Caracol Radio conoció el borrador de una resolución del Ministerio de Transporte que abre la puerta para que 50.863 camiones de carga que desde 2005 hasta 2013 fueron matriculados de manera irregular, incluyendo falsedades, suplantaciones y fraude procesal; puedan ser legalizados.
El texto que fue elaborado durante la administración de la hoy exministra Natalia Abello, señala que “las disposiciones y procedimientos contemplados en la presente Resolución se aplicarán únicamente a los vehículos de transporte de carga que presentan inconsistencias en su registro inicial, por el no cumplimiento de las condiciones y procedimientos establecidos en la implementación de la política de reposición y renovación del parque automotor”.
El borrador de resolución condiciona el saneamiento del registro a que los dueños de los camiones presenten “denuncia penal contra quien lo asesoró, o lo indujo al uso de dicho documento en el trámite de adquisición del bien”.
La propuesta del ministerio genera división entre quienes afirman que se trata de una iniciativa que busca proteger a los dueños de los camiones, para que por fin puedan registrarlos y asumir su propiedad o venderlos sin el riesgo de terminar enredados.
Sin embargo, expertos del sector y abogados consultados por Caracol Radio, quienes pidieron la reserva por considerar que alrededor de estos negocios también hubo manos criminales, aseguran que el proyecto de resolución desborda las facultades del ministerio porque a través de un acto administrativo se pretende amnistiar la comisión de delitos.
“El ministerio de Transporte no puede legalizar las actividades de los particulares que constituyan delitos como fraude procesal o falsedades en las que habrían incurrido las personas que engañaron al Estado con documentos que hicieron aparentar la legalidad de la inscripción de los camiones. Por esta vía lo que se pretende es una amnistía”, le dijo a Caracol Radio un conjuez de la Corte Suprema.
Sobre el artículo 6 del proyecto de resolución que establece como mecanismo para el saneamiento del registro de los camiones el pago de una suma que va desde los $63.000.000 hasta los $89.000.000 un expresidente del Consejo de Estado dijo que era “inmoral, ilegal e inconstitucional”.
“El Estado se autocorrompe al pedir dinero a los delincuentes para legalizar el fruto del delito. Es como decir que el Estado perdona el delito porque le dan plata”, insistió.
CORRUPCIÓN
Alberto Palma, saliente director de la Cámara Nacional del Transporte, señaló que a la fecha “50.863 camiones están mal matriculados porque no cumplen con el requisito de la Resolución 7036, donde dice que un camión nuevo debe estar soportado con una póliza o con una autorización de chatarrización del ministerio de Transporte”.
Según el dirigente alrededor de este registro irregular hubo “falsedad ideológica, falsedad documental, suplantación de personas, falsedad de firmas con la participaron de funcionarios del Estado bien sea del ministerio de Transporte o de las mismas secretarías de Tránsito”.
Entre los documentos que habrían sido utilizados para el registro irregular de los más de 50.000 camiones figuran pólizas de banco, algunas falsificadas y resoluciones del ministerio de Transporte que certificaban la existencia de cupos por chatarrización de vehículos. En la mayoría de los casos, con los mismos papeles fueron matriculados hasta 21 camiones.
Eso fue lo que le ocurrió a Adriana Santander quien compró un camión Patineta Inter 2007. El negocio lo hizo con Navitrans, que le recomendó hacer los trámites del cupo con la empresa Cupotrans. Con esos documentos solicitó un crédito a Coltefinanciera, que después de revisar los papeles autorizó el desembolso de $110 millones de pesos. Cuando la señora Santander quiso hacer el traspaso de su vehículo descubrió que con sus documentos matricularon otros tres camiones.
Desde hace 8 años está en litigio con Coltefinanciera, sin que a la fecha le hayan respondido sus reclamos. Le dijeron que como el de ella hay otros 20 vehículos registrados en Facatativá y la costa Atlántica.
Igual situación se ha presentado con otros bancos y corporaciones que tienen leasing o préstamos para compra de camiones como el Banco de Occidente, Banco Pichincha, Banco Popular y BBVA.
Saúl González en 2013 le compró a su cuñada el tractocamión que en 2007 ella había adquirido a través de Leasing Popular. En 2015 cuando lo vendió de nuevo le dijeron en la secretaría de transporte de Facatativá que no tenía cupo. En su caso, el MT con la aprobación del cupo fue utilizado también para matricular otros camiones.
“Lo que pasa es que unos señores aprovecharon que el MT no decía la serie, el motor, el chasis, ni el VIN del carro para el que se aprobaba el cupo, entonces ellos con ese papel matricularon varios camiones en Faca”, dijo González.
La secretaría de Transporte de Facatativá en Cundinamarca hace parte de la lista de oficinas de registro con el mayor número de camiones mal matriculados.
Por estas irregularidades la Superintendencia de Transporte ha sancionado a algunos organismos de tránsito. También entregó a la UIAF la información financiera de sus vigilados. Se investiga si el negocio con estos camiones fue utilizado para el lavado de activos.
Según Alberto Palma parte de esta avalancha de camiones mal matriculados tendría origen en el llamado boom del petróleo.
“Se puede afirmar que el 60 o 70% de los camiones que transportan crudo de Rubiales, de La Hormiga (Putumayo) por carretera a Cartagena están mal matriculados y pertenecen a grandes empresas como Teca, Coltanques, Botero Soto, Envía, Transcasanare, Transterra y Sánchez Polo”.
Aseguró que en una reunión que hubo en febrero de 2015 en el ministerio de Transporte en la que participaron la Policía de Tránsito, funcionarios del ministerio y miembros de la Cámara Nacional del Transporte, el gerente de Copetrans Bucaramanga le preguntó al entonces viceministro de Transporte, Enrique José Nates, qué iba a hacer el gobierno frente al tema porque el 60% de los camiones que contrataba su empresa están mal matriculados.
QUÉ DICE EL MINISTERIO
Caracol Radio consultó el pasado 31 de marzo al ministerio de Transporte sobre el número de camiones que no tienen cupo. El 12 de mayo la entidad respondió que “en la actualidad se adelantan las gestiones necesarias tendientes a determinar el número de vehículos que presentan dichas falencias”.
Aclaró, sin embargo, que por esta causa ha presentado a la fiscalía 1.500 denuncias “por presuntas irregularidades en los trámites relacionados con el proceso de reposición de vehículos de carga, con un resultado a la fecha de 60 personas capturadas y otras 68 con imputación de cargos por fraudes al proceso de reposición vehicular de carga”.
Señaló que se han identificado más de 600 denuncias interpuestas por particulares sobre las irregularidades alrededor del registro y matrícula de camiones en el país.
El ministerio confirmó que trabaja en un acto administrativo que permitiría sanear el proceso de matrículas de los camiones mal registrados, “cumpliendo el requisito de desintegrar un vehículo, hecho que no necesariamente genera algún tipo de recaudo por parte de la Nación”.
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