sanar heridas y mitigar los profundos daños que la guerra provocó en las comunidades y el medio ambiente.
Para garantizar la seguridad, eliminando los riesgos y prohibiciones que restringen gran parte del patrimonio cultural y de las riquezas naturales, habrá que enfocar prioridades hacia la desarticulación de los grupos armados al margen de la ley. Y materializar el acuerdo con las Farc, y en aras de la coyuntura actual, formalizar negociaciones con el ELN, los principales depredadores del turismo colombiano, será el punto de partida para revertir hacia el desarrollo del país la costosa tajada del presupuesto que se destina a la guerra.
El sumario de transformaciones bien pudiera adelantarse si el Gobierno asume la voluntad política de echarle el ojo a las regiones, y si las exigencias de los pregoneros del No terminan siendo razonables para coronar el proceso voluntario de paz que hoy se encuentra en el limbo. El mayor problema, sin embargo, es que el acuerdo con las Farc, que debería centrarse en las víctimas de la violencia, se está quedando enredado en las manos de políticos leguleyos y de fanáticos religiosos.